Cada día es más evidente que España ha salido de la recesión pero no de la crisis, y que ésta ha aumentado la desigualdad entre los españoles. No se trata de un argumento demagógico o electoralista de la Oposición para afearle al Gobierno del PP sus resultados macroeconómicos -algunos positivos, como el crecimiento-, sino que, por desgracia, responde a estadísticas oficiales. El salario medio se ha estancado en torno a los 22.700 euros pero los sueldos de los temporales apenas alcanzan los 15.500 euros. Si analizamos los datos de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre un salario de un empleado fijo y de otro temporal hay casi 750 euros de diferencia al mes.
El problema no es sólo para quien gana menos, sino para el Estado y los pensionistas. Si esta tendencia se mantiene, los ingresos públicos mermarán, con consecuencias graves para el Estado de bienestar, y las pensiones no resistirán. Una clave es el aumento de la longevidad tras la jubilación, pero hay más. A fin de cuentas, la variable determinante en el cálculo de una pensión es la base por la que se cotiza, que depende directamente del salario. En otras palabras: la cuantía de las pensiones del futuro estará determinada por la evolución del empleo y de los salarios, sin olvidar la influencia de la productividad de la economía. Si no se adoptan decisiones políticas, podría darse el caso de que España recupere la producción de los años de bonanza pero no el mismo nivel de bienestar.
Ante este estado de cosas, tal vez las más importantes para la inmensa mayoría de ciudadanos, es frecuente que hablen quienes a lo sumo podrían dar tabaco. Un ejemplo: el gobernador del Banco de España haría bien en resolver los problemas del crédito en España, en vez de dar lecciones sobre algo que no es competencia suya, como las pensiones. De las pensiones deben hablar el Gobierno y el Parlamento, donde se supone que hay el consenso suficiente -léase Pacto de Toledo- para regularlas. Y deben decir la verdad. Un ejemplo: cuando el Gobierno dice que las pensiones están garantizadas claro que dice la verdad, pero no dice toda la verdad. Lo que no está garantizado es su poder adquisitivo, de ahí la importancia de seguir de cerca la formación de los nuevos salarios en España. No hacerlo forzará decisiones como la subida de la edad de jubilación o de las propias cotizaciones, lo cual sería negativo para el empleo en un país que difícilmente puede tolerar más paro.
Lo mejor será no empezar la casa por el tejado y reconocer que España exige un nuevo modelo económico basado en el valor añadido y en no abaratar los salarios. De ese modo, si la economía, la productividad, el empleo y los salarios crecen, las pensiones también serán cada vez mejores. Parte de la actual bonanza tiene los pies de barro, porque viene del exterior, gracias a los precios del petróleo, que están a la baja, del mismo modo que los tipos de interés del Banco Central Europeo.
Si el discurso político empezase a centrarse en la modernización del aparato productivo del país, en la industria 4.0 y en las empresas, es posible que España salga también de la crisis. Pero si todo se reduce a la autocomplacencia o a la demagogia ni se recuperará el empleo, ni habrá igualdad, ya que el Estado de bienestar no se financiará de la manera adecuada. Para poder distribuir hace falta crecer.
@J_L_Gomez
