La propuesta que acaba de formular el presidente catalán, Pere Aragonès, se inscribe en la lógica preelectoral pero, pese a ello, es una propuesta valiente. Cuando se alcanzaron los grandes pactos que insuflaron vida a la nueva democracia española, hace casi medio siglo, se diseñó un sistema territorial que se nos vendió a todos como semifederal, pero que cinco décadas más tarde ha resultado ser pseudofederal. Se nos ha repetido hasta la saciedad que nuestro sistema es “tan federal como los federales” y otras hipérboles similares que no resisten un mínimo contraste con la realidad circundante. El supuesto “café para todos” fue sucedáneo y del malo, achicoria de la peor calidad. Ha sido en realidad, hasta hoy, un cruce de agravios e insatisfacciones. ¿Por qué Cataluña, siendo “nacionalidad histórica” no tiene concierto económico y Navarra, que no lo es, sí lo tiene? ¿Por qué Cataluña tiene policía propia y Galicia no, si ambas son “nacionalidades históricas”? ¿Por qué no se ha conferido a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las plenas facultades de cualquier otra comunidad, cuando territorios más pequeños, por todo el mundo, son incluso Estados soberanos? ¿Por qué cuarenta y seis años después de promulgarse la Constitución seguimos soportando un régimen fiscal centralista en toda España, aunque ligeramente más suave en dos comunidades? El título VIII de la Carta Magna, cuando no se ha incumplido se ha descafeinado, y en realidad ya no responde a la diversidad territorial de nuestro país.
España sólo tiene sentido como estructura política federal, muy federal, plenamente federal. No digo nada que no se sepa desde la I República, cuya constitución nonata, impedida por la fuerza de las bayonetas monárquicas, ya recogía ese federalismo imprescindible hace siglo y medio. La España moderna y contemporánea es el resultado de la “fusión fría” que hicieron los Borbones tras la Guerra de Sucesión, cuando se hicieron con el poder en el conjunto de Estados que habían coexistido bajo la corona de los Habsburgo y decidieron, mediante los Decretos de Nueva Planta, hacer tabla rasa y anexionarlo todo a Castilla. Esa visión francesa, uniformadora, destructora de fueros y lenguas, del derecho de cada lugar y de sus costumbres, fue nefasta. Si en Francia la apisonadora funcionó, primero con los borbones y, una vez guillotinados, también con Napoleón y con los jacobinos, en España no se pudo. No lograron los nacionalistas centrípetos tamizar nuestra pluralidad en una masa informe. Tres siglos y pico de tiras y aflojas, de centro versus periferia, de imposiciones y aculturación forzosa, de recursos constitucionales contra estatutos votados en referéndum legal, de apalear votantes y de declaraciones unilaterales de independencia, nos han traído hasta aquí. Ahora Pere Aragonès no hace más que pedir lo que es, no sólo justo, sino imprescindible para que estos diecinueve territorios sigan caminando juntos pero, en vez de hacerlo como cuerda de presos, lo hagan en libertad. Se equivoca sin embargo el político catalán en una cuestión de fondo. El sistema que propone para el caso catalán no puede ser solamente para ese caso. Debe extenderse, y urge hacerlo, a las quince comunidades y dos ciudades autónomas que carecen de un concierto económico. No basta ni sería justo dárselo sólo a Cataluña. Sería añadir un agravio más a la actual situación de dos comunidades forales frente a un resto competencialmente homogéneo (hasta cierto punto) que viaja a una velocidad menor que Euskadi y Navarra. Necesitamos federalismo fiscal pleno y lo necesitamos ya. Para Cataluña, por supuesto, pero también para los demás.
Para las comunidades autónomas que son locomotoras de España, incluyendo a La Rioja, Baleares o Madrid, un sistema como el propuesto por Aragonès es fundamental para contener y empezar por fin a revertir el injustísimo expolio que sus contribuyentes sufren desde hace tantas décadas. Al final, toda redistribución interterritorial de rentas es un sistema cleptocrático que quita dinero a los pobres de las zonas ricas para dárselo a los ricos de las zonas pobres. Para las comunidades receptoras netas es igualmente esencial pasar a este sistema, con el ajuste inicial que sea necesario para endulzar la transición pero con el objetivo irrenunciable de pescindir de la dependencia fiscal tras unos pocos años. Esas comunidades, mal llamadas “pobres”, necesitan que por fin se les permita competir, y ello obviamente requiere que sean libres de subir y bajar impuestos y de decidir las prestaciones y servicios que dan a sus ciudadanos a cambio de lo recaudado en sus territorios. ¿Es mucho pedir? Extremadura puede ser una Irlanda o una Estonia en España, sólo hay que darle las facultades fiscales necesarias, y la propuesta de Aragonès, siempre y cuando se extienda a Extremadura y a todas, tiene todo el sentido. El debate sobre si el federalismo español debe ser simétrico o asimétrico se resuelve por arriba. A partir de cierto listón competencial todo es simétrico porque el federalismo es real, es pleno, y ya no crea agravios contra nadie.
