La campaña electoral es a la política lo que los huracanes al mar. De ambas combinaciones surge la tormenta. Si le añadimos una carga perdida por un mercante, tendremos entonces la tormenta perfecta. Y ahí es donde estamos en Galicia en estos momentos. Mientras una oleada de bolas de plástico, procedentes de un carguero que navegaba por aguas de Portugal, llega a las playas de Galicia, Asturias y Cantabria, hay quien se empeña en cargar contra la Administración “enemiga” en lugar de acudir presto a minimizar los daños. Esto no es un nuevo Prestige, como quieren hacer ver determinados ojeadores de Madrid, pero sí un problema medioambiental que exige una rápida y coordinada respuesta de los gobiernos. La sociedad civil ha dado un nuevo ejemplo de responsabilidad y, armada con sus rudimentarios utensilios -recogedores, cepillos, coladores, etc-, se ha puesto manos a la obra. Y quienes comparten espacio y tiempo en los arenales para recoger los diminutos pélets no se preguntan qué adscripción política tendrá su vecino de al lado. Nada que ver con el ejemplo de determinados políticos, que intentan hacer crecer la bolita de nieve.
Más allá de los cruces de reproches sobre de las fechas, las comunicaciones entre Administraciones, las competencias, si los dichosos pélets flotan, navegan en superficie o bajo el agua, si son galgos o podencos y demás vainas, lo cierto es que el Gobierno portugués comunicó el 8 de enero al Gobierno español que el buque Toconao había perdido parte de su carga frente a la costa atlántica. Ignoramos si la ministra de Medio Ambiente disfrutaba ya de sus vacaciones navideñas, pero el caso es que hasta ayer no la habíamos oído hablar del tema. Y así llegamos hasta hoy, perdiendo el tiempo en zarandajas en lugar de ponerse al tajo, tratando de afear conductas ajenas en lugar de conciliar intereses hacia el mismo objetivo, buscando réditos electorales de precampaña en lugar de un beneficio común inmediato.
Lo primero, atajar el problema de la mejor manera posible, sin crear más alarma de la precisa ni minimizar lo que salta a la vista. Y lo segundo y más importante, trabajar en una legislación marítima que blinde nuestras costas frente a una actividad de importancia estratégica pero no siempre responsable. Estamos cansados de sufrir las consecuencias de buques sobrecargados por la avaricia de sus armadores que desembocan en episodios como el del Toconao. Y de la impunidad con la que realizan vertidos en alta mar de miles de litros de combustible y otras sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente, o por las complejas tramas societarias que ocultan la propiedad de los armadores haciendo prácticamente imposible cualquier reclamación legal. Habría que preguntarse por qué es tan frecuente la caída de contenedores al mar y por qué resulta tan fácil que dichos contenedores desperdiguen su carga en nuestras aguas. ¿Tan laxas son las medidas de seguridad en estos buques mercantes? ¿Tan obsoleta su equipación y su tecnología? ¿Tan negligente su modo de operar?
Un buque mercante no puede ser un buque bomba, paseando su munición por nuestro litoral. Y solo una legislación apropiada, exigente, vigilante e inflexible puede evitar que hoy nos llegue una marea de pelotitas y mañana de vaya usted a saber qué.
