La última encuesta de CIS proporciona información precisa: la corrupción se convierte en el principal problema para los españoles inmediatamente detrás del paro y de la situación económica. Como la corrupción se concentra sustancialmente en la clase política, y dado que esta, en sí misma, es otro de los grandes problemas nacionales, se comprenderá por qué algunos decimos, sin mas interés que reflejar lo que sucede en España, que el sistema de poder que nos dotamos en 1978 muestra síntomas inequívocos de algo mas que de agotamiento. Y no es apuntarse a una corriente de última hora, como hacen algunos conversos, a quienes damos la bienvenida al club, sino que esta misma posición la propuse en 1994 en un libro que, precisamente, se llamó así: 'El sistema.Mi experiencia del poder'. Y comienzo advirtiendo que no debemos circunscribir la corrupción a la que tiene naturaleza económica, sino también y muy especialmente a la puramente política. Cuando una autoridad del Estado prevarica, sea juez, ministro, lo que sea, su corrupción afecta a los derechos fundamentales de la persona, entre ellos la libertad. Corroe los cimientos de nuestra convivencia conforme al Derecho. Por ello, la prevaricación judicial es un asesinato alevoso de la libertad.
Y esto sucede porque falla el soporte moral de un modelo de sociedad. No quiero inflacionar la palabra moral y sacarla de su contexto. La confianza, por ejemplo, es un valor moral, en el sentido que quiero emplearla aquí. El Tribunal Constitucional o el Supremo, por ejemplo, se basan en la confianza de los ciudadanos en que sus componentes dictarán sentencias ajustadas al Derecho. Si eso se pierde porque creemos que en realidad sus decisiones son fruto de la mera arbitrariedad, impuestas por el poder político al servicio de sus intereses, el modelo quiebra y por ello la Justicia, pilar del Estado de Derecho, se derrumba. Y esta tesis es igualmente aplicable sobre las instituciones en las que deberíamos tener depositada nuestra confianza: Gobierno, Parlamento, partidos, sindicatos, Audiencia Nacional, juzgados. Y como todas estas instituciones son pilares de la democracia como modelo político,su quiebra afecta a la percepción que los ciudadanos tienen del modelo democrático.
Y nos enfrentamos entonces a un politización de doble instancia en la vida política y económica nacional ante el aturdimiento de la sociedad. La primera instancia consiste en que los políticos se convierten en clientes diarios de los Juzgados y Audiencias penales. Cada día un miembro de la clase aparece imputado, sobre imputado, condenado, ingresado en prisión, mientras aumenta el estupor de los españoles, que, al conocer sus andanzas, intensifican su indignación y su repulsa a la clase. No todos son iguales, claro que no. Pero aunque la generalización excesiva no es conceptualmente legítima, es en gran medida socialmente inevitable. Pero sucede que los propios jueces son una derivada, al menos en ciertos casos, de la propia clase política a la que tienen que juzgar. Los nombra y promociona el poder político, así que de nada podemos extrañarnos. Los españoles creen que la justicia está politizada y siento decir que en casos que tienen dimensión política no se equivocan cuando emiten ese juicio. Así que jueces políticos juzgan políticos supuestamente corruptos. Resultado: se intensifica en grado sumo la percepción de máxima corrupción.
A la sociedad le quedaba un recurso: la acción popular que consagra la Constitución. Pero los políticos y sus derivadas judiciales se encargan de laminarla. Y en el proyecto de Ley que prepara el ministro Gallardón, además de atribuir la instrucción a los Fiscales, que acusarán a quien diga el Gobierno, se intensifica esta lucha contra el derecho de todo ciudadano a obtener la protección de sus tribunales ante los desmanes de la clase política. Así que si eliminan la posibilidad de ejercicio de la acción popular tendrán inmunidad completa, no vaya ser que algún juez o tribunal se desmande, como ha sucedido recientemente con la Audiencia de Barcelona al ordenar ingresar el prisión a condenados de Unió que querían librarse pactando con el fiscal. Los jueces deben atenderse a la ley y no caer en el vicio de pretender ejemplarizar, pero es que hay situaciones que claman tanto al cielo que constituyen tentaciones insuperables.
Les pongo un ejemplo: hemos pedido como SCD ejercer la acción popular en el caso Gürtel en defensa de los intereses de la sociedad por el desastre que allí se cuece. El Juez instructor, Ruz, nos rechaza. alega que no hemos presentado querella. Es cierto, pero le hemos transcrito sentencias del Supremo que dicen que en esos casos no es necesaria querella, por la sencilla razón de que ya se está instruyendo una. Es lógico. Pero sobre todo es doctrina del Supremo. Caben dos soluciones, o el Juez ignora esa doctrina o sencillamente no quiere que alguien que sabe y puede aportar algo al proceso sea parte en el mismo. Les dejo a los lectores que elijan la respuesta que crean mas convincente.
