Llevo mucho años criticando el funcionamiento de la Justicia en España. No es una originalidad, porque el sentimiento de que esa institución capital del Estado deja mucho que desear, se encuentra hoy generalizado de modo masivo entre los españoles. Pascual Sala, que fue presidente del Supremo y del Tribunal Constitucional, declaró, a raíz de una de las sentencias de este último organismo, que era un atentado cuestionar la independencia del Tribunal Constitucional. Independientemente de su calidad como jurista, que no cuestiono porque la ignoro, creo que Sala es un ejemplo claro de una promoción en el seno de instituciones de la Justicia debido a su sintonía política con el ex-Presidente del Gobierno Felipe González.
No podemos cerrar los ojos a la evidencia de que la influencia de la política en la Administración de Justicia es sencillamente decisiva, en particular en la promoción de los cargos mas elevados de la magistratura y en la designación de los miembros del Constitucional. Y esto no solo permite sino que obliga a cuestionar la verdadera independencia en las decisiones que adopten sus integrantes. Hoy, entre los españoles, no existen serias dudas sobre la politización de la Justicia, porque la inmensa mayoría lo que tiene no son dudas sino certezas, convencimiento pleno de que la Política influye en la redacción de Autos y Sentencias emanados de la cúspide del Poder Judicial.
Y esta constatación es de las mas demoledoras que puedan darse sobre un sistema o modelo de convivencia. La garantía de los ciudadanos en sus libertades, haciendas y dignidades, no deriva exclusivamente de las leyes sino, precisa y directamente, de los jueces que las aplican. Entre la norma y la vida, ente la teoría y la realidad, se interpone una persona, el juez o magistrado, que es quien se encarga de concretar en la vida ordinaria eso que los juristas llaman el “supuesto de hecho”, la hipótesis contemplada en la normativa jurídica. El juez es garante de libertades. Y cuando el Juez se politiza, cuando sus decisiones se alejan del derecho, cuando se cumple el postulado de Goethe de que “lo justo es aquello que conviene a quien dicta la sentencia”, la libertad real desaparece, se esfuma envuelta en la peor de las corrupciones posibles: el desmoronamiento efectivo del Estado de Derecho
Por ello es urgente que definamos de una vez un modelo de Administración de Justicia que garantice, dentro de la posible, la verdadera independencia de sus componentes, desde la Fiscalía hasta la Magistratura. El juez debe gozar del estatus que se corresponde con la dignidad de su función y de la retribución económica que le permita ser verdaderamente independiente, asumiendo los costes -indudables- que ello conlleva. Y la Ley Penal debe ser implacable y condenar con mucha dureza a los jueces y fiscales que en vez de administrar Justicia sacrifican la libertad y la hacienda de los individuos en los altares de sus conveniencias personales. Lo malo, lo peor es que los políticos no gustan en absoluto de nada que huela a independencia verdadera. Por eso estamos donde estamos.
La mala imagen de la Justicia está sufriendo estos días un atentado adicional de corte grotesco con el espectáculo gestado en torno al juicio por prevaricación de un todavía juez de nombre Elpidio y de apellido Silva. Que un juez decida convertir un proceso concreto en un circo, contribuyendo de manera efectiva a demoler adicionalmente la muy maltrecha imagen de la Justicia, me parece un despropósito de tamaño cósmico. Porque lo que estamos viviendo no es un proceso ordenado de intentar que las garantías jurídicas priven sobre decisiones políticas, lo que es mas que loable, sino un intento de aprovechar el interés mediático de una causa con ribetes políticos, para conseguir espacios publicitarios personales a costa de destrozar adicionalmente lo que los españoles pensamos de nuestros jueces y fiscales
He vivido personalmente procesos penales en los que -en mi opinión- la politización presidía no solo las decisiones finales sino el desarrollo de las sesiones. Lo sentía y lo sufrí en mis carnes, pero renuncié a convertir el juicio, los juicios, en circos mediáticos, y podía, sin la menor de las dudas, haberlo hecho. Pero en mi interior tuvo mayor influencia mi respeto por el Derecho y mi conciencia de su importancia, que otras consideraciones. Si los jueces y fiscales prevaricaban o ejecutaban lo que le decía el poder político, que era lo que pensaba, eso no me obligaba a ponerme a su altura. Al contrario. Del mismo modo que el cariño por las personas se demuestra en los momentos de debilidad, cuando la vida se tuerce para el amigo, el amor y respeto por el Derecho se evidencia precisamente cuando otros, los encargados de cumplirlo, se dedican a pisotearlo.
Lo que está sucediendo en ese proceso me parece inadmisible. Y eso nada tiene que ver con el juicio que merezca la conducta del señor Blesa. Si delinquió o no es algo que debe saldarse en otro proceso y esperamos que sea con mayor seriedad que el juicio del juez Silva. Pero no confundamos mas a la gente con espectáculos grotescos.
