Finalmente Bárcenas, que permanecía recluido desde junio de 2013, ha salido de la cárcel previo abono de fianza. Bien visto casi se ha hecho justicia, porque no se le atribuyen delitos que no se hayan imputado a otros, incluyendo cifras igual de desmesuradas, siendo junto a los demás componentes de la trama Gürtel, el único aún ingresado en prisión preventiva.
A estas alturas de la película cabe preguntarse cuestiones que van mucho más allá de por qué inculpados por faltas similares (delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, falsificación de documento público o malversación de caudales públicos), dígase por poner un ejemplo distintos integrantes del clan Pujol, o los presuntos responsables de los desmanes del caso Nóos, aún no hayan ingresado precautoriamente en la trena a la espera de juicio.
Pero sin pretender ser torticero, la duda trasciende al propio Bárcenas, cuando otros ex tesoreros del PP se hallan o han pasado por idéntica situación judicial, sin que ni el primero pisara un correccional. A Sanchís el juez le reclamó una garantía de ocho millones de euros solicitando una pena de ocho años de cárcel, pero duerme en su casa, a diferencia del aval reclamado a Bárcenas, que se limita a doscientos mil euros. ¿No suena todo esto un poco raro?
Y aquí es donde planea la peor de las incertidumbres: desde Manuel Fraga hasta el actual presidente del PP, todos sus ex tesoreros han sido imputados en distintas tramas, interesando la atención de las autoridades tanto el propio Luis Bárcenas como Ángel Sanchís, Rosendo Naseiro y Álvaro Lapuerta, todo un elenco de contables duchos en el milagro de los panes y los peces, alentados por la hipotética ignorancia aducida por el resto del personal en lo relativo a sus apaños.
Pero lo sangrante es que pese a todas estas incriminaciones, a nadie —sea instructor, fiscal, inspector tributario, alguacil o corchete—, se le haya ocurrido hacer un examen profundo de las contabilidades de los partidos políticos, y más concretamente el caso que nos ocupa, porque para despistar cincuenta millones de euros sin que nadie caiga en la cuenta de lo perdido, hay que mover cantidades de dinero superlativas o ser un genio de las finanzas digno de un Nobel en economía, de los que el país anda a la sazón muy necesitado.
Toda esta cadena de acontecimientos parece distraer la atención sobre lo más sobresaliente: no lo que manejarán a partir de ahora, sino el dinero que el PP y sus diferentes cargos han movido hasta la fecha, de lo que apenas despuntó el caso Naseiro.
Seguramente eso es lo que requiere la ciudadanía, que el Gobierno deje de alardear de una ley de transparencia en tanto desoye el pasado de más de uno de sus cargos, argumentado que la aprobación de la norma es posterior, y considerar de una vez por todas abandonar pantomimas como rasgarse las vestiduras, autorizando una auditoría minuciosa y retroactiva, porque obras son amores y no buenas palabras.
