La reciente Operación Vozka llevada a cabo simultáneamente en distintos puntos de la geografía nacional, y en concreto en la ciudad de Ourense, en la que se han practicado una serie de detenciones relacionadas con la fabricación de narcolanchas -indistintamente utilizadas para el tráfico de drogas como para la inmigración ilegal-, pone de manifiesto no sólo la creatividad que despiertan sino los recursos que movilizan las drogas ilegales.
Está claro que las cifras astronómicas que mueven las drogas afinan la inventiva: dobles fondos prácticamente indetectables en vehículos, lanchas que desarrollan velocidades infernales, que superan a las mejor dotadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y hasta submarinos más o menos caseros, facilitan una labor logística compleja. Cabe valorar el hecho de que se trata de un mercado que no puede quedar desabastecido, de modo que queda claro que, si por un lado se interviene un alijo de 4.000 kilos, por otro están circulando 40.000.
Por otro lado está la cuestión del lavado de dinero, imprescindible para poder utilizar los recursos generados por esta actividad, pero, ¿cómo es posible que la droga produzca tanto dinero y cómo atajarla de una vez por todas? La razón por la que produce tanto dinero es porque el beneficio real está en manos de muy pocos, pero al mismo tiempo involucra a muchas personas. Además, el toxicómano acostumbra a inducir a terceras personas al consumo para costearse el suyo, creando una cadena cada vez más larga.
Pero ahí es en parte donde radica su debilidad. La ley seca aprobada en los años 30 en Estados Unidos, y que alimentó el surgimiento de los gángsters, es la prueba palmaria de que las prohibiciones no funcionan en este sentido.
Por ello la estrategia contra la droga pasa por la legalización, aunque no de cualquier manera. ¿Por qué legalizar? Porque en primer lugar termina con la delincuencia que se genera alrededor de las actividades ilícitas. Segundo, porque generaría impuestos mediante los cuales la Administración podría ayudar a los toxicómanos en dos sentidos, por un lado facilitando la rehabilitación, y por el otro, poniendo a disposición de los que no quieren rehabilitarse, edificios donde puedan consumir en situaciones de higiene y seguridad la droga incautada a los narcotraficantes, evitando así muertes por sobredosis, toxiinfecciones y previniendo la inducción de terceros para costear el consumo, con lo que el censo de usuarios de drogas duras disminuiría sensiblemente.
Por otro lado, las redes criminales que sustentan la producción y distribución desaparecerían al dejar de ser una actividad lucrativa. En cuanto las drogas blandas, la comercialización y distribución a través de las farmacias de drogas legales demuestra que se acabaría con un problema sanitario y de seguridad, atendiendo además al hecho de que, no siendo fruto prohibido, disuadiría de su uso.
Naciones como los Países Bajos pusieron en marcha ya en los años 80 modelos como el de facilitar gratuitamente la droga a toxicómanos en lugares adecuados, lo que abundó en una mejora social y disminución del consumo y delincuencia. En países tan reacios como América, la mitad de sus estados ya han legalizado el consumo lúdico de drogas blandas como la marihuana, con un impacto positivo en la seguridad pública y sanitaria. En Europa les sigue la República Checa, Países Bajos, Portugal o Suiza, que ya han despenalizado el consumo y la posesión para consumo personal, abriendo Alemania la puerta a esta posibilidad, aunque debería ser una medida de consenso en toda Europa para evitar el efecto llamada en una minoría de países. Y es que parafraseando al gran cineasta Alfred Hitchcock al afirmar que cuando la necesidad aprieta, el diablo manda, conviene considerar grandes remedios porque, como dijo el poeta polaco Stanislaw Jerzy Lec, cuando el agua te llega al cuello, ya no debes preocuparte de si no es potable.
