Después del sablazo del último recibo eléctrico cuesta aceptar lo que está sucediendo en España. Si ya de por sí resulta inconcebible que en un país de la Unión Europea haya ciudadanos con dificultades para costear servicios esenciales como el acceso al agua, se puede considerar que la situación es crítica cuando hay familias a las que les es imposible asumir el importe de la luz. Más grave aun es que no se trata ya de grupos en riesgos de exclusión sino de trabajadores en activo que no pueden hacer frente a las necesidades más esenciales.
Pero que nadie se engañe, esta situación no es fruto de la falta de recursos para producir energía sino de las erróneas estrategias que el Ejecutivo nacional ha adoptado en las últimas legislaturas. Bajo la premisa de que la producción energética se ha encarecido como consecuencia de la falta de lluvia y viento, cabe señalar que fue el propio Gobierno el que satanizó las energías renovables.
Es inadmisible que en un país como España, con la cantidad y calidad de su luz solar, las energías renovables hayan sido penalizadas mientras en otros países como Alemania o Portugal constituyen una producción sostenible, ecológica, accesible y sobre todo, suponiendo un considerable ahorro.
¿Por qué en España es entonces la energía eléctrica tan cara y por qué no se puede abaratar? En España es cara por motivos muy definidos. El primero es que, siendo la industria energética considerada estratégica por el Estado, en lugar de tutelarla, los distintos gobiernos se han dedicado a engordar los consejos de estas empresas con libres designados como recompensa por los servicios políticos prestados. Esta posición ha generado una serie de ventajas para las empresas productoras en detrimento de la ciudadanía, permitiéndoseles un monopolio productivo que coarta producciones como las solares a fin de mantener el control sobre el mercado.
Pero los altos costes y fluctuaciones del precio de la energía eléctrica obedecen a otros dos motivos, el primero consiste en el intervencionismo estatal, imposibilitando al Regulador su derecho y obligación a fijar los precios, y el segundo a que cuanto mayor es le precio imputado, más alta es la recaudación en impuestos directos.
Cierto que las autoridades europeas ya han informado al Gobierno de Estaña su obligación frente al regulador, bajo la amenaza de llevar al Estado díscolo ante el Tribunal Europeo, pero lo cierto es que esa posibilidad tienen dos lecturas. Una es que la misma UE en distintas ocasiones ya ha ordenado a España modificar su actuación en materias como la protección de la Propiedad Intelectual, por poner un ejemplo de muchos otros, sin que el Gobierno se dé por aludido, y la otra es quién va a soportar las consecuencias de los fallos del Tribunal Europeo, porque lejos de pagarlo de su bolsillo los políticos insumisos, al final serán los ciudadanos quienes tengan que pagar las consecuencias y los costes de su mala gestión.
¿Cuál es entonces la solución? Pues que el Parlamento Europeo apruebe normas de obligado cumplimiento en los Estados miembros, designando responsables a efectos civiles a los políticos ya que para evitar errores cuentan con una numerosa corte de asesores, y que estos últimos disfruten de manera irrefutable de la formación oportuna para realizar aquellas asesorías para las que es designado. Acabar con las puertas giratorias y prohibir por ley el nombramiento en empresas privadas de políticos en activo o cesados, que a la postre se benefician de prebendas legislativas por su presencia en los consejos.
