Nunca, en casi cincuenta años de oficio, esta periodista había vivido una situación de tanta precariedad democrática y parlamentaria como la sesión de comisión de Justicia del Congreso, que debía redactar un nuevo dictamen sobre la ley de Amnistía, rechazada por el pleno hace pocas semanas. Algo sin precedente: ley rechazada en el pleno no vuelve a la comisión, sino que está obligada a tramitarse desde el punto de partida.
Lo más hiriente de esa comisión fueron las acusaciones a los jueces de prevaricar
Segunda sorpresa, los diputados no conocieron las nuevas enmiendas hasta sentarse en sus escaños, y el presidente de la comisión, socialista, se negó a darles un tiempo para analizarlas antes de debatirlas. Siendo grave la cosa, lo más hiriente de esa comisión fueron las acusaciones a los jueces de prevaricar, con argumentos que abundaban en algo que era una percepción hace pocos meses y ahora es una certeza: este Gobierno, y lo han “copiado” sus socios, no asume la separación de poderes, y considera prevaricadores, por tanto delincuentes, a quienes tienen la obligación de hacer cumplir las leyes, más allá de sus circunstancias personales y su ideología.
Uno de los socios más importantes del gobierno, Jordi Turull, líder de Junts, justo antes de que se iniciara la comisión, advertía desde Cataluña que Puigdemont se va a presentar a las elecciones europeas porque evidentemente va a ser amnistiado, y añadía que desde luego no renuncian a la autodeterminación y, después, a la independencia. Es decir, que esa tangana de que el Gobierno pone todo su empeño en trabajar en pro de la convivencia de los catalanes es una mentira más de Sánchez y compañía: insisten en la confrontación independentistas contra españolistas, pero con una novedad: ofrecen a los independentistas las leyes necesarias para “ganar” a los que se sienten parte de España. A esa ley, para mayor bochorno, sus promotores la llaman “Ley por la normalización institucional, política y social de Cataluña”.
No encontraron un solo argumento para defender el engendro que habían presentado
Sus defensores, en sus intervenciones se han dedicado a descalificar a los detractores de la amnistía, presentando a PP y Vox como partidos democráticamente corruptos y sin sentido de Estado. Probablemente, porque no encontraron un solo argumento para defender el engendro que habían presentado. Y es que no lo había: se trata de una ley hecha al dictado de Puigdemont para salvarle de la acción de la Justicia, junto al resto de independentistas que promovieron la intentona separatista del 1 de octubre de 2017.
Provoca sonrojo que el parlamento de un país democrático eche por tierra los delitos de traición, corrupción, malversación y terrorismo. Digámoslo de otro modo: ese borrado de delitos de máxima gravedad indica el grado de déficit democrático de la España sanchista. Solo una duda: si Sánchez y su equipo son tan rigurosos contra la corrupción y están tan preocupados por la convivencia ciudadana ¿Por qué no explicaron en la campaña del 23-J que su objetivo era hacer un gran servicio a España con una ley como la que pretenden aprobar el próximo jueves?
