Son pocos, pero no se acobardan. Ni siquiera cuando quienes pretenden abatirles son el presidente de Gobierno, sus ministros, partidos que apoyan a ese Gobierno e importantes medios de comunicación.
Junto al rey Felipe, que no oculta su preocupación por la deriva del presidente y las exigencias de sus socios, un número considerable de jueces y fiscales se empeñan a fondo para que Congreso y Senado no aprueben iniciativas que consideran contrarias a la ley y a la Constitución.
Don Felipe no puede ir más allá de lo que le marca precisamente la Constitución, que sigue estrictamente como por otra parte es obligación del Jefe de Estado. Aunque de sus palabras, siempre muy medidas, se traduce que vive con seria preocupación las maniobras de Moncloa para conseguir los apoyos necesarios que permitan a Pedro Sánchez mantenerse en el Gobierno. Sin que el presidente tenga ningún pudor en que esos apoyos sean partidos que tienen como objetivo separarse de España, torcer las leyes para que sus dirigentes condenados por los tribunales sean indultados primero y amnistiados después, y además arranquen al Gobierno las leyes necesarias para sortear condenas y también cantidades ingentes de dinero con las que financiar su proyecto independentista.
Son docenas los nombres de jueces y fiscales “malditos” para el sanchismo, encabezados por el juez Llarena, magistrado del Tribunal Supremo que lucha de forma incansable para que Puigdemont y otros dirigentes independentistas que se fugaron de España, sean extraditados y comparezcan ante los tribunales españoles. Tras Llarena, una larga lista de jueces “fanáticos” o “moscardones” , como los llamó la también trásfuga Clara Ponsati, entre ellos el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, y en la Audiencia Nacional el juez García Castellón, Más el resto de los jueces y fiscales de la Sala Segunda, y los cuatro miembros del Tribunal Constitucional considerados conservadores que se enfrentan a diario a los siete magistrados considerados progresistas.
El afán del Gobierno por cumplir las exigencias de los independentistas. fundamentalmente de Puigdemont y Junts, le ha llevado a caer directamente en el intervencionismo, práctica habitual en los regímenes totalitarios.
Desde el Gobierno utilizan a la presidenta del Congreso Francine Armengol, llegada ente otoño a las filas del sanchismo. Armengol nombró nuevo letrado mayor del Congreso a Fernando Galindo, que ocupaba un cargo en el Ministerio de Política Territorial, y desde el primer día cumplió lo que se le pedía: un informe a favor de la constitucionalidad de la ley. De su borrador, pues aún no se ha aprobado. Porque el gobierno, ante las presiones de todos tipo y miedo a la ilegalidad, transformó el decreto ley inicial en proposición de ley del grupo socialista, lo que obliga a debate parlamentario y presentación de enmiendas.
Con lo que no contaba Galindo ni el gobierno era con que los letrados adscritos a la comisión de Justicia del Congreso elaboraran su propio informe, en el que echaban atrás el espíritu y la letra del proyecto de ley. El informe se retuvo hasta que se cumplió el plazo de presentación de enmiendas. Nueva maniobra.
Mientras, el Gobierno y sus negociadores con Puigdemont -Santos Cerdán y Félix Bolaños- acordaban enmiendas con los independentistas catalanes que, pendientes de las actuaciones judiciales que podían echar por tierra sus exigencias de amnistía, impusieron nuevas condiciones para el apoyo a la proposición de ley y blindar que la amnistía alcanzara a Puigdemont. La primera, que la amnistía ampliara hasta el 2011 el plazo de tiempo para ser aplicada, de manera que incluyera de forma inequívoca y sin posibilidad de interpretación, a Carles Puigdemont y también a la familia Pujol.
Los jueces y fiscales trabajaron con intensidad para demostrar que varios de los probables o seguros afectados por la amnistía tendrían que ser apartados de ese beneficio porque sus actividades se consideraban delitos terroristas.
En ese sentido fueron muy activos los jueces Llarena y García Castellón, con informes concluyentes en los que determinaban que Tsunami Democratic, un movimiento ciudadano y violento nacido a la sombra de Junts y alentado por Puigdemont y sus seguidores, podía ser considerado un movimiento terrorista, con actuaciones que realizaron durante semanas en Cataluña que provocaron heridos e incluso una posible víctima mortal. Junts negaba que el fallecido -un ciudadano francés- lo fuera como consecuencia de los actos de violencia en el que se vio envuelto.
En un primer informe realizado hace cuatro años sobre esa víctima mortal, se determina que sufría una cardiopatía, pero el juez García Castellón ha abierto ahora una nueva investigación sobre el caso para determinar si esa cardiopatía era tan grave como para provocar su muerte en el caso de que la víctima no hubiera vivido una tensión extrema provocada por la violencia de Tsunami.
ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO
La preocupación del Gobierno y sus socios por la actuación de la mayoría de los jueces que trabajan en los casos relacionados con el independentismo catalán, ha llevado a un pacto con sus socios que ha provocado auténtico escándalo: aceptar el low fare, investigar si ciertas actuaciones judiciales podían estar impregnadas, condicionadas, por sentimientos ideológicos o personales de los encargados de impartir justicia, que estarían obligados a comparecer ante las comisiones parlamentarias que los convocaran para que respondiera ante preguntas de parlamentarios que dudaran de su imparcialidad.
La reacción de estupor e indignación ha sido generalizada, con excepción del sanchismo y sus socios. Ver a miembros de la Justicia responder en esa tesitura ante diputados que les acusan de falta de independencia, es un despropósito. Ningún parlamento tiene esas atribuciones. Los jueces solo deben responder ante sus propios órganos de gobierno, el CGPJ.
GUERRA Y DESCRÉDITO
El Gobierno y el PSOE han entrado de lleno en una guerra que sume en el descrédito a la España democrática.
Un ejemplo: si un miembro del Supremo recurre una decisión del Constitucional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una cuestión previa, se paraliza la aplicación de sentencia del TC hasta que se pronuncie el tribunal europeo. Ante esa posibilidad, Junts ha exigido al gobierno que presenta una iniciativa parlamentaria para anular la ley, y el Gobierno no ha dicho que no hasta que se le ha indicado que el tribunal europeo se rige con sus propias normas.
En las conversaciones que mantiene Santos Cerdán con el secretario general de Junts, Jordi Turull, han decidido no informar sobre el alcance de sus negociaciones, pero se da por hecho -porque es lo que pretende Junts- no solo que se estudie cómo impedir que el Tribunal Europeo pueda actuar para neutralizar lo que acabamos de apuntar, que se paralice la aplicación de la amnistía si un miembro del Supremo presenta recurso ante el TJUE, sino también que se tramite una ley que modifique el delito de terrorismo, a conveniencia de los independentistas catalanes que temen encontrarse con esa acusación por su apoyo a Tsunami Democratic.
Estas iniciativas, estas maniobras para esquivar las leyes por exigencia de quienes apoyan a un gobierno; este negociar lo que jueces, fiscales, catedráticos, letrados y toda clase de profesionales relacionados con la Justicia consideran ilegal, serían impensables en España si no gobernara Sánchez. Pero no ganó las elecciones y para seguir gobernando pactó con los enemigos del Estado. Desde entonces, nada es imposible.
Se gobierna al margen de las leyes y se actúa de forma implacable contra los que se empeñan en que se cumplan.
