No hace falta profundizar excesivamente en los modos que se gasta este Gobierno para llegar a la conclusión de que falla estrepitosamente en la aplicación de los comportamientos propios de las democracias. Su déficit es verdaderamente asombroso, incuestionable, y sin embargo las acusaciones a sus adversarios inciden sistemáticamente en que no respetan las reglas de la democracia.
Tres elecciones sucesivas exacerban los ánimos, y además acecha una historia de presunta corrupción en el ala más privada del Palacio de la Moncloa. La reacción lógica de un ejecutivo verdaderamente democrático habría sido anunciar una investigación profunda para averiguar si existen razones para sospechar sobre actuaciones delictivas en el entorno presidencial y del equipo de gobierno, y hacer un ejercicio claro de transparencia. Pero la transparencia no forma parte del comportamiento habitual de este equipo a pesar de que está regulada por ley, y hay bloqueo cuando alguien pregunta o intenta indagar sobre decisiones poco claras. En cuanto a las denuncias de varios medios de comunicación con pruebas concluyentes -en El Confidencial, por ejemplo, con documentos firmados- la reacción ha sido advertir que se acudirá a los tribunales si no se desmienten determinadas informaciones. Que no se pueden desmentir, por las pruebas aportadas.
Si a eso se suma el intento de colocar personas afines al Gobierno en RTVE, en una operación tan desastrosa que ha provocado la caída de sus dos máximos responsables; se suma la decisión del Gobierno de hacerse con un importante porcentaje de Telefónica para tener capacidad de decisión sobre las iniciativas relacionadas con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y sus aplicaciones en el mundo de la comunicación; se suma que para esa compra de Telefónica se detraen parte de los fondos destinados a las comunidades autónomas sin cumplir los trámites reglamentarios; se suma que se renuncia a los PGE del presente año, presentarlos al Congreso y Senado como es preceptivo, y se suma que no se sabe qué se ha negociado exactamente con Puigdemont para que el candidato a la Generalitat, se exprese con tanta seguridad cuando se refiere a su futuro en Cataluña. Por no mencionar que el Gobierno todavía no ha explicado a las 1.500 personas que se verían afectadas por la Ley de Amnistía que esa ley no se podrá aplicar en el caso de que el Supremo acuda al Tribunal de Justicia de la UE, porque se paralizaría hasta que decidiera, que puede tardar entre uno y dos años.
Un Gobierno plenamente democrático, ante tres inminentes citas electorales, informaría a las ciudadanos sobre cuáles son sus intenciones, con qué partidos estaría dispuesto a negociar apoyos y a cambio de qué, o con cuáles no llegaría a acuerdos en ningún caso. Aunque quizá no lo hacen los sanchistas porque saben que esa información no sería determinante para el voto: al contrario de lo que ocurre en los países democráticos, la palabra y las promesas del hoy presidente de Gobierno no valen nada. Nada de nada.
