Mariano Rajoy y Pedro Sánchez están atrapados por su compromiso público de prescindir de aquellos a los que los jueces imputen de algún delito o incluso sean susceptibles de que sean imputados en algún momento.
Tomás Gómez ha sido eliminado del mapa político porque a Sánchez le angustiaban los sondeos, pero en el Psoe se hagan lenguas sobre el tranvía de Parla; las black han mandado a los infiernos a algunos personajes ilustres antes incluso de que las investigaciones judiciales lleguen a una conclusión, y los jueces irrumpen ahora en Madrid y Valencia de una forma que obliga a Rajoy a replantear las candidaturas aún no resueltas.
La única que no se inmuta ante la justicia es Tania Sánchez, que sigue adelante su carrera a pesar de que ha tenido que comparecer ante un juez que investiga el trato de favor recibido por su hermano cuando ella era concejal de un pueblo madrileño. Pero ya se sabe que Podemos y sus afines se mueven en otra esfera; las explicaciones sobre nepotismo, financiación y obligaciones con el Ministerio de Hacienda no van con ellos.
Ignacio González, presidente del gobierno madrileño que aspira a ser candidato, lo tiene difícil: precisamente cuando Rajoy debe tomar decisiones sobre las listas madrileñas, aparecen revelaciones sobre el polémico ático de Marbella que pueden provocar que se le aparte de la carrera política aunque no ha sido imputado. En su caso le ataca el “fuego amigo”, el que más daña. Nada que ver con Alfonso Grau, mano derecha de Rita Barberá en el ayuntamiento de Valencia y que sin duda repetiría como número dos de la lista municipal. Acusado de favorecer a Iñaki Urdangarín, el fiscal no vio delito, y el juez Castro –que no se caracteriza precisamente por ser condescendiente con los personajes públicos- le ha levantado en dos ocasiones la imputación, ya que no vio en Grau delito de malversación porque Urdangarín había realizado el trabajo encargado por el ayuntamiento, y por tanto se le había pagado por él. La Audiencia de Palma, sin embargo, este lunes ha quitado la razón al juez para volver a imputar a Grau.
La Justicia entra en campaña electoral. Pero con muy distintos comportamientos. Por respeto a la campaña andaluza, los jueces han aplazado hasta después del 22 de marzo su decisión sobre Griñán y Chaves respecto a su responsabilidad en el caso de los ERE, que han supuesto malversación de centenares de millones de euros. En Mallorca, una Sala de Justicia vuelve a imputar a un candidato valenciano a semanas de las elecciones, tras dos levantamientos de la imputación. Con un ingrediente añadido: la acusación contra Grau procedía del grupo socialista valenciano, la formación política que aspira a ganar las elecciones al Partido Popular.
Con el tiempo se verá si existían motivos para imputar a determinados personajes públicos, pero lo de Grau huele a distancia a jueces que politiquean. Algo impropio de la independencia que se les supone.
