Este jueves, si Puigdemont no decide lo contrario, se aprobará la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. Y en un par de meses se aprobará definitivamente tras su paso por el Senado y el regreso al Congreso, donde los socios de Sánchez repetirían su apoyo para dar vía libre a la ley que hace suyos todos los objetivos de los independentistas. Todos.
El Gobierno ha asumido el primero de ellos, la propia ley redactada mano a mano entre socialistas y colaboradores de Puigdemont. A continuación, si los jueces españoles y europeos no lo impiden, anuncian desde Waterloo que se iniciará un proceso de autodeterminación que incluirá un referéndum, y después la independencia de Cataluña a través de una declaración unilateral del Parlamento catalán... o del propio referéndum, que Puigdemont intentará que el Gobierno de Sánchez considere legal y por tanto habría que aceptar su resultado
El “padrino” de este despropósito se llama Pedro Sánchez, con la colaboración indispensable de acólitos que desde el Gobierno y desde la dirección del POSE han puesto su dignidad al servicio del presidente y se han tragado todas sus declaraciones y argumentos contrarios a la constitucionalidad de una ley de amnistía. Los incondicionales de Pedro Sánchez, haga lo que haga, repiten su mantra de que la ley traerá la convivencia a Cataluña. Qué más quisieran los catalanes y el resto de españoles. Saben perfectamente que se trata del precio a pagar para que Puigdemont mantenga el apoyo a Sánchez y no se vea obligado a recoger sus enseres personales de La Moncloa.
Este debate político y social se produce en un escenario de convulsión máxima. El Gobierno ha sido cogido en falta por el “caso Koldo”, en el que ha salido el nombre de Begoña Gómez, lo que ha soliviantado a Pedro Sánchez. A 48 horas del debate de la Ley de Amnistía, el nombre que ha saltado es el de Isabel Ayuso, por un presunto fraude a Hacienda y falsificación de facturas de su pareja. Lo que se cuenta de Gómez es una también presunta mediación ante el Gobierno para que fuera rescatada la empresa que patrocina su trabajo en el Instituto de Empresa, mientras que en el caso de Ayudo la presidenta madrileña ha afirmado en rueda de prensa que Alberto González ha pagado a Hacienda 300 mil euros y que Hacienda le debe 600 mil a él. Serán los jueces quienes determinen si hay delito en uno y otro caso.
El clima político es irrespirable, tanto que es difícil pronosticar qué va a ocurrir entre el Gobierno, PSOE y PP en los próximos días.
Solo hay algo seguro: Puigdemont debe estar exultante, porque se aprobará “su” ley, pero los analistas estarán más pendientes de ver cómo acaba la lucha entre PSOE y PP por salvar a Gómez y Ayuso, que en medir las consecuencias de una iniciativa del Gobierno que rompe España.
