Aquí se habla y escribe la Constitución como si fuera un folleto escrito por personas del siglo pasado, ancladas en el siglo pasado, y que por tanto se cambia cuando conviene.
No es así en ningún país del mundo, donde el respeto a su Carta Magna, su himno y su bandera es incuestionable y cualquier cambio debe estar refrendado por la mayoría de sus cámaras parlamentarias. En España también está regulado todo lo relacionado con la Constitución, pero los dirigentes actuales, tanto los de gobierno como de los partidos de la izquierda y nacionalistas, se toman esas reglas a título de inventario.
A saber: la reforma tiene que ser aprobada por Congreso y Senado por mayoría cualificada, llevada a referéndum para su aprobación también por mayoría cualificada y, a continuación, se disolverán Las Cortes y se convocarán nuevas elecciones. El nuevo Congreso y Senado tendrán que ratificar la aprobación anterior.
El problema es que los que pretenden reformar la Constitución para cambiar lo que no les satisface -con la monarquía parlamentaria como modelo de Estado y la España autonómica como principales puntos- no están dispuestos a acatar lo que recoge la Constitución, la Ley, para proceder a los cambios que buscan. Es decir, pretenden hacerlo por las malas, no por las buenas. A capón, como se dice vulgarmente. Sin respeto al Estado de Derecho.
Lo inconcebible, y fuera de España ya ha sonado algún toque de atención, es que sea el propio presidente de Gobierno quien, en sus ansias de conseguir los votos necesarios para su investidura, no ponga ninguna traba a esa reforma que acaba con una Constitución que llevó a España a los cuarenta años más estables de su historia. Que trajo una época de paz y prosperidad inimaginable cuando murió Franco, más inimaginable todavía porque sufría las consecuencias de una guerra civil. Ahora tratan de echarla abajo dirigentes políticos de una nueva generación, faltos de sensibilidad y faltos de cultura democrática, que pretenden convertir España en un conglomerado que tiene poco que ver con un Estado democrático.
El sanchismo se defiende de las acusaciones de ilegalidad y de entreguismo a quienes buscan la destrucción de España, con el argumento de que no apoyarán nada fuera de los cauces legales. No convencen. De hecho, ya están buscando supuestos expertos dispuestos a interpretar las leyes a conveniencia, cuando la práctica totalidad de constitucionalistas y letrados de las distintas instituciones del Estado coinciden en que no hay lugar en la Constitución para aceptar las exigencias de independentistas, nacionalistas exacerbados y ultras de derecha e izquierda que buscan reformas constitucionales acordes con su ideología y su criterio.
La situación no sería tan grave si el Gobierno fuera estricto en el cumplimiento de la ley. Pero este equipo de Sánchez, tan cobarde ante el chantaje de los enemigos de España, y tan soberbio al imponer su criterio caiga quien caiga, hace temer que los que defendemos la Constitución estamos perdidos.
