Te comportas mejor cuando la gente te mira?” La frase la han pronunciado docenas de veces los impulsores del Portal de Transparencia que estos últimos días ha acaparado la atención generalizada de los españoles, sobre todo de la clase política y periodística, al hacer públicos los salarios de los altos cargos y los gastos de los organismos e instituciones del Estado, incluida la Casa Real. Con ese espíritu, la convicción de que la gente se comporta mejor cuando la gente mira, se ha trabajado en la creación del portal.
Medio millón de datos están a disposición de quien quiera conocerlos. Y sí, la conclusión a la que han llegado las personas encargadas de poner en marcha el portal, es que efectivamente la gente se porta de distinta manera, mejor, cuando sabe que los focos están puestos sobre ellos. Independientemente de lo que sigan los sociólogos, que probablemente piensan lo mismo, quienes han trabajado en la puesta en marcha del portal en los últimos meses, casi un año, se han volcado en su labor convencidos de que con ese portal en uso, se enmendarán comportamientos, se cuidarán los gastos, se contratarán menos asesores y con salarios más ajustados a sus competencias; se revisarán los contratos y adjudicaciones al milímetro, al igual que las subvenciones, se harán cuentas antes de realizar ciertos viajes y, con toda seguridad, se meterá en cintura a quienes sientan la tentación de rozar prácticas corruptas o, directamente, caigan en prácticas corruptas porque existía escaso control sobre determinadas partidas del Estado.
Los ponentes de la Constitución ya previeron, en cierto sentido, la necesidad de aprobar algo parecido a una Ley de Transparencia, cuando en el apartado B del artículo 105 decía que la Ley regulará “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de delitos y la intimidad de las personas”. La creación de esa Ley estaba en el programa con el que el PP se presentó a las últimas elecciones, y también la anunció Rajoy entre las propuestas de su discurso de investidura. Al tratarse de un proyecto en el que debían intervenir distintos ministerios encargó la elaboración a la Vicepresidencia del Gobierno, y Soraya Sáenz de Santamaría designó como responsable y coordinador de la negociación y redacción del anteproyecto de Ley, y del Portal de Transparencia, a José Luis Ayllón, Secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, y hombre que conoce muy bien las estructuras de la Administración. Con la media docena de personas adscritas a la Secretaría de Estado, Ayllon se puso a la tarea.
Lo primero, negociar el anteproyecto de Ley, con la exigencia previa de intentar que el principal partido de la oposición, el PSOE, lo apoyara. Hubo incontables reuniones con los diputados socialistas José Enrique Serrano –secretario general de la Presidencia con Felipe González y con José Luis Rodríguez Zapatero- y con Maritxell Batet.
Las negociaciones fueron por buen camino hasta que la publicación de los papeles de Bárcenas en las que se recogían supuestos pagos en B a dirigentes del PP así como una contabilidad B del partido de gobierno. El PSOE decidió romper las negociaciones sobre la ley de Transparencia aunque se habían llegado a algunos acuerdos. La Ley por tanto se aprobó sin el fundamental apoyo de los socialistas. El Congreso de los Diputados le dio luz vede en noviembre de 2013 con los votos del PP, CiU y PNV, el caso Bárcenas impidió el respaldo masivo que esperaba el gobierno.
Desde esa fecha Ayllon trabaja en la puesta en marcha del Portal de Transparencia por encargo de Soraya Sáenz de Santamaría. Un Portal que visualiza mejor que cualquier otro aspecto de la Ley, qué significa esta nueva etapa en la que los españoles pueden estar al tanto de todo lo relacionado con los dineros de las administraciones públicas.
La Ley recoge la obligación de crear distintos portales de Transparencia en un plazo que finaliza el 31 de diciembre de 2015. El abierto el pasado día 10 corresponde a la Administración General del Estado, que incluye sus organismos e instituciones, y a él se sumó la Casa Real la pasada primavera por iniciativa de la propia Casa. Deben abrir sus portales las organizaciones empresariales y sindicales, también la Iglesia y las organizaciones deportivas, así como los gobiernos autonómicos y municipales. El primero en hacerlo ha sido el gobierno foral de Navarra, los restantes se encuentran todavía en fase más o menos avanzada de apertura, al igual que los ayuntamientos. Sobre éstos se pondrán también los focos, pues es precisamente en las comunidades autonómicas y en los ayuntamientos donde existe más necesidad de controlar contrataciones y salarios y, sin duda, se producirán escándalos ante algunos contratos y nombres de asesores. Para elaborar el portal, el equipo de Ayllón en la Secretaría de Estado creó una Oficina de Transparencia, que contaba con dos o tres personas en cada ministerio encargados de buscar los datos que debían ser incluidos en el portal tranbsparencia.gob.es, que recogerá en torno a 500 mil datos, los de la Administración General del Estado. Esas tres personas, más las seis o siete de la Secretaría de Estado, no podrían alcanzar su objetivo si no contaran con la ayuda de los 600 mil funcionarios del Estado que facilitaban los datos facilitados.
Por otra parte, tres mil funcionarios han seguido un curso especial para atender las necesidades del día a día del portal una vez puesto en marcha, atender las solicitudes ciudadanas, facilitar el acceso e inscripción de los ciudadanos que quieren encontrar determinadas informaciones en el portal y completar los servicios con la demanda que exijan los españoles sobre la información relacionada con el Gobierno y sus instituciones y que cumplan el requisito de que su divulgación no afecten a la seguridad y la defensa del Estado, ni a los aspectos estrictamente privados de la ciudadanía y de sus cargos públicos, que también tienen derecho a la privacidad.
Leyes de Transparencia existen en la mayoría de los países democráticos, y portales que faciliten esa transparencia. En la Unión Europea solo dos socios, Luxemburgo y Chipre. Su utilidad va más allá del morbo con el que indaga minuciosamente sobre sueldos y costes de determinados servicios. Las consecuencias de la apertura del portal tienen consecuencias sociales de la máxima relevancia, y va a erradicar usos que en muchos casos provocan indignación. Todo porque, como apuntábamos al principio, “Te comportas mejor cuando la gente te mira”.
En España ya se puede mirar.
