Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha dado con la sensación generalizada del momento del país. Se puso a llorar ante el ofrecimiento de la embajada en Chile a Irene Montero, por parte del Gobierno. Ella, que es psicóloga, sabe que las lágrimas pueden tener diferentes funciones y significados. Por un lado, responden a emociones como la tristeza, la alegría o la frustración y ayudan a liberar y manifestar alivio. Por otro lado, esta expresión también tiene una función física al actuar como protección y lubricante para los ojos, ayudando a mantenerlos limpios y libres de cuerpos extraños. Belarra los tiene claros y un baño hidrata; pero el líquido producido es modelo de un Gobierno que a la mínima te mete un dedo en el ojo para dejarte como pirata.
Y puestos a solidarizarnos ¡Que vivan los embajadores que lo son! Más de uno ha entrado en depresión ante la publicidad sobre la oferta sanchista. Y qué decir del actual embajador chileno nombrado por el presidente hace poco más de dos años. El allí destinado ha unido la salida política ofrecida a Montero, a la realidad del territorio que pisa de placas tectónicas, erupciones volcánicas y la frecuencia de terremotos.
Belarra lubricó los ojos con su reacción involuntaria y se protegió de la tentación endiablada de mandar lejos a la que fue ministra de Igualdad del Gobierno de España. Podemos y Puigdemont son conocedores de que el leopardo no puede cambiar sus manchas y evidencian que en la situación política española se alcanza premio y reconocimiento si tienes algo que callar y mucho que dejar de hacer. El personal de confianza está anticuado.
Las elecciones en Galicia navegan al mismo ritmo que gana músculo el referéndum catalán, esa tuerca a la que se le busca engranaje en la Ley de Amnistía impulsada por el PSOE para sus socios de investidura de ERC y Junts. Un nuevo obstáculo legal surge en este combate que persigue cumplir las exigencias del hoy hombre de Waterloo. Se trabaja para blindar a Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Marta Rovira, por estar acusados de un delito de terrorismo por el juez Manuel García-Castellón. Junts y ERC piden que se excluya del contenido de la ley toda referencia al terrorismo y con ello se amnistía a todos los encausados por ese delito, independientemente de que haya o no una sentencia firme. Hoy la medida de gracia a nivel general no está contemplada en la Constitución, por lo que los letrados de la Comisión de Justicia, que es donde se tramita la ley, creen necesario un cambio en la Carta Magna antes de aplicar la medida de gracia.
