Caen las hojas del calendario y Theresa May llama insistentemente a Bruselas para intentar que Juncker haga algún tipo de concesión al Reino Unido que permita a la primera ministra sacar adelante en el Parlamento el acuerdo de "brexit" firmado en diciembre.
A la jefa de gobierno no le queda mucho tiempo, el próximo día 15 se vota en Westminster y a estas alturas no sabe si conseguirá su objetivo. Si fracasa, no tiene ningún as en la manga que le permita cumplir el mandato del referéndum de hace dos años y medio, y el 29 de marzo se iniciará la salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo, la peor de las situaciones para todo el mundo. Lo que pretenden los laboristas es que ese fracaso obligue a May a convocar elecciones, pero tal como está el panorama, con un creciente número de ciudadanos que exigen la repetición del referéndum, Jeremy Corbyn acariciando la idea de ganar esas elecciones y convertirse en primer ministro con la promesa de negociar un acuerdo mejor que el de Theresa May –promesa que no será fácil que cumpla-, y casi el 90 por ciento de los militantes laboristas exigiendo un nuevo referéndum porque pretenden votar esta vez a favor de la UE, cualquier escenario futuro, por complicado que parezca, puede producirse.
La preocupación que genera el "brexit" entre los británicos se comprueba con una cifra conocida los últimos días y que ha provocado auténtica conmoción: en el 2018, 200 mil ciudadanos británicos han pedido la ciudadanía irlandesa, amparados por una ley que permite la doble nacionalidad a los hijos y nietos de irlandeses. A ello hay que sumar las docenas de miles de solicitudes de nacionalidad de sus cónyuges de británicos casados con personas de otros países europeos. Como hay que sumar no solo la preocupación de los ciudadanos comunitarios que trabajan en el Reino Unido, aunque el acuerdo suscrito por May les ofrece garantías de continuidad, sino la preocupación de centenares de miles de británicos que trabajan en otros países de la UE o que, al llegar a la jubilación, se han instalado en otros países y ven ahora peligrar su acceso a los servicios públicos a los tienen derecho los miembros de la UE.
May, en su afán de minimizar los efectos del Brexit, preparó un simulacro de control en el Eurotúnel para demostrar que el Reino Unido estaba preparado para actuar con agilidad. El simulacro salió bien, pero nadie creyó sus resultados: los expertos cuantifican en unos 6 mil los camiones con mercancías que se quedarán bloqueados durante horas, o días, ante la incapacidad actual de los aduaneros británicos de revisar su carga y su documentación.
