Supongo que será porque aún tengo el disgusto en el cuerpo después de haber pagado hace un par de días mi cuota trimestral de IVA y de IRPF; será porque cada día sale a la luz un nuevo caso de personaje famoso que manejó u ocultó a través de sociedades pantalla su dinero en paraísos fiscales, e incluso, quién sabe por qué ocultos méritos, accedió a una condonación fiscal, mientras otros nos cuidábamos mucho de no retrasarnos ni un solo día en los pagos a la Agencia Tributaria, el caso es que uno anda con el cabreo subido y la cara de parvo al comprobar que Hacienda somos solo unos cuantos idiotas que aún no hemos entrado en ese alambicado juego de la especulación financiera. El fraude fiscal, cuya generalización entre los que más tienen ya pocos pueden negar, constituye la corrupción al máximo nivel, pues atenta contra los cimientos mismos de la convivencia social. Como dice el sociólogo Enrique Gil Calvo en un artículo publicado en prensa, el fraude fiscal es «un crimen de lesa democracia, que quiebra el contrato social por el que se reconocen derechos a cambio de contribuciones fiscales cuyo requisito previo es la progresividad tributaria, que así resulta invertida por un fraude cuyo efecto es que paguen menos quienes más posean». No debiéramos olvidar que cuando muchas de las grandes fortunas de este país eluden o evaden impuestos, están atentando contra los principios rectores de nuestra Constitución Española (CE), ley de leyes que consagra un Estado Social de Derecho.
Sí, oigan, estos jetas consumados que defraudan al fisco y se sientan en consejos de administración de empresas del Ibex, o en gabinetes de gobierno, o son asiduos de fiestas glamurosas en lujosos yates, ponen el grito en el cielo cuando algún desaprensivo osa poner en entredicho el régimen monárquico imperante en este país o la indivisibilidad perpetua del territorio español. «¡Esas ideas atentan contra la Constitución!», se les oye decir. «¡Viva España y viva el rey!», arengan desde sus poltronas. Y sin embargo, cuando por razón de sus rentas y/o patrimonio han de pagar a Hacienda más que el peón de la construcción porque sí, porque es de justicia, y porque esa misma sacrosanta ley que tanto defienden señala que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…» (Art. 31.1), entonces…, entonces que le den a la Constitución, ese panfleto de comunistas que lo único que persiguen es quitarnos el dinero para repartirlo entre vagos. En ese momento el único pabellón válido para estos patriotas es el que los pone a buen recaudo de la inspección tributaria.
Y siendo reprochable el fraude fiscal, muchas veces éste no es sino la consecuencia de algo mucho peor. Apunta también Gil Calvo que «muchas fuentes de ingresos son tan invisibles y secretas como la corrupción, la prostitución o el crimen organizado, por lo que no se sabe qué hacer con tanta liquidez subterránea». Y es cierto: normalmente tras la evasión fiscal encontraremos la comisión de uno o varios delitos que generan ingentes cantidades de dinero que es necesario ocultar a las autoridades para no levantar sospechas sobre la conducta delictiva. Delitos todos ellos que se cometen, eso sí, con el máximo cariño hacia la patria, y con el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto de leyes del ordenamiento jurídico español.
Esa práctica, en lugar de escandalizarnos, la tomamos casi como normal o inevitable, inalcanzable además para los que vivimos de nuestro trabajo sin alardes. Pues es sabido que para que los que paguen sean idiotas, tiene que haber listos que consigan evitarlo. Ya usted sabrá quiénes son los idiotas y quiénes los listos.
