El curro conocido de un viejo colega era dar vueltas a una rotonda hasta que un despistado le alcanzaba por detrás. Siempre andaba colgado del collarín para ir tirando. La clientela más cándida del abrevadero lamentaba la mala suerte del amigo sin coscarse de la piratada. Vivir desconfiando resulta muy fatigoso y puede ser perjudicial para los nervios, pero la credulidad acaba clicando en el timo que le llega al móvil.
El caso Koldo, exasesor del exministro José Luis Ábalos, aprieta al Gobierno tras levantarse el secreto a la investigación judicial de la trama compuesta por una veintena de personas que aprovecharon la pandemia de covid para aumentar el patrimonio y el garaje con supuestas comisiones ilegales por la venta de mascarillas. El caso suscita todo tipo de reacciones, desde que el Gobierno decidió retirar competencias a las autonomías y centralizar la compra de material sanitario para asaltar el botín, hasta el recurrente “todos son iguales cuando rascas”.
El PP está jugando fuerte con la petición de responsabilidades a Francina Armengol, presidenta del Congreso, a través de la figura de Miguel Tellado, cuyo nombre sí aparece mencionado en el sumario, aunque podría tratarse de un cebo puesto por Koldo. Congreso, controlado por el PSOE, y Senado, con mayoría del PP, preparan sus comisiones de investigación, mientras en Galicia el BNG exige que se auditen las compras realizadas con Núñez Feijóo en la presidencia de la Xunta. Alfonso Rueda, su sucesor, remite a la fiscalización del Consello de Contas para que no salpique la duda.
En aquella época de incertidumbre y desabastecimiento global de mascarillas se realizaron compras sin las garantías o filtros pertinentes. Y de buena fe la mayor parte de las adjudicaciones. La prioridad era conseguir mascarillas, equipos de protección sanitario, respiradores... Pero en época de desgracias los “golfos”, como calificó la vicepresidenta Yolanda Díaz a la banda de la trama, sacan tajada. Con eso o con el collarín para estafar al seguro. Hay muchos más de los que se piensa. Un estudio de Línea Directa publicado en febrero indica que el 40% de los conductores españoles justifica el engaño a la compañía de seguros y el 63% de los que lo han hecho no se arrepiente.
