Hoy estamos celebrando una fiesta anacrónica, la de la Purísima Concepción. No se piense que lo digo por todo ese entramado mitológico formulado por la Iglesia católica para santificar la virginidad como un don, adornado de virtud, a cuyas consecuencias machistas han sido sometidas las mujeres durante milenios. Lo digo porque se siga manteniendo en el calendario festivo y laboral por imperativo de una costumbre de parte convertida en ley para el todo. Creo que ha llegado el momento de plantearnos en este Estado de derecho aconfesional -como se desprende del artículo 16.3 de la Constitución vigente-, la derogación del calendario católico como pauta de vida oficial en toda España. Cada confesión debería celebrar sus fiestas con derecho pleno en igualdad y sin privilegios por cuestiones del nivel de “militancia” en cada una de ellas. Mantener las conmemoraciones de determinados mitos o santos cristianos de forma generalizada es permanecer atrapados en una directiva del pasado excluyente. Existen fórmulas adecuadas para sostener las tradiciones sin molestar a nadie ni despreciar la preminencia del cristianismo. Y, precisamente, ese artículo al que hago referencia ha de ser uno de los revisables de la Constitución para que de él desaparezca la inadecuada referencia a la cooperación con la Iglesia Católica, si realmente queremos seguir presumiendo de estar regidos por una Carta Magna democrática e igualitaria.
Una Constitución cuya fiesta laica celebramos antes de ayer como le corresponde por el hecho de contener las reglas del juego actual. Nada más. En el momento que sea sustituida la fiesta caerá con ella para dejar paso al día de la siguiente con absoluta normalidad. Sin embargo también la Constitución de 1978 nos mantiene atrapados en el pasado. Las circunstancias de aquellos momentos constituyentes, que muchos vivimos alborozados y esperanzados, ya son historia tanto en el ser como en el sentir y en el hacer de la necesidad virtud. Una virtud que, como el mito de la virginidad, también está desfasado en muchos aspectos. Incluso hemos llegado a la contradicción de que quienes denostaron su nacimiento e implantación ahora, con su conservadurismo rancio y tropezón, la suben a los altares, les ponen velas y le rezan para que no cambie.
En la calle nadie entiende por qué la princesa de Asturias ha jurado ser fiel a una norma que en su articulado del Título II tácitamente la excluye para reinar. Cuesta aceptar que el artículo 49 denigre a las personas con discapacidades y los conservadores se hayan negado a reformarlo. Es significativo, de la mentalidad de los “padres” de la norma, que el concepto “mujer” sólo aparezca dos veces en todo su articulado. También es evidente que el Título VIII, donde se recoge la organización territorial del Estado ha quedado atrapado en el pasado y necesita ser reformado para avanzar hacia una federación eficaz, lejos del miedo de entonces. O no deja de ser evidente que el Senado se haya convertido en una cámara absurda, inoperante y, por lo que se anuncia, va a estrenarse en esta legislatura como barrera obstruccionista. E imaginen que la familia Borbón en pleno dimite de su presunto derecho a reinar, pues la Constitución no prevé esa circunstancia sucesoria ni abre la puerta a una República, por ejemplo.
No se entiende, no, la falta de impulso para enmendar la ley de leyes española. Para iniciar el camino no es necesario el consenso, ya se alcanzará, lo importante es la voluntad. Yo ya tengo mis dos deseos para el año nuevo: reformar el calendario y retocar la Constitución del 78.
