Los catorce votos catalanes ya están anotados en la libreta de Pedro Sánchez. Con ello ha concluido el procedimiento negociador encargado al socialista por Felipe VI para formar nuevo gobierno una vez obtenga el beneplácito del Parlamento. Esa es la mecánica, muy distinta a la intentada por los conservadores al decidir alargar la puesta en escena de la fallida investidura de Feijóo calculando llegar a nuevas elecciones en enero, por ver si llevando el cántaro a la fuente no se les vuelve a romper. Pero frente a ese calendario de repetición se ha impuesto el proceso de la negociación política entre las fuerzas votadas y elegidas por la ciudadanía. Esa amplia representación del pueblo, en quien reside la soberanía, según la manoseada Constitución del 78. A tamaña simpleza se ha llegado flotando sobre una escandalera más propia de pregones de mercado medieval que del ejercicio de la alta política. Mientras el PSOE negociaba, el PP y sus adláteres se han dedicado a la movilización callejera, a la algarabía electoralista y a las diatribas con la espada de la amnistía en ristre imponiendo un discurso torticero. Un modo de acotar el debate de ideas constructivas.
En este teatro del despropósito, escuchando a Feijóo enmascarar su falta de base parlamentaria, he pensado que desconoce la famosa reflexión de Felipe II cuando dijo aquello de “prefiero perder mis Estados a gobernar sobre herejes”. Y así se fue al carajo la España imperial de su padre, tan amada por la extrema derecha moderna. Repetir la historia cansa y me temo que la simulación del expresidente gallego ha sido el principio de su final político, aunque no lo será del PP. Perderá sus Estados en el partido cuando el nuevo gobierno progresista navegue salvando obstáculos y se conozcan los presuntos beneficios de la amnistía para la convivencia en Cataluña mientras en el resto de España no se rompe nada. En pocos meses el forzado conflicto amnistiador habrá decaído. Entonces a Sánchez deberemos verlo como al famoso Enrique IV de Francia, autor de aquella frase: “París bien vale una misa”. ¿Recuerdan? Fue el primer Borbón de la saga y miren qué largo se lo han fiado a su descendencia hasta llegar a nuestra Leonor, recién inaugurada princesa constitucional.
Yo no pretendo emular a Beltránd du Guesclin, aunque tenga mis preferencias por Enrique de Trastámara frente a Pedro I el Cruel. Como aquel francés “ni quito ni pongo rey”, pero frente a un ejecutivo conservador en coalición con Vox, prefiero una ley que ponga fin a un procés catalán que nunca debió de producirse. Y porque en todo este barullo no he conseguido escuchar ni una sola propuesta en positivo por parte de los conservadores en relación con el problema catalán. Ninguna que vaya más allá del palo y tente tieso propagada por Vox. Esto es, más conflicto, más división, más ruptura de la España constitucional que dicen defender. Se equivocan porque hacer política, además de sustentar la legalidad, también necesita de pragmatismo y flexibilidad para corregir los pasos erráticos. Y las leyes no son patrimonio del poder judicial, lo son del poder legislativo, con capacidad para cambiarlas en función de las necesidades que la sociedad y el curso de los acontecimientos determinan. Por lo tanto esa presunta ley de amnistía tendrá más encaje legal que el alboroto de algunos jueces conservadores con el mandato caducado hace cinco años.
A la vuelta de la esquina asistiremos a la investidura de Pedro Sánchez. Con ello Junts habrá bajado el último escalón hacia su desaparición. Y al PP le tocará seguir opositando.
