Escucho a la conselleira de Vivenda, Ánxeles Vázquez, asegurar que la Ley de Vivienda del Gobierno central “fomenta la okupación”. Afirma que “no puede obtener una vivienda pública antes un okupa que aquellas personas en una lista”. Y no le tembló la voz usando este falso mantra repetido por el PP cada vez que asoman elecciones en el horizonte. Me voy a los datos oficiales que desmontan el bulo y resulta que la okupación en Galicia supone un 0,2 % del total de las denuncias presentadas. Y que el teléfono habilitado para tal fin por la Xunta en un año ha recibido 30 consultas, no llegan a tres cada treinta días. Durante otros 27 el teléfono no suena. La okupación no es un problema en Galicia. Por tanto, este no es más que un ejemplo del uso partidista que el Gobierno autonómico realiza contra el del Estado desde que Rajoy perdió el poder. Y en este punto me tomo la molestia de bucear en las hemerotecas para constatar que, durante los ejecutivos de Mariano, los de Alberto no entablaron ni una sola demanda competencial, ni de exigencias para la llegada de la alta velocidad ferroviaria, ni en el reparto de los presupuestos, ni en el pago de la deuda histórica, ni por el aumento de médicos o profesores, ni por el uso de las lenguas, ni de… ¡Lamentable!
Estamos ante un ejemplo que podríamos enriquecer con otras confrontaciones mediáticas entre ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos cuando son de distintos signos políticos. Una clara deturpación del verdadero fin de las diferentes administraciones públicas creadas para logar un mejor ejercicio coordinado de la gestión en beneficio de la sociedad. Pues no, hay políticos partidistas que confunden el territorio que administran con el cortijo de su partido. Esa es la realidad y en infinidad de circunstancias, como sucede en la Comunidad de Madrid donde vocea Isabel Díaz Ayuso, a la ciudadanía de pan y circo le gusta este estado de cosas escasamente democráticas y las apoya. Esto es lo verdaderamente grave que acabará llevando a esa hipotética ruptura de España, tan temida pero fomentada por las dos derechas que se sientan en los parlamentos y en los consejos de gobierno.
Esta parece ser la política de enfrentamientos institucionales que nos anuncia Feijóo para los próximos años si Sánchez consigue formar gobierno. Las comunidades gobernadas por el PP ya han alzado los arietes para ayudar a su líder en la misión de derrocar al contrario. No hablamos ni de leal oposición ni de defensa de los intereses de los distintos territorios. Hablamos de Madrid, Galicia, Castilla-León, Andalucía, Murcia, Extremadura, País Valenciano… contra el Estado en general y contra las otras autonomías donde no gobierna el PP. ¿No les parece un desatino, un despropósito irresponsable? Los defensores de la España una, grande, libre e igualitaria se nos revelan reyezuelos de taifas autonómicas. Anuncio que esa derecha se arrepentirá de semejante envite porque resultará tan desastroso como lo acontecido con la cruzada emprendida contra Cataluña desde la presentación del recurso de inconstitucionalidad de su Estatuto de 2006.
El ejemplo que he traído de la conselleira de Vivenda no es más que una cuenta del rosario que viene rezando el gabinete de Alfonso Rueda contra Pedro Sánchez desde que Feijóo puso sus reales en Madrid. El presidente gallego, con unas elecciones en la puerta, apuesta su suerte al destino de su mentor como quien juega a la gallina ciega. El expresidente gallego ha fracasado al no alcanzar sus objetivos. La taifa de Galicia puede ser el siguiente tropiezo de Feijóo. Y de Rueda.
