La fiscal reclama 30 años de prisión para un profesor celanovés

Un exprofesor del colegio público Curros Enríquez de Celanova , Manuel A.G.,, se sentará en el banquillo de la Audiencia los días 8 y 9 de octubre acusado por el ministerio fiscal de seis delitos de abusos sexuales continuados a estudiantes de quinto curso de Primaria, acusaciones por las que se enfrenta a una pena de 30 años de prisión (cinco años y un día de cárcel por cada uno de los seis delitos). La acusación particular que ejercen una de las víctimas reclama cuatro años de prisión y seis años de libertad vigilada.

Los hechos que se le imputan al docente supuestamente sucedieron entre el inicio del curso 2010/2011 y la Semana Santa. En ese periodo, según relata la fiscal en su escrito de acusación, el inculpado abusó de seis alumnas con edades entre los 10 y 11 años. Los supuestos abusos consistían, según la versión del ministerio público, en besos en la boca cuando las menores hacían bien los deberes o los exámenes y tocamientos en la barriga por debajo de la ropa: "Se situaba detrás de la alumna y le metía la mano por debajo de la ropa, desde el cuello hasta la barriga, donde frotaba simulando una carantoña", dice la fiscal en su escrito. Estos hechos los contextualiza durante sus estancias en el comedor, las clases y el patio.

Por su parte, la defensa pide la libre absolución ya que, a su entender, se trata de "una reproducción de los juicios de Salem". El letrado dice que "los informes periciales reiteran que las declaraciones de las menores no constituyen prueba suficiente y válida", añadiendo que la Audiencia le impide presentar testigos que acrediten su versión.

El proceso penal tiene su origen en la queja de unas medres que decían que sus hijas se quejaban de que uno de sus profesores era "demasiado cariñoso".

La investigación abierta por la Consellería de Educación no halló indicios de abusos ya que cinco de las seis madres se retractaron pero no frenó el proceso judicial porque una de las perjudicadas siguió firme en su acusación.

Todos los padres de las menores que presuntamente sufrieron los abusos han renunciado a ser indemnizados, a excepción de la madre de una de las niñas, que presentó denuncia ante la Guardia Civil. Para ella, la fiscal reclama al inculpado que le abone 500 euros por los daños morales ocasionados. En cuanto al a inhabilitación para ejercer la docencia, la fija en cinco años.