El Banco Portugués de Negocios (BPN), que en principio no había rechazado su nacionalización por pérdidas acumuladas, se enzarzó en una polémica con las autoridades lusas sobre el trasfondo de la intervención, que considera político.
El presidente del BPN, Miguel Cadilhe, un ex ministro del principal partido de la oposición, el Social Demócrata (PSD, centro derecha) criticó la decisión del Ejecutivo socialista, anunciada el domingo, de nacionalizar la entidad y la tildó de una cuestión eminentemente política.
Para Cadilhe, que asumió la presidencia del banco en junio, fueron sus auditorías internas y no las del Banco de Portugal, las que revelaron los problemas de la entidad, que según el Gobierno estaba al borde de la quiebra por pérdidas de 700 millones de euros derivadas de operaciones en una filial africana de años anteriores.
El Ejecutivo también lamentó, en declaraciones divulgadas hoy, que el Gobierno optará por una medida desproporcionada, como la de nacionalizar el banco, y no por otras propuestas para superar la situación.
Pero, a raíz de las críticas de Cadilhe, el Ministerio luso de Finanzas emitió un comunicado en el que asegura que la opción para salvar el banco propuesta por la dirección del BPN era muy onerosa para los contribuyentes.
La entidad solicitó una inyección de 600 millones de euros, revela la nota, y eso implicaba que parte de las pérdidas existentes fuesen de inmediato asumidas por el Estado.
La situación de insolvencia del banco y su perspectiva de evolución -agrega el Ministerioera tal que la posibilidad del Estado de recuperar el importe de la ayuda era mínima, imponiendo a los contribuyentes un coste inaceptable.
El Ministerio critica además que una propuesta como esa fuera formulada por una directiva del BPN que encabeza un ex ministro de Finanzas, cargo que desempeñó Cadilhe entre 1985 y 1990, cuando era primer ministro el actual jefe de Estado, Anibal Cavaco Silva.
El Banco de Portugal, como regulador del sector, también rebatió las acusaciones del presidente del BPN y aseguró en otro comunicado que las irregularidades del banco fueron detectadas antes de que Cadilhe iniciara su actividad.
A principios de junio pasado, recuerda la institución, el Banco de Portugal decidió que el BPN presentase cuentas consolidadas con la inclusión de entidades antes omitidas.
Entre las omisiones contables del BPN estaban unas operaciones irregulares en su filial Banco Insular de Cabo Verde, comprado en 2002, que le llevaron al borde de la suspensión de pagos.
Tras la entrada de Cadilhe en el Consejo de Administración del BPN, el Banco de Portugal, según su comunicado, decidió poner en marcha una auditoría de los activos de la entidad.
El presidente del BPN anunció que seguirá en la entidad hasta que se consume su pasó al Estado, que tiene ya al banco bajo supervisión de dos directivos de la estatal Caixa Geral de Depósitos en tanto se decide su nacionalización, este miércoles, en el Parlamento, donde el Ejecutivo tiene mayoría absoluta.
Antes de la airada reacción de Cadilhe su banco dijo el lunes en una nota oficial que con la solución asumida por el Gobierno, el Banco de Portugal y la Caixa Geral aseguran plenamente la liquidez del BPN y con eso la salvaguarda de los depósitos de los clientes.
Sin embargo, la nacionalización, anunciada el domingo tras un inusual Consejo de Ministros, frustró, según reveló ahora el presidente del BPN, un aumento de capital de 300 millones de euros que quería realizar la entidad.
Es evidente que ningún accionista aceptaría inyectar capital el 31 de octubre para verlo nacionalizado el 2 de noviembre, subrayó al lamentar que la medida del Gobierno supondrá más costes para el Estado que la pedida por él, una suscripción de acciones preferenciales por 600 millones.
El BPN, que finalizó 2007 con unos activos líquidos de 8.025 millones de euros, tiene cerca de 230.000 clientes, una red de 213 sucursales, algunas de ellas en Francia, y posee el 80 por ciento del BPN Brasil Banco Múltiplo, con sede en Sao Paulo.
Para Cadilhe, que asumió la presidencia del banco en junio, fueron sus auditorías internas y no las del Banco de Portugal, las que revelaron los problemas de la entidad, que según el Gobierno estaba al borde de la quiebra por pérdidas de 700 millones de euros derivadas de operaciones en una filial africana de años anteriores.
El Ejecutivo también lamentó, en declaraciones divulgadas hoy, que el Gobierno optará por una medida desproporcionada, como la de nacionalizar el banco, y no por otras propuestas para superar la situación.
Pero, a raíz de las críticas de Cadilhe, el Ministerio luso de Finanzas emitió un comunicado en el que asegura que la opción para salvar el banco propuesta por la dirección del BPN era muy onerosa para los contribuyentes.
La entidad solicitó una inyección de 600 millones de euros, revela la nota, y eso implicaba que parte de las pérdidas existentes fuesen de inmediato asumidas por el Estado.
La situación de insolvencia del banco y su perspectiva de evolución -agrega el Ministerioera tal que la posibilidad del Estado de recuperar el importe de la ayuda era mínima, imponiendo a los contribuyentes un coste inaceptable.
El Ministerio critica además que una propuesta como esa fuera formulada por una directiva del BPN que encabeza un ex ministro de Finanzas, cargo que desempeñó Cadilhe entre 1985 y 1990, cuando era primer ministro el actual jefe de Estado, Anibal Cavaco Silva.
El Banco de Portugal, como regulador del sector, también rebatió las acusaciones del presidente del BPN y aseguró en otro comunicado que las irregularidades del banco fueron detectadas antes de que Cadilhe iniciara su actividad.
A principios de junio pasado, recuerda la institución, el Banco de Portugal decidió que el BPN presentase cuentas consolidadas con la inclusión de entidades antes omitidas.
Entre las omisiones contables del BPN estaban unas operaciones irregulares en su filial Banco Insular de Cabo Verde, comprado en 2002, que le llevaron al borde de la suspensión de pagos.
Tras la entrada de Cadilhe en el Consejo de Administración del BPN, el Banco de Portugal, según su comunicado, decidió poner en marcha una auditoría de los activos de la entidad.
El presidente del BPN anunció que seguirá en la entidad hasta que se consume su pasó al Estado, que tiene ya al banco bajo supervisión de dos directivos de la estatal Caixa Geral de Depósitos en tanto se decide su nacionalización, este miércoles, en el Parlamento, donde el Ejecutivo tiene mayoría absoluta.
Antes de la airada reacción de Cadilhe su banco dijo el lunes en una nota oficial que con la solución asumida por el Gobierno, el Banco de Portugal y la Caixa Geral aseguran plenamente la liquidez del BPN y con eso la salvaguarda de los depósitos de los clientes.
Sin embargo, la nacionalización, anunciada el domingo tras un inusual Consejo de Ministros, frustró, según reveló ahora el presidente del BPN, un aumento de capital de 300 millones de euros que quería realizar la entidad.
Es evidente que ningún accionista aceptaría inyectar capital el 31 de octubre para verlo nacionalizado el 2 de noviembre, subrayó al lamentar que la medida del Gobierno supondrá más costes para el Estado que la pedida por él, una suscripción de acciones preferenciales por 600 millones.
El BPN, que finalizó 2007 con unos activos líquidos de 8.025 millones de euros, tiene cerca de 230.000 clientes, una red de 213 sucursales, algunas de ellas en Francia, y posee el 80 por ciento del BPN Brasil Banco Múltiplo, con sede en Sao Paulo.
