Julio Fernández Gayoso, el que fuera todopoderoso presidente de Novacaixagalicia, tendrá que presentarse cada quince días en el juzgado más próximo a su domicilio según acordó ayer el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, atendiendo a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que también solicitó la retirada del pasaporte, aunque este extremo no fue atendido por el juez al considerar que existe 'arraigo social', lo que permite dudar de un intento de huida del país.
Fernández Gayoso ha sido el último de los exdirectivos de Novacaixagalicia en declarar por el caso de las prejubilaciones millonarias que pactaron tras su previsible salida de la entidad una vez que fue intervenida por el Banco de España. En su declaración ante el juez trató de exculparse de las decisiones que se tomaban en el día a día de la entidad, ya que su cargo 'no era ejecutivo', dando a entender con ello que sus funciones eran meramente representativas.
En esa misma línea apuntó en la toma de decisiones a José Luis Pego al tratarse del director general de la entidad. Sin embargo, sí reconoció que las indemnizaciones eran justas porque esos directivos habían sido 'los culpables del éxito de la caja', en alusión a una buena situación económica de Caixa Nova antes de la fusión con Caixa Galicia. También aseguró que fue esta última la que presentaba peores resultados que condicionaron el futuro de ambas entidades.
En cuanto a la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de haber pactado las indemnizaciones y no haberlas comunicado ni al Consejo de Administración ni al Banco de España, Fernández Gayoso, rechazó ambos extremos y explicó que en el caso del Consejo de Administración 'tenían la documentación a su alcance', mientras que en el Banco de España 'se remitió un dossier con todos los detalles'.
Es en este punto donde surgieron más discrepancias con la Fiscalía Anticorrupción que aseguró que el supuesto dossier o no existía o nunca llegó a su destino. La defensa de Gayoso trató de justificar que las retribuciones eran correctas amparándose en el silencio administrativo del supervisor bancario que nunca puso objeciones sobre la cuantía de las indemnizaciones. Sin embargo en este punto surgen muchas dudas por parte de la acusación particular que defiende tanto los intereses de los pequeños accionistas, como de los afectados por las preferentes y el propio FROB. Todos ellos creen que pudo haber comunicación al Banco de España sobre el proceso de prejubilaciones, pero que no se llegaron a dar detalles sobre la cuantía y los perceptores de la misma. En todo caso, volvió a escudarse de nuevo en el nombre de José Luis Pego que era quien intervenía en las comunicaciones con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En esa misma línea apuntó en la toma de decisiones a José Luis Pego al tratarse del director general de la entidad. Sin embargo, sí reconoció que las indemnizaciones eran justas porque esos directivos habían sido 'los culpables del éxito de la caja', en alusión a una buena situación económica de Caixa Nova antes de la fusión con Caixa Galicia. También aseguró que fue esta última la que presentaba peores resultados que condicionaron el futuro de ambas entidades.
En cuanto a la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de haber pactado las indemnizaciones y no haberlas comunicado ni al Consejo de Administración ni al Banco de España, Fernández Gayoso, rechazó ambos extremos y explicó que en el caso del Consejo de Administración 'tenían la documentación a su alcance', mientras que en el Banco de España 'se remitió un dossier con todos los detalles'.
Es en este punto donde surgieron más discrepancias con la Fiscalía Anticorrupción que aseguró que el supuesto dossier o no existía o nunca llegó a su destino. La defensa de Gayoso trató de justificar que las retribuciones eran correctas amparándose en el silencio administrativo del supervisor bancario que nunca puso objeciones sobre la cuantía de las indemnizaciones. Sin embargo en este punto surgen muchas dudas por parte de la acusación particular que defiende tanto los intereses de los pequeños accionistas, como de los afectados por las preferentes y el propio FROB. Todos ellos creen que pudo haber comunicación al Banco de España sobre el proceso de prejubilaciones, pero que no se llegaron a dar detalles sobre la cuantía y los perceptores de la misma. En todo caso, volvió a escudarse de nuevo en el nombre de José Luis Pego que era quien intervenía en las comunicaciones con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
