El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña admitió hoy el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) para la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, que confía en alcanzar un convenio anticipado de pago con sus acreedores. El auto judicial remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detalla que los acreedores de la compañía podrán dar a conocer a la administración concursal los créditos que les debe la inmobiliaria en el plazo de un mes a contar desde el próximo 1 de septiembre.
No obstante, la inmobiliaria confía en poder llevar a cabo el convenio anticipado, algo que, según la Ley Concursal, podría implicar una quita de hasta el 50 por ciento de su deuda y un plazo de espera para el pago de hasta 5 años.
El Juzgado ha designado como miembros de la administración concursal, que cuenta con dos meses a partir del 1 de septiembre para elaborar una memoria de la situación de la compañía, a la abogada Antonia Magdaleno Carmona -de la firma Broseta Abogados- y a Bankinter, en representación de los acreedores, mientras que el tercer administrador será designado por el supervisor bursátil.
En este sentido, el consejero delegado de Bankinter, Jaime Echegoyen, manifestó la intención de que la labor de la entidad en la administración concursal 'ayude al sector de la banca', que se ha visto afectado en algunos casos por la suspensión de pagos.
En esta situación se encuentra el Banco Popular, cuyo presidente, Angel Ron, reconoció hoy que no preveía que la inmobiliaria solicitara el concurso de acreedores de forma 'tan inmediata' y que, por ello, ha dotado provisiones en el primer semestre por 100 millones de euros.
Martinsa-Fadesa presentó el pasado 15 de julio la solicitud de concurso voluntario de acreedores para garantizar la continuidad de su proyecto empresarial y poder sanear la compañía, que cuenta con una deuda de 5.200 millones de euros y un patrimonio de 10.805 millones de euros.
La declaración de concurso ha sido aceptada porque, según el auto, la compañía se encuentra en 'estado de insolvencia inminente' como consecuencia de la drástica disminución de su actividad durante el presente ejercicio, dado el estancamiento del mercado inmobiliario.
En su razonamiento, el juez explica que la insolvencia 'no presupone la insuficiencia patrimonial para responder al pago de todas sus obligaciones, sino únicamente la imposibilidad de satisfacerlas a sus vencimientos'.
Por esta razón, aun cuando el patrimonio de Martinsa-Fadesa baste para cubrir la totalidad de su deuda, lo relevante para el juez ha sido determinar que en la situación actual la compañía no puede hacer los pagos comprometidos sin exponerse a 'ejecuciones singulares'.
No obstante, Martinsa-Fadesa aseguró hoy que 'seguirá trabajando, bajo la supervisión de la administración concursal designada' y que su intención es 'satisfacer todos y cada uno de los compromisos adquiridos con sus clientes'.
No en vano, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha pedido al Banco de España que tome 'las medidas necesarias para garantizar la obtención de la información precisada por los afectados, como los avales bancarios.
Los accionistas de la inmobiliaria, que también se han visto perjudicados por la suspensión de pagos dado que la cotización de la compañía fue suspendida, han pedido su vuelta al parqué una vez se pronuncien el juez y los acreedores.
Además de la sociedad matriz, seis de sus filiales también presentaron la solicitud de suspensión de pagos en el mismo juzgado, expedientes que podrían ser tramitados en la capital, si lo solicita el Juzgado de lo Mercantil número 5.
Es en este juzgado madrileño donde ha recaído la petición de concurso de tres sociedades del presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, a través de las que controla una participación del 44,46 por ciento de la inmobiliaria.
El Juzgado ha designado como miembros de la administración concursal, que cuenta con dos meses a partir del 1 de septiembre para elaborar una memoria de la situación de la compañía, a la abogada Antonia Magdaleno Carmona -de la firma Broseta Abogados- y a Bankinter, en representación de los acreedores, mientras que el tercer administrador será designado por el supervisor bursátil.
En este sentido, el consejero delegado de Bankinter, Jaime Echegoyen, manifestó la intención de que la labor de la entidad en la administración concursal 'ayude al sector de la banca', que se ha visto afectado en algunos casos por la suspensión de pagos.
En esta situación se encuentra el Banco Popular, cuyo presidente, Angel Ron, reconoció hoy que no preveía que la inmobiliaria solicitara el concurso de acreedores de forma 'tan inmediata' y que, por ello, ha dotado provisiones en el primer semestre por 100 millones de euros.
Martinsa-Fadesa presentó el pasado 15 de julio la solicitud de concurso voluntario de acreedores para garantizar la continuidad de su proyecto empresarial y poder sanear la compañía, que cuenta con una deuda de 5.200 millones de euros y un patrimonio de 10.805 millones de euros.
La declaración de concurso ha sido aceptada porque, según el auto, la compañía se encuentra en 'estado de insolvencia inminente' como consecuencia de la drástica disminución de su actividad durante el presente ejercicio, dado el estancamiento del mercado inmobiliario.
En su razonamiento, el juez explica que la insolvencia 'no presupone la insuficiencia patrimonial para responder al pago de todas sus obligaciones, sino únicamente la imposibilidad de satisfacerlas a sus vencimientos'.
Por esta razón, aun cuando el patrimonio de Martinsa-Fadesa baste para cubrir la totalidad de su deuda, lo relevante para el juez ha sido determinar que en la situación actual la compañía no puede hacer los pagos comprometidos sin exponerse a 'ejecuciones singulares'.
No obstante, Martinsa-Fadesa aseguró hoy que 'seguirá trabajando, bajo la supervisión de la administración concursal designada' y que su intención es 'satisfacer todos y cada uno de los compromisos adquiridos con sus clientes'.
No en vano, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha pedido al Banco de España que tome 'las medidas necesarias para garantizar la obtención de la información precisada por los afectados, como los avales bancarios.
Los accionistas de la inmobiliaria, que también se han visto perjudicados por la suspensión de pagos dado que la cotización de la compañía fue suspendida, han pedido su vuelta al parqué una vez se pronuncien el juez y los acreedores.
Además de la sociedad matriz, seis de sus filiales también presentaron la solicitud de suspensión de pagos en el mismo juzgado, expedientes que podrían ser tramitados en la capital, si lo solicita el Juzgado de lo Mercantil número 5.
Es en este juzgado madrileño donde ha recaído la petición de concurso de tres sociedades del presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, a través de las que controla una participación del 44,46 por ciento de la inmobiliaria.
