Al menos cuatro autonomías -Andalucía, Canarias, País Vasco y Castilla y León- se oponen al copago que los pacientes graves o crónicos no ingresados deberán abonar desde el 1 de octubre por medicamentos dispensados en hospitales. Con esta medida publicada el jueves en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Sanidad establece que los pacientes no ingresados en hospitales deberán asumir desde el 1 de octubre una aportación por los fármacos dispensados en las farmacias de los centros para tratar enfermedades como la hepatitis C, varios tipos de cáncer o el VIH, entre otras, con un máximo de 4,2 euros por envase.
La Junta de Andalucía -gobernada por PSOE e IU- tuvo conocimiento de ello por el BOE, según su presidenta, Susana Díaz, que se mostró en desacuerdo con que el coste adicional 'lo sufran los ciudadanos'. Entre las comunidades que opinaron hasta ahora, también Canarias lo rechaza y lo interpreta como una 'imposición'.
El consejero vasco de Salud, Jon Darpón (PNV), lo cree por su parte 'inadecuado', estudia medidas para no aplicarlo y lamenta que no se informara a las comunidades.
Mientras, desde la Consellería de Sanidad gallega se señaló ayer que la medida forma parte de la reforma de 2012 para garantizar el sistema nacional de salud y que se está trabajando para determinar la fecha de entrada en vigor.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), se dirigirá pro su parte al Gobierno central para que 'no llegue a aplicarse' la medida; mientras Madrid lo aplicará como medida que se acordó en el Congreso en abril de 2012, según un portavoz de la Consejería de Sanidad. El Gobierno catalán lo acepta, aunque anuncia que estudiará 'mecanismos' para que no suponga una barrera para ningún paciente.
Desde los partidos, el líder del PSOE, Pérez Rubalcaba lo tacha de 'crueldad impensable, brutal e incomprensible e injusto'. Profesionales del ámbito sanitario, pacientes y organizaciones sociales mostraron también su rechazo.
El consejero vasco de Salud, Jon Darpón (PNV), lo cree por su parte 'inadecuado', estudia medidas para no aplicarlo y lamenta que no se informara a las comunidades.
Mientras, desde la Consellería de Sanidad gallega se señaló ayer que la medida forma parte de la reforma de 2012 para garantizar el sistema nacional de salud y que se está trabajando para determinar la fecha de entrada en vigor.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), se dirigirá pro su parte al Gobierno central para que 'no llegue a aplicarse' la medida; mientras Madrid lo aplicará como medida que se acordó en el Congreso en abril de 2012, según un portavoz de la Consejería de Sanidad. El Gobierno catalán lo acepta, aunque anuncia que estudiará 'mecanismos' para que no suponga una barrera para ningún paciente.
Desde los partidos, el líder del PSOE, Pérez Rubalcaba lo tacha de 'crueldad impensable, brutal e incomprensible e injusto'. Profesionales del ámbito sanitario, pacientes y organizaciones sociales mostraron también su rechazo.
