El pleno del Tribunal Constitucional suspendió ayer de forma cautelar el decreto andaluz sobre desahucios, que autoriza la expropiación temporal de inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
La suspensión fue adoptada por el tribunal al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central al considerar que vulnera el derecho a la propiedad de la vivienda.
Desde que el decreto de la función pública de la vivienda entró en vigor el 12 de abril, la Junta andaluza inició los expedientes de expropiación temporal de diez viviendas a los bancos: cuatro para familias de Málaga, dos de Granada, dos de Huelva y uno de Sevilla y de Cádiz, según la consejería de Fomento y Vivienda.
La decisión paraliza la aplicación de este decreto al menos cinco meses, durante el tiempo que necesiten para tramitar sus alegaciones los gobiernos central y autonómico. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impone que el tribunal de garantías constitucionales deba decidir si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, levantarla.
Por tanto, aunque la suspensión es cautelar, podría extenderse hasta que el TC resuelva sobre el fondo del recurso, es decir, la legalidad de este decreto.
En la providencia notificada ayer, el pleno del TC da traslado de su decisión a la comunidad de Andalucía para que en el plazo de 15 días se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas. Conforme a la legislación, dio también traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso, al Senado y al Parlamento de Andalucía.
Además de la expropiación, el decreto andaluz prevé sanciones para viviendas vacías en caso de pertenecer a personas jurídicas e incentivos para que las alquilen si son personas físicas.
Desde que el decreto de la función pública de la vivienda entró en vigor el 12 de abril, la Junta andaluza inició los expedientes de expropiación temporal de diez viviendas a los bancos: cuatro para familias de Málaga, dos de Granada, dos de Huelva y uno de Sevilla y de Cádiz, según la consejería de Fomento y Vivienda.
La decisión paraliza la aplicación de este decreto al menos cinco meses, durante el tiempo que necesiten para tramitar sus alegaciones los gobiernos central y autonómico. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impone que el tribunal de garantías constitucionales deba decidir si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, levantarla.
Por tanto, aunque la suspensión es cautelar, podría extenderse hasta que el TC resuelva sobre el fondo del recurso, es decir, la legalidad de este decreto.
En la providencia notificada ayer, el pleno del TC da traslado de su decisión a la comunidad de Andalucía para que en el plazo de 15 días se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas. Conforme a la legislación, dio también traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso, al Senado y al Parlamento de Andalucía.
Además de la expropiación, el decreto andaluz prevé sanciones para viviendas vacías en caso de pertenecer a personas jurídicas e incentivos para que las alquilen si son personas físicas.
