El Consejo de Ministros derogó la anterior normativa en materia de agua y aprobó un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma 'íntegramente' la gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión 'mucho más eficiente en materia de agua'.
Según informó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado 'para evitar duplicidades y solapamientos', el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador, ya que, según insistió esta ha sido 'siempre' una competencia del Estado. En este sentido, la vicepresidenta manifestó que se trata de 'no multiplicar costes por 3, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado'.
Por otro lado,Santamaría explicó que el Real Decreto Ley que modifica la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad con el objetivo de unificar las distintas figuras protectoras y mecanismos de planificación para la gestión de los espacios protegidos y de la Red Natura 2000, para que los usuarios y municipios 'tengan claras' las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para 'simplificar y reducir' las cargas administrativas que estaban provocando 'incertidumbre e inseguridad' en la aplicación de la norma. Concretamente las principales modificaciones son las relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar 'imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas' de la normativa.
También adapta la normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.
Por otro lado,Santamaría explicó que el Real Decreto Ley que modifica la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad con el objetivo de unificar las distintas figuras protectoras y mecanismos de planificación para la gestión de los espacios protegidos y de la Red Natura 2000, para que los usuarios y municipios 'tengan claras' las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para 'simplificar y reducir' las cargas administrativas que estaban provocando 'incertidumbre e inseguridad' en la aplicación de la norma. Concretamente las principales modificaciones son las relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar 'imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas' de la normativa.
También adapta la normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.
