El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha advertido de que cualquier proyecto soberanista o que propugne la 'ruptura de España' debe tener en cuenta que la soberanía nacional reside en el pueblo español 'en su conjunto' y no puede ser 'fragmentado por territorios'.
'España no es una nación de territorios, sino de ciudadanos y el ejercicio del principio de la soberanía nacional debe ser ejercido por los ciudadanos y no por los territorios', ha afirmado el ministro de Justicia en los Cursos de Verano de Aranjuez organizados por la Universidad Rey Juan Carlos después de que el Concert per la Llibertad congregara este fin de semana a más de 90.000 personas en el Camp Nou.
En este sentido, Gallardón ha manifestado que plantear una posible reforma constitucional es legítimo siempre y cuando no rompa 'la esencia misma de la Constitución, es decir la nación española'. 'La realidad de España es anterior a la propia Constitución', ha dicho.
El titular de Justicia ha denunciado también que esas 'alternativas rupturistas' cuestionan otros principios como es la propia unidad del Poder Judicial. En este sentido, ha reconocido su preocupación por el hecho de que partidos, que tienen 'acreditada en su historia una defensa del Estado español', crean que este sería 'viable si fragmentamos el gobierno del Poder Judicial y agotásemos las instancias judiciales en las comunidades autónomas'.
Sin citar expresamente al PSOE, Gallardón ha manifestado su 'alta preocupación' porque partidos que no tienen carácter soberanista o nacionalista, sino 'proyectos para toda España', estén empezando a asumir un discurso que pasa por la creación de Consejos de Justicia autonómicos. 'Es extremadamente preocupante', ha remachado.
INCONSTITUCIONAL QUE TSJ SEAN LA ÚLTIMA INSTANCIA
En todo caso, Gallardón ha hecho hincapié en que la Constitución determina la existencia de 'un poder Judicial para todo el Estado' y ha asegurado que todas las reformas que emprenda el Gobierno en materia de Justicia irán encaminadas al 'fortalecimiento' del Tribunal Supremo. 'Sería peligroso que los Tribunales Superiores de Justicia sean la última instancia judicial en cada comunidad autónoma y que el Tribunal Supremo pierda su capacidad de modificar resoluciones judiciales', ha añadido.
El responsable de Justicia ha explicado que España es un Estado autonómico en lo que afecta al poder ejecutivo y al parlamentario, pero no al judicial, y ha advertido de que los discursos que propugnen poderes judiciales autonómicos son 'contrarios a la Constitución'.
Además de mostrar su preocupación por una reciente iniciativa parlamentaria propuesta por Unión Progreso y Democracia (UpyD) que 'identificaba' el aforamiento como un 'privilegio', Gallardón ha reflexionado sobre las 'fortalezas' de España.
En este punto, ha hecho mención a la cantidad de sumarios abiertos sobre casos de corrupción, para defender que ello 'debe provocar un análisis crítico sobre el grado de compromiso con los valores éticos' pero también refleja que 'el sistema judicial está funcionando y que tenemos un sistema de respuesta del Estado de Derecho frente a cualquier vulneración de la legalidad'.
A su juicio, en una época de 'incertidumbres e inseguridades' se valoran poco los activos del país y el descontento 'puede generar una manifestación de un espíritu crítico que es saludable', pero que corre el riesgo de conducir a una desconfianza de carácter general.
Por ello, el ministro ha querido reivindicar el funcionamiento de las instituciones - 'han sobrevivido a épocas de bonanza pero también de dificultad'- frente a los discursos 'populistas o pesimistas' y ha indicado que The Economist situaba hace seis años a España a la cabeza de los países con mayor calidad democrática y ahora la deja a la altura de Grecia, Italia o Portugal. '¿Se equivocaba antes o ahora?.¿Es España la historia de un fracaso? ¿Han sido los últimos 35 años un espejismo?', se ha preguntado, para rechazar 'dar pábulo a ese pesimismo'.
'Tenemos que legislar con vocación de permanencia semejante a la de los legisladores del siglo XIX', ha afirmado el ministro de Justicia, tras la intervención del presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, en el marco del curso 'Crisis del modelo de Estado: crisis económica y crisis de la Justicia'.
CARGA DE TRABAJO DE LOS JUECES MULTIPLICADA POR 400
El presidente de la APM, conservadora y mayoritaria en la Carrera Judicial, ha afirmado que la crisis de la Justicia 'no deriva de la crisis económica' ni 'ha sido generada por el actual Gobierno o el equipo ministerial que dirige Alberto Ruiz Gallardón'. 'Venimos reclamando la reforma estructural desde hace 30 años y no puede posponerse', ha dicho.
En todo caso, Llarena ha manifestado que el aumento de medios no ha hecho descender el número de asuntos pendientes en los tribunales y ha avisado de que 'un juez afronta hoy en día una carga de trabajo que es un 400% superior a la soportada hace tres décadas'.
En su opinión, es necesaria una modernización de los recursos electrónicos, poner freno a un orden penal 'desbordado', garantizar la ejecución de las sentencias y terminar con un 'Poder Judicial ejercido de forma interina'. 'No podemos admitir que todos los asuntos judiciales agoten la totalidad de las instancias', ha concluido.
En este sentido, Gallardón ha manifestado que plantear una posible reforma constitucional es legítimo siempre y cuando no rompa 'la esencia misma de la Constitución, es decir la nación española'. 'La realidad de España es anterior a la propia Constitución', ha dicho.
El titular de Justicia ha denunciado también que esas 'alternativas rupturistas' cuestionan otros principios como es la propia unidad del Poder Judicial. En este sentido, ha reconocido su preocupación por el hecho de que partidos, que tienen 'acreditada en su historia una defensa del Estado español', crean que este sería 'viable si fragmentamos el gobierno del Poder Judicial y agotásemos las instancias judiciales en las comunidades autónomas'.
Sin citar expresamente al PSOE, Gallardón ha manifestado su 'alta preocupación' porque partidos que no tienen carácter soberanista o nacionalista, sino 'proyectos para toda España', estén empezando a asumir un discurso que pasa por la creación de Consejos de Justicia autonómicos. 'Es extremadamente preocupante', ha remachado.
INCONSTITUCIONAL QUE TSJ SEAN LA ÚLTIMA INSTANCIA
En todo caso, Gallardón ha hecho hincapié en que la Constitución determina la existencia de 'un poder Judicial para todo el Estado' y ha asegurado que todas las reformas que emprenda el Gobierno en materia de Justicia irán encaminadas al 'fortalecimiento' del Tribunal Supremo. 'Sería peligroso que los Tribunales Superiores de Justicia sean la última instancia judicial en cada comunidad autónoma y que el Tribunal Supremo pierda su capacidad de modificar resoluciones judiciales', ha añadido.
El responsable de Justicia ha explicado que España es un Estado autonómico en lo que afecta al poder ejecutivo y al parlamentario, pero no al judicial, y ha advertido de que los discursos que propugnen poderes judiciales autonómicos son 'contrarios a la Constitución'.
Además de mostrar su preocupación por una reciente iniciativa parlamentaria propuesta por Unión Progreso y Democracia (UpyD) que 'identificaba' el aforamiento como un 'privilegio', Gallardón ha reflexionado sobre las 'fortalezas' de España.
En este punto, ha hecho mención a la cantidad de sumarios abiertos sobre casos de corrupción, para defender que ello 'debe provocar un análisis crítico sobre el grado de compromiso con los valores éticos' pero también refleja que 'el sistema judicial está funcionando y que tenemos un sistema de respuesta del Estado de Derecho frente a cualquier vulneración de la legalidad'.
A su juicio, en una época de 'incertidumbres e inseguridades' se valoran poco los activos del país y el descontento 'puede generar una manifestación de un espíritu crítico que es saludable', pero que corre el riesgo de conducir a una desconfianza de carácter general.
Por ello, el ministro ha querido reivindicar el funcionamiento de las instituciones - 'han sobrevivido a épocas de bonanza pero también de dificultad'- frente a los discursos 'populistas o pesimistas' y ha indicado que The Economist situaba hace seis años a España a la cabeza de los países con mayor calidad democrática y ahora la deja a la altura de Grecia, Italia o Portugal. '¿Se equivocaba antes o ahora?.¿Es España la historia de un fracaso? ¿Han sido los últimos 35 años un espejismo?', se ha preguntado, para rechazar 'dar pábulo a ese pesimismo'.
'Tenemos que legislar con vocación de permanencia semejante a la de los legisladores del siglo XIX', ha afirmado el ministro de Justicia, tras la intervención del presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, en el marco del curso 'Crisis del modelo de Estado: crisis económica y crisis de la Justicia'.
CARGA DE TRABAJO DE LOS JUECES MULTIPLICADA POR 400
El presidente de la APM, conservadora y mayoritaria en la Carrera Judicial, ha afirmado que la crisis de la Justicia 'no deriva de la crisis económica' ni 'ha sido generada por el actual Gobierno o el equipo ministerial que dirige Alberto Ruiz Gallardón'. 'Venimos reclamando la reforma estructural desde hace 30 años y no puede posponerse', ha dicho.
En todo caso, Llarena ha manifestado que el aumento de medios no ha hecho descender el número de asuntos pendientes en los tribunales y ha avisado de que 'un juez afronta hoy en día una carga de trabajo que es un 400% superior a la soportada hace tres décadas'.
En su opinión, es necesaria una modernización de los recursos electrónicos, poner freno a un orden penal 'desbordado', garantizar la ejecución de las sentencias y terminar con un 'Poder Judicial ejercido de forma interina'. 'No podemos admitir que todos los asuntos judiciales agoten la totalidad de las instancias', ha concluido.
