El Grupo Popular en el Congreso terminó cediendo a la presión que ejercieron durante todo el día de ayer los portavoces de las asociaciones promotoras de una iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago para frenar los desahucios y de las peticiones de los grupos de la oposición para que el PP reconsiderara su anunciada negativa a esta propuesta.
Una jornada que estuvo marcada, no sólo por las presiones sociales, ya que varios cientos de personas se congregaron frente al Congreso para pedir al Pleno que aceptara debatir la iniciativa al grito de 'sinvergüenzas' o 'ladrones', si no que también hubo que lamentar el suicidio de un matrimonio de jubilados en Mallorca tras recibir el aviso de que iban a ser desahuciados, según consta en una carta que dejaron escrita.
Fue uno de los hijos del matrimonio quien encontró sin vida al hombre, de 68 años, y a su esposa, de 67, en su vivienda en el municipio de Calvià y avisó a los servicios de emergencias. Según los primeros indicios, los jubilados se quitaron la vida mediante una ingesta masiva de medicamentos, aunque como es preceptivo se les practicará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.
Asimismo, ayer la plataforma Stop Desahucios de Vizcaya atribuyó el suicidio de un hombre de 56 años, el pasado lunes, a que iba a ser desalojado de su vivienda para ser subastada. Las fuentes señalaron que la víctima estaba 'desesperada' porque le habían cortado la luz, el gas y el agua. Aunque desde el Ayuntamiento de Basauri confirmaron que no tienen constancia de que el caso pueda estar relacionado con un desahucio.
LUZ VERDE
Finalmente, la iniciativa legislativa popular (ILP), promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y que entró en la Cámara con casi millón y medio de firmas, para implantar la dación en pago retroactiva y paralizar las ejecuciones hipotecarias recibió el apoyo (333 votos a favor y una abstención) para ser tramitada en el Congreso de todos los grupos incluido el PP, que en el último momento cambió el sentido de su voto. Según explicó el portavoz del grupo popular, Alfonso Alonso, el cambio en el voto se produjo tras constatar con el presidente de Congreso, Jesús Posada, y los servicios jurídicos de la Cámara, que era posible agilizar los plazos parlamentarios para dar cabida a las demandas de la ILP. Esta decisión supone un giro de 180 grados y desde el PP negaron que tenga relación con el suicidio de Mallorca.
Al conocerse el cambio en el voto del grupo popular, los centenares de personas que estaban concentradas en la puerta del Congreso acogieron con júbilo la noticia al grito de 'Si se puede'. Dentro del hemiciclo, los miembros de las asociaciones que promovieron la iniciativa estallaron también en gritos de 'Sí se puede' e insultos como 'sinvergüenzas' o 'ladrones' tras la intervención del diputado del PP. El presidente de la Cámara ordenó entonces su desalojo, varios de ellos fueron retenidos y uno de ellos fue detenido.
A pesar de la admisión a trámite de la iniciativa, previsiblemente su contenido no saldrá adelante tal y como está formulado, ya que el PP, que tiene mayoría absoluta en el Congreso, no lo comparte.
La ILP apuesta por que la dación en pago de la vivienda extinga toda la deuda con la entidad y que pueda efectuarse de forma retroactiva y pide una paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria, y no sólo de la fase de desalojo, como recoge el real decreto aprobado por el Gobierno en noviembre pasado.
Por último, pide que el afectado por un desalojo pueda continuar en su vivienda como arrendatario durante cinco años pagando una renta que no supere el 30% de los ingresos mensuales del arrendatario.
Fue uno de los hijos del matrimonio quien encontró sin vida al hombre, de 68 años, y a su esposa, de 67, en su vivienda en el municipio de Calvià y avisó a los servicios de emergencias. Según los primeros indicios, los jubilados se quitaron la vida mediante una ingesta masiva de medicamentos, aunque como es preceptivo se les practicará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.
Asimismo, ayer la plataforma Stop Desahucios de Vizcaya atribuyó el suicidio de un hombre de 56 años, el pasado lunes, a que iba a ser desalojado de su vivienda para ser subastada. Las fuentes señalaron que la víctima estaba 'desesperada' porque le habían cortado la luz, el gas y el agua. Aunque desde el Ayuntamiento de Basauri confirmaron que no tienen constancia de que el caso pueda estar relacionado con un desahucio.
LUZ VERDE
Finalmente, la iniciativa legislativa popular (ILP), promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y que entró en la Cámara con casi millón y medio de firmas, para implantar la dación en pago retroactiva y paralizar las ejecuciones hipotecarias recibió el apoyo (333 votos a favor y una abstención) para ser tramitada en el Congreso de todos los grupos incluido el PP, que en el último momento cambió el sentido de su voto. Según explicó el portavoz del grupo popular, Alfonso Alonso, el cambio en el voto se produjo tras constatar con el presidente de Congreso, Jesús Posada, y los servicios jurídicos de la Cámara, que era posible agilizar los plazos parlamentarios para dar cabida a las demandas de la ILP. Esta decisión supone un giro de 180 grados y desde el PP negaron que tenga relación con el suicidio de Mallorca.
Al conocerse el cambio en el voto del grupo popular, los centenares de personas que estaban concentradas en la puerta del Congreso acogieron con júbilo la noticia al grito de 'Si se puede'. Dentro del hemiciclo, los miembros de las asociaciones que promovieron la iniciativa estallaron también en gritos de 'Sí se puede' e insultos como 'sinvergüenzas' o 'ladrones' tras la intervención del diputado del PP. El presidente de la Cámara ordenó entonces su desalojo, varios de ellos fueron retenidos y uno de ellos fue detenido.
A pesar de la admisión a trámite de la iniciativa, previsiblemente su contenido no saldrá adelante tal y como está formulado, ya que el PP, que tiene mayoría absoluta en el Congreso, no lo comparte.
La ILP apuesta por que la dación en pago de la vivienda extinga toda la deuda con la entidad y que pueda efectuarse de forma retroactiva y pide una paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria, y no sólo de la fase de desalojo, como recoge el real decreto aprobado por el Gobierno en noviembre pasado.
Por último, pide que el afectado por un desalojo pueda continuar en su vivienda como arrendatario durante cinco años pagando una renta que no supere el 30% de los ingresos mensuales del arrendatario.
