El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, no comparecerá en el Congreso para explicar sus polémicos viajes a Marbella, tal y como solicitaron el PSOE y el grupo de la Izquierda Plural, pero en cambio sí lo hará el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
Así lo acordó ayer la Mesa del Congreso, órgano encargado de calificar las peticiones de comparecencia que tramitan los grupos y que por seis votos en contra (PP y CiU) y tres a favor (PSOE), desestimó la presencia de Carlos Dívar, informó la vicepresidenta primera de la Cámara, Celia Villalobos. El rechazo a tramitar este requerimiento se decidió porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucioanl sobre comparecencias del presidente del CGPJ establece que el Congreso 'no es competente' para 'controlar' la organización interna del órgano de gobierno de los jueces y magistrados, según la vicepresidenta.
Por su parte, el vicepresidente segundo, Javier Barrero, lamentó que no se atendiera la solicitud del PSOE, que a su juicio tenía 'toda la razón de ser' porque con ella los socialistas pretendían que Dívar informara de la 'ejecución presupuestaria' de los fondos del CGPJ, cuyos presupuestos aprueba el Parlamento.
'En la democracia existen tres poderes, ninguno está por encima de ninguno y hay que respetar la comparecencia y la autonomía de cada uno de ellos', enfatizó Celia Villalobos. También señaló que la Cámara Baja carece de competencias para exigir a Dívar que explique las 'cuentas internas' del CGPJ y ha asegurado que así lo establece la Ley Orgánica que regula este órgano.
EL PSOE IRÁ AL CONSTITUCIONAL
La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, anunció ayer que su partido está dispuesto a recurrir en amparo al Tribunal Constitucional si el PP no rectifica en la Mesa de la Cámara Baja el veto a su solicitud de comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, a raíz de la denuncia por malversación de fondos públicas en la institución.
Para ello, esgrimirán los antecedentes del propio tribunal, que ya dictó una sentencia en el año 2003 que avalaba la legalidad de este tipo de comparecencias en el ámbito de la colaboración institucional entre el poder legislativo y el judicial. Una sentencia que, a su juicio, es 'absolutamente clara en sus términos'. Además, recordó que tanto el propio Dívar como su antecesor en el cargo, Francisco José Hernando, acudieron en el pasado al Congreso en respuesta a algunas solicitudes de comparecencia presentadas por los grupos parlamentarios.
Mientras tanto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dio ayer por ratificada la querella que la asociación de juristas Preeminencia del Derecho presentó contra Dívar. Fuentes del alto tribunal señalaron que, tras darse por enterada de la transformación en querella de la denuncia inicialmente interpuesta por estos hechos, la Sala de lo Penal solicitó formalmente a la Fiscalía General del Estado que le remita toda la documentación sobre este asunto.
Por su parte, el vicepresidente segundo, Javier Barrero, lamentó que no se atendiera la solicitud del PSOE, que a su juicio tenía 'toda la razón de ser' porque con ella los socialistas pretendían que Dívar informara de la 'ejecución presupuestaria' de los fondos del CGPJ, cuyos presupuestos aprueba el Parlamento.
'En la democracia existen tres poderes, ninguno está por encima de ninguno y hay que respetar la comparecencia y la autonomía de cada uno de ellos', enfatizó Celia Villalobos. También señaló que la Cámara Baja carece de competencias para exigir a Dívar que explique las 'cuentas internas' del CGPJ y ha asegurado que así lo establece la Ley Orgánica que regula este órgano.
EL PSOE IRÁ AL CONSTITUCIONAL
La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, anunció ayer que su partido está dispuesto a recurrir en amparo al Tribunal Constitucional si el PP no rectifica en la Mesa de la Cámara Baja el veto a su solicitud de comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, a raíz de la denuncia por malversación de fondos públicas en la institución.
Para ello, esgrimirán los antecedentes del propio tribunal, que ya dictó una sentencia en el año 2003 que avalaba la legalidad de este tipo de comparecencias en el ámbito de la colaboración institucional entre el poder legislativo y el judicial. Una sentencia que, a su juicio, es 'absolutamente clara en sus términos'. Además, recordó que tanto el propio Dívar como su antecesor en el cargo, Francisco José Hernando, acudieron en el pasado al Congreso en respuesta a algunas solicitudes de comparecencia presentadas por los grupos parlamentarios.
Mientras tanto, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dio ayer por ratificada la querella que la asociación de juristas Preeminencia del Derecho presentó contra Dívar. Fuentes del alto tribunal señalaron que, tras darse por enterada de la transformación en querella de la denuncia inicialmente interpuesta por estos hechos, la Sala de lo Penal solicitó formalmente a la Fiscalía General del Estado que le remita toda la documentación sobre este asunto.
