Tres de los dieciséis militantes que tuvieron tarjetas opacas ya se han dado de baja del partido de forma voluntaria, aunque entre ellos no está Rato,
El Comité de Derechos y Garantías del PP, que abrió expedientes informativos a los dieciséis militantes que utilizaron estas tarjetas se ha reunido esta tarde para tratar este asunto, y ha designado al diputado Francisco Molinero Hoyos instructor de la investigación.
Además, el partido ha asegurado en un comunicado que el instructor practicará "de manera inmediata" las diligencias oportunas "con todos" los afiliados a los que afecte dicho expediente, entre los que se encuentra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, que fue vicepresidente en el Gobierno de José María Aznar.
Tres de los dieciséis militantes que tuvieron tarjetas opacas ya se han dado de baja del partido de forma voluntaria, aunque entre ellos no está Rato, quien no va a entregar en principio su carné del partido y antes quiere dar su versión de lo sucedido.
Mañana tendrá la oportunidad de hacerlo ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al que previsiblemente trasladará que cuando él llegó a Caja Madrid, las tarjetas para gastos personales, complementarias a las profesionales, llevaban años utilizándose.
Entendió así que eran un complemento a su sueldo por el que la entidad aplicaba las retenciones fiscales oportunas, por lo que jamás pensó que fueran opacas para el fisco, ya que se trataba de tarjetas en las que quedaban registrados todos los movimientos.
Se da la circunstancia además de que cuando renunció a la presidencia de Bankia, en mayo de 2012, la entregó y ya ha devuelto a esta entidad los gastos asumidos, un total de 54.837 euros.
Pese a que no ha habido una decisión inmediata sobre la expulsión de los afiliados populares, ya que antes se va a escuchar sus alegaciones, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que el Gobierno "será implacable" y ha advertido en alusión a Rato que "quien la ha hecho, la paga".
En la misma línea se han pronunciado otros dirigentes populares como el presidente del Congreso, Jesús Posada, quien no obstante ha defendido que el PP siga los pasos habituales antes de tomar una decisión "a toda velocidad" sobre sus militantes, porque según ha subrayado dicha decisión será "fundada".
Mañana también deberá dar cuenta de sus gastos -que ascienden a más de 436.700 euros- ante el juez el antecesor de Rato en Caja Madrid, Miguel Blesa, quien según ha podido saber Efe tratará de explicar al magistrado como esta práctica ya existía desde que la implantara en 1988 el anterior presidente de la entidad, Jaime Terceiro.
En esa fecha ya trabajaba para la entidad su "mano derecha" y ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, a quien el informe de Bankia que destapó el escándalo, apuntaba directamente al asegurar que dependían de su dirección.
No obstante, Sánchez Barcoj, que será el primero en declarar ante el juez Andreu, explicó en un burofax remitido a la Fundación Caja Madrid en el que mostraba su disposición a devolver el dinero sufragado por la caja, que en última instancia las visas estaban bajo control de la presidencia, poniendo así el foco en Blesa.
El exdirectivo ha consignado en el Juzgado de Andreu un cheque por importe de 484.200 euros acompañado de un escrito en el que se desvincula tanto de la creación como de la gestión de las tarjetas porque ya existían desde la década de los ochenta, y que en todo caso supuso un complemento "muy poco significativo" a su salario.
Y es que mientras el escándalo sigue provocando dimisiones, como la de ayer de la consejera de Jazztel Elena Gil, los expertos jurídicos contratados por la Fundación Caja Madrid han concluido que no pueden reclamar las cantidades gastadas, aunque el FROB sí que está dispuesto a pedir que se devuelvan cuanto antes.
Siempre y cuando "el juez determine que se han cobrado de manera indebida", ha apuntado Rajoy en su primera intervención sobre el asunto en el Congreso, donde ha insistido en que fue el Gobierno a través del fondo de rescate español que los "comportamientos inadmisibles" de los exresponsables de Caja Madrid ya están en los tribunales.
Todo ello sin que tampoco esté claro que pueda acusarse a todos los usuarios de delito fiscal, puesto que las cantidades gastadas son inferiores a 120.000 euros y es posible que Hacienda solo pueda investigar los ejercicios fiscales que no han prescrito.
No obstante, el departamento que dirige Cristóbal Montoro llevará su inspección "hasta el final" porque se trata de una práctica "despreciable", en palabras de la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás.
