La reforma de los ayuntamientos y la mejora de su financiación enfrentan al Gobierno y al PSOE, tras el drástico rechazo de este partido a la propuesta de Hacienda por considerar que pretende la intervención encubierta de los consistorios y la privatización de sus servicios.
Sin embargo, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, que también presenta alegaciones al documento gubernamental, la posición es más optimista e incluso conciliadora y su vicepresidente segundo Fernando Martínez Maíllo, aseguró que hay 'un amplio margen para el acuerdo'.
La propuesta del Gobierno, con la que el Ejecutivo pretende el ahorro de 3.500 millones de euros por la eliminación de las denominadas competencias impropias, choca de plano con los socialistas que aprecian en el texto una clara intención de 'desmantelamiento' de los servicios públicos. Por ello, el PSOE ultima un documento que el miércoles presentará al Ministerio de Hacienda y en el que abogan por una negociación paralela con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y un reparto competencial 'actualizado' en tiempo y forma.
El texto, presentado por el Gobierno y elaborado por un grupo de expertos del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, plantea que los municipios puedan 'someter a evaluación sus servicios para ajustarlos al principio de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades administrativas'. Si tras esta evaluación 'no pueden mantenerse servicios, el ayuntamiento deberá ordenar su supresión si se trata de actividades económicas y privatizarlos si son servicios obligatorios, siempre y cuando no realicen funciones públicas'.
La propuesta del Gobierno, con la que el Ejecutivo pretende el ahorro de 3.500 millones de euros por la eliminación de las denominadas competencias impropias, choca de plano con los socialistas que aprecian en el texto una clara intención de 'desmantelamiento' de los servicios públicos. Por ello, el PSOE ultima un documento que el miércoles presentará al Ministerio de Hacienda y en el que abogan por una negociación paralela con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y un reparto competencial 'actualizado' en tiempo y forma.
El texto, presentado por el Gobierno y elaborado por un grupo de expertos del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, plantea que los municipios puedan 'someter a evaluación sus servicios para ajustarlos al principio de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades administrativas'. Si tras esta evaluación 'no pueden mantenerse servicios, el ayuntamiento deberá ordenar su supresión si se trata de actividades económicas y privatizarlos si son servicios obligatorios, siempre y cuando no realicen funciones públicas'.
