El puesto de presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) lleva más de dos años vacante. Antonio González Nieto ocupa esa plaza en funciones y, tras esa situación de interinidad, la situación podría cambiar en cuestión de días o semanas. No esconde su deseo de ser ratificado en el cargo.
La trayectoria y la experiencia son los mejores avales para Antonio González Nieto en sus pretensiones de ser ratificado al frente del primer órgano judicial de Galicia, decisión que de paso acabaría con una atípica etapa de interinado en una institución tan importante. El apoyo de sus compañeros le anima a expresar su deseo de jubilarse ratificado, y no interino. Nombrado como presidente de la sala de lo Social por antigüedad, fue renovado con una moción de confianza en la que tuvo 14 votos a favor de un total de 19. En todo caso, tiene confianza en una pronta solución.
Su discurso de apertura del año judicial definía como moderadamente positiva la situación de la justicia en Galicia, pero demandaba la creación de nuevas unidades judiciales. ¿Cuáles son las prioritarias?
Las necesidades se fijaron en una reunión del pleno de la Sala de Gobierno, que señaló como prioritarias tres plazas en el TSXG, dos en la sala de lo Contencioso y otra en la de lo Social. También destaca la necesidad de un nuevo juzgado de Primera Instancia en Vigo, uno de lo Social y otro Mercantil en A Coruña, así como nuevas unidades en Sarria, Betanzos y Tui. Esas son las nueve prioritarias, pero también se ha planteado la posibilidad de una décima plaza condicionada en Vilagarcía.
¿Y los juzgados específicos para casos de violencia machista?
Siempre fui partidario de que, aparte de los dos juzgados de Vigo y A Coruña, se creasen estas unidades en las principales ciudades de Galicia, incluso con competencia comarcal como los planteados en Pontevedra y Santiago. En los proyectos a corto plazo no aparecen Ourense y Ferrol, pero vamos a proponer su creación en estas ciudades en cuanto se alcancen los niveles establecidos. Personalmente, pienso que Ourense debería contar con esa unidad específica porque genera 475 diligencias previas; haremos lo que esté en nuestra mano, pero la última palabra la tiene el Ministerio. El único problema es que el acceso a estos juzgados de violencia de género exige un número determinado de casos, pero habrá que aprovechar la vía de la corporación comarcal. Yo voy a tirar por Galicia y espero que el Ministerio atienda nuestras demandas.
¿Habrá un juzgado de apoyo para el expediente de Martinsa-Fadesa antes de noviembre?
Ese es mi deseo y así lo he demandado. Espero que ese juzgado de apoyo se cree antes de noviembre, fecha en la que entrará en período de impugnaciones, para que asuma la carga del juzgado del Mercantil de A Coruña, de forma que el juez titular puede hacerse cargo en exclusiva del expediente Martinsa-Fadesa y seis filiales, el procedimiento concursal de mayor pasivo declarado jamás por un tribunal español. La Sala de Gobierno ya ha solicitado la incorporación de una jueza (nombrada por el Consejo), un secretario (competencia del Ministerio de Justicia) y varios funcionarios (tres de ellos ya se han incorporado a iniciativa de la Consellería de Xustiza). Al margen de la medida coyuntural, habrá que tomar otras medidas porque la crisis va a motivar el surgimiento de nuevas necesidades en el ámbito laboral y económico.
¿Ese juzgado de apoyo pretende evitar que en el caso Martinsa-Fadesa se repita lo ocurrido con el del Prestige?
El problema en el caso Prestige es que la ley no prevé que se haga cargo la Audiencia Nacional, ni que se cree un juzgado específico. El de Corcubión es pequeño y carece de los medios necesarios para asumir ese volumen de trabajo; la jueza actual y los anteriores han hecho lo que han podido, pero es un tema muy complejo, con muchas partes personadas, pruebas periciales y dimensión internacional. Exige especialización y espero que la incorporación de una jueza de apoyo permita abrir el juicio oral en la primera mitad de 2009.
El sistema judicial gallego sigue atascado y anclado en el pasado. ¿Por qué le cuesta adaptarse a las necesidades de la sociedad actual?
La justicia también es lenta en otras partes; un colega de Estrasburgo me comentaba que la situación allí es parecida. La Xunta y el Ministerio tratan de digitalizar los procedimientos, porque muchos son arcaicos. Se están produciendo avances notables y espero que permitan mejorar la conexión entre juzgados y las partes implicadas en la nueva oficina judicial. Al margen de las mejoras técnicas, siempre hago hincapié en el mantenimiento y ampliación de plantillas. Defiendo la implantación de un sistema que permita cubrir las vacantes y bajas por enfermedad de más de cinco días de forma automática. Hay que cambiar el sistema de nombramiento de personal porque las bolsas de interinos son insuficientes y no siempre sirven para solucionar los problemas; es necesario, además, reciclaje.
Otra de sus propuestas es el impulso de los mecanismos de conciliación. ¿Servirían para aliviar el colapso judicial?
Teniendo en cuenta la masificación de la justicia, hay que ir al origen y a la causa. Hay un abuso en el uso de la justicia; es necesario pasar un tamiz y establecer filtros. Los jueces conciliadores en Francia han conseguido liberar a los magistrados de trabajo de un 70% de los casos. Muchos casos de poca monta llegan a los tribunales cuando no deberían hacerlo; las multas de tráfico y los asuntos de invalidez, por ejemplo, se podrían resolver por otra vía.
Y los famosos siguen amenazándose con demandas en los programas del corazón.
Y después vienen los recursos, que empeoran el atasco.
Entretanto, surgen casos como el de Mari Luz, que provocan alarma social.
Es incomprensible que ocurran estas cosas y hay que tratar de evitarlas. La digitaliza ción, informatización y la conexión entre las diferentes partes deben contribuir a modificar esta situación. Soy partidario, además, de la creación de un registro central.
¿Se pueden evitar casos de fuga como la de Rodríguez Menéndez?
Falta coordinación y hay que modificar la legislación para evitar arbitrariedades. El sistema debería activar las alarmas para evitar casos como estos que, en todo caso, son minoritarios; más del 90% de los presos no aprovechan el permiso penitenciario para fugarse.
Su discurso de apertura del año judicial definía como moderadamente positiva la situación de la justicia en Galicia, pero demandaba la creación de nuevas unidades judiciales. ¿Cuáles son las prioritarias?
Las necesidades se fijaron en una reunión del pleno de la Sala de Gobierno, que señaló como prioritarias tres plazas en el TSXG, dos en la sala de lo Contencioso y otra en la de lo Social. También destaca la necesidad de un nuevo juzgado de Primera Instancia en Vigo, uno de lo Social y otro Mercantil en A Coruña, así como nuevas unidades en Sarria, Betanzos y Tui. Esas son las nueve prioritarias, pero también se ha planteado la posibilidad de una décima plaza condicionada en Vilagarcía.
¿Y los juzgados específicos para casos de violencia machista?
Siempre fui partidario de que, aparte de los dos juzgados de Vigo y A Coruña, se creasen estas unidades en las principales ciudades de Galicia, incluso con competencia comarcal como los planteados en Pontevedra y Santiago. En los proyectos a corto plazo no aparecen Ourense y Ferrol, pero vamos a proponer su creación en estas ciudades en cuanto se alcancen los niveles establecidos. Personalmente, pienso que Ourense debería contar con esa unidad específica porque genera 475 diligencias previas; haremos lo que esté en nuestra mano, pero la última palabra la tiene el Ministerio. El único problema es que el acceso a estos juzgados de violencia de género exige un número determinado de casos, pero habrá que aprovechar la vía de la corporación comarcal. Yo voy a tirar por Galicia y espero que el Ministerio atienda nuestras demandas.
¿Habrá un juzgado de apoyo para el expediente de Martinsa-Fadesa antes de noviembre?
Ese es mi deseo y así lo he demandado. Espero que ese juzgado de apoyo se cree antes de noviembre, fecha en la que entrará en período de impugnaciones, para que asuma la carga del juzgado del Mercantil de A Coruña, de forma que el juez titular puede hacerse cargo en exclusiva del expediente Martinsa-Fadesa y seis filiales, el procedimiento concursal de mayor pasivo declarado jamás por un tribunal español. La Sala de Gobierno ya ha solicitado la incorporación de una jueza (nombrada por el Consejo), un secretario (competencia del Ministerio de Justicia) y varios funcionarios (tres de ellos ya se han incorporado a iniciativa de la Consellería de Xustiza). Al margen de la medida coyuntural, habrá que tomar otras medidas porque la crisis va a motivar el surgimiento de nuevas necesidades en el ámbito laboral y económico.
¿Ese juzgado de apoyo pretende evitar que en el caso Martinsa-Fadesa se repita lo ocurrido con el del Prestige?
El problema en el caso Prestige es que la ley no prevé que se haga cargo la Audiencia Nacional, ni que se cree un juzgado específico. El de Corcubión es pequeño y carece de los medios necesarios para asumir ese volumen de trabajo; la jueza actual y los anteriores han hecho lo que han podido, pero es un tema muy complejo, con muchas partes personadas, pruebas periciales y dimensión internacional. Exige especialización y espero que la incorporación de una jueza de apoyo permita abrir el juicio oral en la primera mitad de 2009.
El sistema judicial gallego sigue atascado y anclado en el pasado. ¿Por qué le cuesta adaptarse a las necesidades de la sociedad actual?
La justicia también es lenta en otras partes; un colega de Estrasburgo me comentaba que la situación allí es parecida. La Xunta y el Ministerio tratan de digitalizar los procedimientos, porque muchos son arcaicos. Se están produciendo avances notables y espero que permitan mejorar la conexión entre juzgados y las partes implicadas en la nueva oficina judicial. Al margen de las mejoras técnicas, siempre hago hincapié en el mantenimiento y ampliación de plantillas. Defiendo la implantación de un sistema que permita cubrir las vacantes y bajas por enfermedad de más de cinco días de forma automática. Hay que cambiar el sistema de nombramiento de personal porque las bolsas de interinos son insuficientes y no siempre sirven para solucionar los problemas; es necesario, además, reciclaje.
Otra de sus propuestas es el impulso de los mecanismos de conciliación. ¿Servirían para aliviar el colapso judicial?
Teniendo en cuenta la masificación de la justicia, hay que ir al origen y a la causa. Hay un abuso en el uso de la justicia; es necesario pasar un tamiz y establecer filtros. Los jueces conciliadores en Francia han conseguido liberar a los magistrados de trabajo de un 70% de los casos. Muchos casos de poca monta llegan a los tribunales cuando no deberían hacerlo; las multas de tráfico y los asuntos de invalidez, por ejemplo, se podrían resolver por otra vía.
Y los famosos siguen amenazándose con demandas en los programas del corazón.
Y después vienen los recursos, que empeoran el atasco.
Entretanto, surgen casos como el de Mari Luz, que provocan alarma social.
Es incomprensible que ocurran estas cosas y hay que tratar de evitarlas. La digitaliza ción, informatización y la conexión entre las diferentes partes deben contribuir a modificar esta situación. Soy partidario, además, de la creación de un registro central.
¿Se pueden evitar casos de fuga como la de Rodríguez Menéndez?
Falta coordinación y hay que modificar la legislación para evitar arbitrariedades. El sistema debería activar las alarmas para evitar casos como estos que, en todo caso, son minoritarios; más del 90% de los presos no aprovechan el permiso penitenciario para fugarse.
