El secretario nacional de la CIG-Administración Autonómica, Manuel Gallardo, presentó ante el Ministerio Fiscal una denuncia para solicitar que se investiguen las supuestas filtraciones ocurridas en las últimas oposiciones a la Xunta de Galicia, celebradas el pasado mes de septiembre, dado que el sindicato ve indicios claros de irregularidades.
En este sentido, Manuel Gallardo consideró que existen indicios suficientes para que la Fiscalía abra una investigación sobre si pudo haber algún tipo de delito, después de que el sindicato detectase bastantes coincidencias que dicen que pudo haber algún tipo de filtración de exámenes.
Hemos insistido por activa y por pasiva a la Dirección Xeral de Función Pública a que abriese una investigación y a que presentase esta denuncia, indicó Gallardo, que reclamó que se aclare de manera concisa todo lo que pasó en esas oposiciones. Al no hacerlo, entendemos que nuestro deber es hacerlo nosotros, sentenció.
En esta línea, apuntó que Función Pública aseguró al sindicato haber iniciado un proceso para aclarar los hechos, algo que ponen en duda ya que no ha contado con ninguna central sindical para estar en esa comisión de investigación.
Finalmente, indicó que lo que tiene que quedar claro es que el acceso a la Administración pública tiene que ser limpio y de ninguna manera permitirán que haya ningún tipo de intento de entrar en la Administración de una manera no establecida.
DENUNCIA
En la denuncia presentada, la central sindical considera constitutiva de diversos delitos penales la supuesta filtración de exámenes en la primera de las pruebas del proceso selectivo para el acceso al subgrupo C1 por la vía de acceso libre y en la primera de las pruebas para el subgrupo C2, por la vía de consolidación. Los exámenes tuvieron lugar el 19 y 20 de septiembre.
Así, la CIG considera que la estructura de las notas resultantes de estas pruebas ponen de manifiesto que, en el caso de la mayoría de las notas más altas, estas no obedecen a los conocimientos de los aspirantes, si no a la vulneración de las normas de obligado cumplimiento en estos casos, mediante filtración de documentación.
En esta línea, los sindicalistas apuntan una coincidencia entre las relaciones de parentesco o afinidad y las puntuaciones obtenidas en los exámenes de estas pruebas. En concreto, en el caso del examen para el subgrupo C1 apuntan que cuatro de los cinco primeros puestos, incluido el más alto, están ocupados por tres hermanos y una cuarta persona que guarda relación con ellos.
En el caso de la prueba para subgrupo C2, la CIG denuncia que los tres hermanos ocupan los puestos 6, 12 y 16 respectivamente, mientras que la otra persona ocupa el lugar 7 según su puntuación.
Sobre este tercer sujeto que podría haber tenido acceso a las preguntas, la central sindical apuntó una relación laboral con dos de los hermanos, dado que trabajaron en la misma empresa, y el hecho de que en el momento de inscribirse en la prueba su domicilio fuese el mismo que el de otra de los supuestas infractoras.
COINCIDENCIA EN FECHAS
Por otra parte, la CIG señala como elemento coincidente entre los presuntos infractores la fecha de inscripción para participar en las oposiciones a la Xunta, ya que todos ellos lo hicieron durante el plazo extraordinario abierto por el Gobierno en el mes de julio de 2009.
A pesar de inscribirse en ambos procesos selectivos apenas dos meses antes de los exámenes, los cuatro presuntos infractores consiguieron figurar entre las máximas puntuaciones en los exámenes del subgrupo C1 por libre y del subgrupo C2 por consolidación, recoge la denuncia, que alega un tiempo de preparación muchísimo menor que el de la mayoría de los opositores, que se matricularon en julio de 2008.
Para el sindicato, la explicación más plausible para estos resultados es que una parte desconocida les pasó en algún momento las respuestas de ambos exámenes. Así, este hecho explicaría el hecho de que los presuntos infractores no se presentaron al examen del subgrupo C2 por la vía de acceso libre si no por la de consolidación, en la que también cuenta el tiempo trabajado como funcionario interino. Esto constituye un claro indicio de que los infractores contaban con la certeza de obtener las calificaciones más altas en el examen, sentenció.
MODUS OPERANDI
Para esclarecer el modus operandi, la CIG afirmó que cabe la posibilidad de que la filtración se produjese a través de la empresa común en la que trabajaron los presuntos infractores o de que esta viniese directamente de algunos de los miembros de los tribunales de los exámenes.
En esta línea, y ante la escasa transparencia de la Dirección Xeral de Función Pública de la Xunta, la CIG pidió al a Fiscalía que actúe en este caso y realice las oportunas diligencias, entre las que el sindicato propuso la toma de declaración de los implicados y de los presidentes y secretarios de ambos tribunales, además de otras entidades relacionadas como la imprenta en la que se editaron las pruebas.
Asimismo, solicitaron las actas de los tribunales de ambos grupos y los escritos donde sus miembros declaran no estar o no estar incluidos en causas de abstención que impidan su participación en el proceso. Finalmente, reclamaron que se aclare si existió una relación contractual entre la empresa en la que trabajaron dos de los presuntos infractores y la Xunta de Galicia o la Fundación Semana Verde.
Hemos insistido por activa y por pasiva a la Dirección Xeral de Función Pública a que abriese una investigación y a que presentase esta denuncia, indicó Gallardo, que reclamó que se aclare de manera concisa todo lo que pasó en esas oposiciones. Al no hacerlo, entendemos que nuestro deber es hacerlo nosotros, sentenció.
En esta línea, apuntó que Función Pública aseguró al sindicato haber iniciado un proceso para aclarar los hechos, algo que ponen en duda ya que no ha contado con ninguna central sindical para estar en esa comisión de investigación.
Finalmente, indicó que lo que tiene que quedar claro es que el acceso a la Administración pública tiene que ser limpio y de ninguna manera permitirán que haya ningún tipo de intento de entrar en la Administración de una manera no establecida.
DENUNCIA
En la denuncia presentada, la central sindical considera constitutiva de diversos delitos penales la supuesta filtración de exámenes en la primera de las pruebas del proceso selectivo para el acceso al subgrupo C1 por la vía de acceso libre y en la primera de las pruebas para el subgrupo C2, por la vía de consolidación. Los exámenes tuvieron lugar el 19 y 20 de septiembre.
Así, la CIG considera que la estructura de las notas resultantes de estas pruebas ponen de manifiesto que, en el caso de la mayoría de las notas más altas, estas no obedecen a los conocimientos de los aspirantes, si no a la vulneración de las normas de obligado cumplimiento en estos casos, mediante filtración de documentación.
En esta línea, los sindicalistas apuntan una coincidencia entre las relaciones de parentesco o afinidad y las puntuaciones obtenidas en los exámenes de estas pruebas. En concreto, en el caso del examen para el subgrupo C1 apuntan que cuatro de los cinco primeros puestos, incluido el más alto, están ocupados por tres hermanos y una cuarta persona que guarda relación con ellos.
En el caso de la prueba para subgrupo C2, la CIG denuncia que los tres hermanos ocupan los puestos 6, 12 y 16 respectivamente, mientras que la otra persona ocupa el lugar 7 según su puntuación.
Sobre este tercer sujeto que podría haber tenido acceso a las preguntas, la central sindical apuntó una relación laboral con dos de los hermanos, dado que trabajaron en la misma empresa, y el hecho de que en el momento de inscribirse en la prueba su domicilio fuese el mismo que el de otra de los supuestas infractoras.
COINCIDENCIA EN FECHAS
Por otra parte, la CIG señala como elemento coincidente entre los presuntos infractores la fecha de inscripción para participar en las oposiciones a la Xunta, ya que todos ellos lo hicieron durante el plazo extraordinario abierto por el Gobierno en el mes de julio de 2009.
A pesar de inscribirse en ambos procesos selectivos apenas dos meses antes de los exámenes, los cuatro presuntos infractores consiguieron figurar entre las máximas puntuaciones en los exámenes del subgrupo C1 por libre y del subgrupo C2 por consolidación, recoge la denuncia, que alega un tiempo de preparación muchísimo menor que el de la mayoría de los opositores, que se matricularon en julio de 2008.
Para el sindicato, la explicación más plausible para estos resultados es que una parte desconocida les pasó en algún momento las respuestas de ambos exámenes. Así, este hecho explicaría el hecho de que los presuntos infractores no se presentaron al examen del subgrupo C2 por la vía de acceso libre si no por la de consolidación, en la que también cuenta el tiempo trabajado como funcionario interino. Esto constituye un claro indicio de que los infractores contaban con la certeza de obtener las calificaciones más altas en el examen, sentenció.
MODUS OPERANDI
Para esclarecer el modus operandi, la CIG afirmó que cabe la posibilidad de que la filtración se produjese a través de la empresa común en la que trabajaron los presuntos infractores o de que esta viniese directamente de algunos de los miembros de los tribunales de los exámenes.
En esta línea, y ante la escasa transparencia de la Dirección Xeral de Función Pública de la Xunta, la CIG pidió al a Fiscalía que actúe en este caso y realice las oportunas diligencias, entre las que el sindicato propuso la toma de declaración de los implicados y de los presidentes y secretarios de ambos tribunales, además de otras entidades relacionadas como la imprenta en la que se editaron las pruebas.
Asimismo, solicitaron las actas de los tribunales de ambos grupos y los escritos donde sus miembros declaran no estar o no estar incluidos en causas de abstención que impidan su participación en el proceso. Finalmente, reclamaron que se aclare si existió una relación contractual entre la empresa en la que trabajaron dos de los presuntos infractores y la Xunta de Galicia o la Fundación Semana Verde.
