La secretaria xeral de Política Social, Coro Piñeiro, advirtió de que si la Diputación de Lugo mantiene su pretensión de derogar el decreto de servicios sociales comunitarios, los ayuntamientos lucenses 'tienen garantizada menos financiación que el año anterior'.
La administración provincial ya había presentado un requerimiento en contra de este decreto, que establece la competencia de las diputaciones en el mantenimiento de los criterios de financiación en el ámbito social con respecto a 2011, año en el que las ayudas fueron asumidas en su totalidad por la Xunta.
De este modo, la orden establece que las diputaciones deberán hacerse cargo del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para la población que no se encuentra en situación de dependencia, así como de la contratación de aquellos técnicos especializados que no sean trabajadores sociales.
Coro informó que la Diputación lucense cuenta con una convocatoria de libre concurrencia para financiar el SAD en los ayuntamientos pero que 'de momento no se plantean esa segunda parte de financiar a otros técnicos de servicios sociales', necesarios para desarrollar otros programas como 'la educación familiar o la atención psicológica'.
Asimismo, insistió en que la línea de financiación para el SAD lanzada por la diputación en 2011 'se complementaba con lo que daba la Xunta' y pronosticó que, si la provincia no incrementa la cifra destinada a este ámbito, los ayuntamientos lucenses de menos de 20.000 habitantes 'sufrirán las consecuencias de que determinados programas que se venían desarrollando no tengan financiación'.
Por su parte, el resto de diputaciones gallegas ya han mostrado su aceptación.
De este modo, la orden establece que las diputaciones deberán hacerse cargo del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para la población que no se encuentra en situación de dependencia, así como de la contratación de aquellos técnicos especializados que no sean trabajadores sociales.
Coro informó que la Diputación lucense cuenta con una convocatoria de libre concurrencia para financiar el SAD en los ayuntamientos pero que 'de momento no se plantean esa segunda parte de financiar a otros técnicos de servicios sociales', necesarios para desarrollar otros programas como 'la educación familiar o la atención psicológica'.
Asimismo, insistió en que la línea de financiación para el SAD lanzada por la diputación en 2011 'se complementaba con lo que daba la Xunta' y pronosticó que, si la provincia no incrementa la cifra destinada a este ámbito, los ayuntamientos lucenses de menos de 20.000 habitantes 'sufrirán las consecuencias de que determinados programas que se venían desarrollando no tengan financiación'.
Por su parte, el resto de diputaciones gallegas ya han mostrado su aceptación.
