El actual gerente del Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar, Roberto Rodríguez, acusó a la anterior Xunta de haber adjudicado un contrato de logística del transporte para los traslados relacionados con este centro a una empresa que parece que tiene relación con el BNG, de la cual evitó desvelar su nombre pese a la demanda de los diputados de la oposición.
En su comparecencia en la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego, Roberto Rodríguez acusó a los entonces gestores del Consorcio, dependiente de la Vicepresidencia de la Xunta que gestionaba el nacionalista Anxo Quintana, de adjudicar este contrato de logística para el desplazamiento diario entre las oficinas del ente, en la calle Amor Ruibal, a San Caetano.
Asimismo, explicó que los contratos adjudicados fueron por valor de 60.000 euros cada uno y que, en el tiempo que duró el acuerdo, la empresa recibió más de medio millón de euros.
Rodríguez realizó estas declaraciones después de que el diputado nacionalista Carlos Aymerich le acusase de haber contratado a un chofer para sus traslados a través del INEM y no por convocatoria pública, un puesto que, según afirmó, no existía en la anterior gestión.
TAXI
En este punto, Roberto Rodríguez, afirmó que el puesto de chofer del gerente del Consorcio existía porque con carácter habitual se contrataban los servicios de un taxista que era por supuesto siempre el mismo, durante los años 2007, 2008 y 2009.
Al respecto, el actual gerente del Consorcio aseguró que durante este periodo, el taxista recibió cantidades mensuales que podían oscilar entre los 1.000 y los 1.900 euros.
El portavoz del grupo nacionalista, que rechazó conocer a qué empresa se refería el gerente y consideró que debe ser éste quién lo aclare, avisó de que hay una evidencia, que es la existencia de una plaza de chofer que no había.
De esta manera, lamentó que Roberto Rodríguez se dedique a fiscalizar al anterior Ejecutivo y a lanzar este tipo de acusaciones y le emplazó a que revele los datos. En esta línea, la diputada socialista Laura Seara reclamó la palabra, antes de concluir la sesión, para demandar que el gerente aclarase sus declaraciones, algo que rechazó el presidente de la comisión, el 'popular' Miguel Santalices.
CUATRO PREGUNTAS APLAZADAS
La comisión se celebró con tensión tras las protestas de los grupos socialista y nacionalista por el aplazamiento de cuatro de las ocho preguntas orales previstas en el orden del día, una por decisión de la persona que la había formulado --la socialista Carmen Gallego-y las otras por no poder comparecer los miembros del Gobierno designados.
En esta línea, Carlos Aymerich consideró que la Xunta debería responder de forma solidaria a las cuestiones y designar otra persona en el caso de que el compareciente no pudiese intervenir.
Asimismo, cuestionó la distribución de las preguntas por partido, evidenciando que en el orden del día había planteadas cuatro preguntas del Grupo del PPdeG, tres del Grupo Socialista y una del nacionalista.
CENTROS DE DÍA DEL BIPARTITO
Además, el gerente del Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar consideró imposible que vayan a entrar en funcionamiento en los próximos meses siete de los 15 centros de día planteados por la Vicepresidencia de la anterior Xunta.
Rodríguez dio cuenta de la evolución de los 15 centros de día planteados por el bipartito y los ocho realizados mediante convenios con ayuntamientos, que deberían estar finalizados a finales de este año.
En este sentido, el nacionalista Carlos Aymerich le preguntó acerca de la previsión de apertura de 15 nuevos centros de día realizados por la Xunta --en Rois, Culleredo, A Coruña-Montealto, A Coruña-Eirís, Vigo-Coia, Vigo-Valadouro, Tomiño, O Porriño, Ares, Cuntis, Curtis, Ferrol-Caranza, Ferrol-Canido, Oleiros y San Sadurniño-y por los ocho planificados en convenio con los ayuntamientos de Carballeda de Avia, Rois, Alfoz, Begonte, Xinzo, Carballo, A Bola y Vilar de Barrio.
Ante esto, Rodríguez aseguró que a su llegada al Consorcio no existía ninguna previsión sobre la finalización de estos centros, y aseguró que, aunque algunos ya están terminados o próximos a finalizarse, siete de ellos será imposible que entren en funcionamiento.
CENTROS CON PROBLEMAS
Entre los centros con problemas para su apertura, Roberto Rodríguez enumeró los de Montealto y Eirís, en A Coruña, y el de Valadares, en Vigo, cuya tramitación se retrasó porque fueron licitados sin licencia.
Así, explicó que las obras de estos centros están aún iniciándose. En concreto, Rodríguez explicó que la licencia de la instalación de Valadares llegó el día 3 de agosto y las obras se iniciaron el día 11 y que la de Montealto llegó por fax el 22 de octubre, por lo que ayer se firmó el acta de inicio de la obra.
A esto hay que añadir, indicó el gerente del Consorcio, otros centros aún en fase de construcción e instalaciones con problemas como la de Ferrol-Canido, de la que solo hay un proyecto.
EN FUNCIONAMIENTO
En el otro lado, explicó Roberto Rodríguez, el resto de los centros planificados se irán abriendo antes de que finalice este año y también en enero del próximo año, en función del término de las obras, la licitación de material, los trabajadores y los convenios con los ayuntamientos.
De cara al año que viene, el Gobierno tiene planificado aumentar en 24 millones de euros la partida dedicada en los presupuestos para la creación y mantenimiento de estos centros.
Asimismo, prevén aumentar en 835 plazas la capacidad de este servicio entre este año y el próximo, 400 de ellas puestas en funcionamiento antes de que finalice el año.
Asimismo, explicó que los contratos adjudicados fueron por valor de 60.000 euros cada uno y que, en el tiempo que duró el acuerdo, la empresa recibió más de medio millón de euros.
Rodríguez realizó estas declaraciones después de que el diputado nacionalista Carlos Aymerich le acusase de haber contratado a un chofer para sus traslados a través del INEM y no por convocatoria pública, un puesto que, según afirmó, no existía en la anterior gestión.
TAXI
En este punto, Roberto Rodríguez, afirmó que el puesto de chofer del gerente del Consorcio existía porque con carácter habitual se contrataban los servicios de un taxista que era por supuesto siempre el mismo, durante los años 2007, 2008 y 2009.
Al respecto, el actual gerente del Consorcio aseguró que durante este periodo, el taxista recibió cantidades mensuales que podían oscilar entre los 1.000 y los 1.900 euros.
El portavoz del grupo nacionalista, que rechazó conocer a qué empresa se refería el gerente y consideró que debe ser éste quién lo aclare, avisó de que hay una evidencia, que es la existencia de una plaza de chofer que no había.
De esta manera, lamentó que Roberto Rodríguez se dedique a fiscalizar al anterior Ejecutivo y a lanzar este tipo de acusaciones y le emplazó a que revele los datos. En esta línea, la diputada socialista Laura Seara reclamó la palabra, antes de concluir la sesión, para demandar que el gerente aclarase sus declaraciones, algo que rechazó el presidente de la comisión, el 'popular' Miguel Santalices.
CUATRO PREGUNTAS APLAZADAS
La comisión se celebró con tensión tras las protestas de los grupos socialista y nacionalista por el aplazamiento de cuatro de las ocho preguntas orales previstas en el orden del día, una por decisión de la persona que la había formulado --la socialista Carmen Gallego-y las otras por no poder comparecer los miembros del Gobierno designados.
En esta línea, Carlos Aymerich consideró que la Xunta debería responder de forma solidaria a las cuestiones y designar otra persona en el caso de que el compareciente no pudiese intervenir.
Asimismo, cuestionó la distribución de las preguntas por partido, evidenciando que en el orden del día había planteadas cuatro preguntas del Grupo del PPdeG, tres del Grupo Socialista y una del nacionalista.
CENTROS DE DÍA DEL BIPARTITO
Además, el gerente del Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar consideró imposible que vayan a entrar en funcionamiento en los próximos meses siete de los 15 centros de día planteados por la Vicepresidencia de la anterior Xunta.
Rodríguez dio cuenta de la evolución de los 15 centros de día planteados por el bipartito y los ocho realizados mediante convenios con ayuntamientos, que deberían estar finalizados a finales de este año.
En este sentido, el nacionalista Carlos Aymerich le preguntó acerca de la previsión de apertura de 15 nuevos centros de día realizados por la Xunta --en Rois, Culleredo, A Coruña-Montealto, A Coruña-Eirís, Vigo-Coia, Vigo-Valadouro, Tomiño, O Porriño, Ares, Cuntis, Curtis, Ferrol-Caranza, Ferrol-Canido, Oleiros y San Sadurniño-y por los ocho planificados en convenio con los ayuntamientos de Carballeda de Avia, Rois, Alfoz, Begonte, Xinzo, Carballo, A Bola y Vilar de Barrio.
Ante esto, Rodríguez aseguró que a su llegada al Consorcio no existía ninguna previsión sobre la finalización de estos centros, y aseguró que, aunque algunos ya están terminados o próximos a finalizarse, siete de ellos será imposible que entren en funcionamiento.
CENTROS CON PROBLEMAS
Entre los centros con problemas para su apertura, Roberto Rodríguez enumeró los de Montealto y Eirís, en A Coruña, y el de Valadares, en Vigo, cuya tramitación se retrasó porque fueron licitados sin licencia.
Así, explicó que las obras de estos centros están aún iniciándose. En concreto, Rodríguez explicó que la licencia de la instalación de Valadares llegó el día 3 de agosto y las obras se iniciaron el día 11 y que la de Montealto llegó por fax el 22 de octubre, por lo que ayer se firmó el acta de inicio de la obra.
A esto hay que añadir, indicó el gerente del Consorcio, otros centros aún en fase de construcción e instalaciones con problemas como la de Ferrol-Canido, de la que solo hay un proyecto.
EN FUNCIONAMIENTO
En el otro lado, explicó Roberto Rodríguez, el resto de los centros planificados se irán abriendo antes de que finalice este año y también en enero del próximo año, en función del término de las obras, la licitación de material, los trabajadores y los convenios con los ayuntamientos.
De cara al año que viene, el Gobierno tiene planificado aumentar en 24 millones de euros la partida dedicada en los presupuestos para la creación y mantenimiento de estos centros.
Asimismo, prevén aumentar en 835 plazas la capacidad de este servicio entre este año y el próximo, 400 de ellas puestas en funcionamiento antes de que finalice el año.
