Las modificaciones que se están produciendo en los ámbitos de la educación y la dependencia son un regreso al modelo de los años 60, en opinión de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) y Unións Agrarias (UUAA).
En este sentido se manifestaron en conferencia de prensa la presidenta de Fademur, Rosa Arcos, y el secretario general de UUAA, Roberto García.
En educación, Arcos resaltó que en los últimos dos años se han cerrado más de 50 centros públicos en el rural.
La presidenta de mujeres rurales denunció que entre 2008 y 2010 se cerraron 21 escuelas unitarias y 14 en 2011, así como otras 14 en 2012 y 67 unidades educativas de infantil y primaria.
En esta situación, la portavoz consideró que la consecuencia de estos recortes, más los anunciados para el próximo curso, es retrotraer el modelo al de los años 60, que obligará a los pequeños de 3 a 12 años a compartir aula y un profesor que deberá impartir todas las materias.
Además, para el tramo de 0 a 3 años, en su opinión, la única opción que queda a la población del rural es que los pequeños permanezcan en sus casas.
Rosa Arcos señaló que, en el caso de la dependencia, las medidas adoptadas por el Gobierno central dejan a Galicia 'en clara desventaja de partida', al primar la prestación de servicios sobre cualquier otra y no tener en cuenta la dispersión geográfica, a lo que se suma la ausencia de presupuesto para los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Las mujeres del medio rural serán también las más afectadas, pues eran las que prestaban fundamentalmente los cuidados domiciliarios, por los que ahora no solo no cobrarán, sino que dejarán de cotizar por ello y de generar derechos posteriores.
Para Arcos, esta situación es una 'absoluta incoherencia' con las 'proclamas' del PP de mantener un rural vivo y fijar población y condena a las mujeres a quedar en casa, a la invisibilidad y a una economía precaria.
Por su parte, Roberto García criticó que Núñez Feijóo diga todos los días que Galicia es la Comunidad más solvente y, al mismo tiempo, de cobertura a este 'desmantelamiento' y de imposibilidad de relevo generacional en el medio rural gallego que, no solo lo hace inviable económicamente, sino que deja a los ciudadanos sin derechos fundamentales como la educación y la dependencia.
Según García, se trata de una gran agresión a los más débiles para recoger un 'botín' muy pequeño.
En educación, Arcos resaltó que en los últimos dos años se han cerrado más de 50 centros públicos en el rural.
La presidenta de mujeres rurales denunció que entre 2008 y 2010 se cerraron 21 escuelas unitarias y 14 en 2011, así como otras 14 en 2012 y 67 unidades educativas de infantil y primaria.
En esta situación, la portavoz consideró que la consecuencia de estos recortes, más los anunciados para el próximo curso, es retrotraer el modelo al de los años 60, que obligará a los pequeños de 3 a 12 años a compartir aula y un profesor que deberá impartir todas las materias.
Además, para el tramo de 0 a 3 años, en su opinión, la única opción que queda a la población del rural es que los pequeños permanezcan en sus casas.
Rosa Arcos señaló que, en el caso de la dependencia, las medidas adoptadas por el Gobierno central dejan a Galicia 'en clara desventaja de partida', al primar la prestación de servicios sobre cualquier otra y no tener en cuenta la dispersión geográfica, a lo que se suma la ausencia de presupuesto para los municipios de menos de 20.000 habitantes.
Las mujeres del medio rural serán también las más afectadas, pues eran las que prestaban fundamentalmente los cuidados domiciliarios, por los que ahora no solo no cobrarán, sino que dejarán de cotizar por ello y de generar derechos posteriores.
Para Arcos, esta situación es una 'absoluta incoherencia' con las 'proclamas' del PP de mantener un rural vivo y fijar población y condena a las mujeres a quedar en casa, a la invisibilidad y a una economía precaria.
Por su parte, Roberto García criticó que Núñez Feijóo diga todos los días que Galicia es la Comunidad más solvente y, al mismo tiempo, de cobertura a este 'desmantelamiento' y de imposibilidad de relevo generacional en el medio rural gallego que, no solo lo hace inviable económicamente, sino que deja a los ciudadanos sin derechos fundamentales como la educación y la dependencia.
Según García, se trata de una gran agresión a los más débiles para recoger un 'botín' muy pequeño.
