La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgó hoy un caso de apropiación indebida, por el que inicialmente estaban acusados los tres socios de una empresa de construcción, aunque finalmente el fiscal atribuyó el delito a solo uno que se confesó culpable, y que se comprometió a devolver el dinero que cobró por una obra que no hizo.
El arousano Manuel Sanmartín Barros, en representación de la empresa Construcciones Barros San Martín S.L, se comprometió a rehabilitar en el municipio de Catoira una casa solariega para destinarla a turismo rural.
A medida que progresaba la obra la propietaria de la casa fue avanzando diversas cantidades de dinero hasta sumar 134.000 euros, si bien la empresa paralizó los trabajos sin previo aviso y cuando el valor de lo ejecutado era muy inferior al dinero recibido.
Concretamente, el empresario admitió haberse quedado en su popio beneficio con casi 57.000 euros, que hoy se comprometió a devolver en los siete meses del plazo solicitado por el abogado defensor para fraccionar el pago.
Este acuerdo propició una rebaja en la petición de condena, año y medio de prisión, cuya suspensión el fiscal está dispuesto a aceptar, si bien puso como condición que previamente salde la deuda.
También tendrá que pagar el empresario procesado en relación con estos hechos una multa de 1.300 euros.
A medida que progresaba la obra la propietaria de la casa fue avanzando diversas cantidades de dinero hasta sumar 134.000 euros, si bien la empresa paralizó los trabajos sin previo aviso y cuando el valor de lo ejecutado era muy inferior al dinero recibido.
Concretamente, el empresario admitió haberse quedado en su popio beneficio con casi 57.000 euros, que hoy se comprometió a devolver en los siete meses del plazo solicitado por el abogado defensor para fraccionar el pago.
Este acuerdo propició una rebaja en la petición de condena, año y medio de prisión, cuya suspensión el fiscal está dispuesto a aceptar, si bien puso como condición que previamente salde la deuda.
También tendrá que pagar el empresario procesado en relación con estos hechos una multa de 1.300 euros.
