El presidente del Partido Popular de Galicia (PPdeG), Alberto Núñez Feijóo, apeló a la cordura y a la conciencia política de PSdeG y BNG para pedir a ambas formaciones que apoyen sus propuestas en el Parlamento gallego y, de este modo, digan sí a los derechos de los vecinos afectados y no a la aplicación irracional de la Ley de Costas.
No es razonable que miles de familias estén en esta situación de incertidumbre, lamentó Feijóo tras reunirse con los vecinos de Moaña afectados por el desarrollo de esta normativa --que data de 1988--, y, después de garantizar que el PPdeG va a estar de acuerdo con todo lo que suponga dar seguridad a los afectados, recordó que socialistas y nacionalistas tendrán dos oportunidades para pronunciarse sobre este tema y evitar las incautaciones masivas de propiedades por parte del Estado.
Así, en primer lugar, recordó que la próxima semana se debatirá en sesión plenaria una proposición no de ley presentada por el PPdeG, en la que instan a la Xunta y al Gobierno central a revisar los deslindes antiguos del litoral gallego y a paralizar los que ya están en marcha hasta que no se modifique la Ley de Costas.
En esta iniciativa, la oposición propone que el Gobierno estatal examine la totalidad de los deslindes de la antiguamente denominada zona de servidumbre marítimo terrestre aprobados en Galicia con anterioridad a abril de 1969. Al respecto, defiende hacer una revisión de oficio y declarar la nulidad de los deslindes que presenten errores invalidantes.
Además, los populares plantean la necesidad de desafectar la totalidad de los terrenos que fueron incluidos dentro del dominio público en un deslinde anterior a la Ley de Costas y que, desde entonces, hayan perdido sus características de zona marítimo terrestre o playa.
PROPOSICION DE LEY
Por otro lado, Feijóo también pidió el apoyo de PSdeG y BNG a una proposición de ley en la que los populares apuestan por reformar la Ley de Costas para superar las carencias de la normativa en vigor.
Entre otras, el PPdeG citó que no recoge los núcleos rurales tradicionales, un fenómeno netamente gallego y para el que piden un reconocimiento explícito en la ley estatal.
Otro de los elementos de la actual norma que suscita mayores dificultades de interpretación es el régimen transitorio, que amplía de 20 a 100 metros la anchura de la franja costera para los terrenos que en 1988 no tuviesen la consideración de urbanos. Sin embargo, el PPdeG llama la atención sobre el hecho de que la ley es implacable con las construcciones situadas en terrenos que a la entrada en vigor de la norma no tuviesen la consideración de urbanos o equiparables.
Por eso, Feijóo invocó al realismo político para reformar la normativa de forma que se tenga en cuenta la situación registral y de los servicios urbanísticos en la Galicia de 1988. Así, los populares insistieron en que, para determinar si un núcleo debe o no considerarse urbano, no se pueden tener en cuenta criterios actuales y, a cambio, ofrecen una serie de soluciones para superar esta carencia.
Entre otras, propone considerar urbano el suelo que estuviese clasificado como tal en los instrumentos de ordenación vigentes entonces; que, sin estar clasificado expresamente como urbano, contase con acceso rodado, abastecimiento de agua y suministro eléctrico y que estuviese comprendido en áreas consolidadas para la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie; que estuviese declarado como núcleo rural preexistente de carácter tradicional en la ordenación vigente; o que, sin estar declarado formalmente como tal, reúna todos los requisitos para estarlo.
Pido sumar y no restar fuerzas para conseguir entre todos solucionar este grave problema, proclamó para pedir a socialistas y nacionalistas que respalden ambas propuestas, tras enfatizar que este asunto afecta en mayor o menor medida a la práctica totalidad de los municipios costeros y sólo en la localidad pontevedresa de Moaña a 1.500 familias.
Así, en primer lugar, recordó que la próxima semana se debatirá en sesión plenaria una proposición no de ley presentada por el PPdeG, en la que instan a la Xunta y al Gobierno central a revisar los deslindes antiguos del litoral gallego y a paralizar los que ya están en marcha hasta que no se modifique la Ley de Costas.
En esta iniciativa, la oposición propone que el Gobierno estatal examine la totalidad de los deslindes de la antiguamente denominada zona de servidumbre marítimo terrestre aprobados en Galicia con anterioridad a abril de 1969. Al respecto, defiende hacer una revisión de oficio y declarar la nulidad de los deslindes que presenten errores invalidantes.
Además, los populares plantean la necesidad de desafectar la totalidad de los terrenos que fueron incluidos dentro del dominio público en un deslinde anterior a la Ley de Costas y que, desde entonces, hayan perdido sus características de zona marítimo terrestre o playa.
PROPOSICION DE LEY
Por otro lado, Feijóo también pidió el apoyo de PSdeG y BNG a una proposición de ley en la que los populares apuestan por reformar la Ley de Costas para superar las carencias de la normativa en vigor.
Entre otras, el PPdeG citó que no recoge los núcleos rurales tradicionales, un fenómeno netamente gallego y para el que piden un reconocimiento explícito en la ley estatal.
Otro de los elementos de la actual norma que suscita mayores dificultades de interpretación es el régimen transitorio, que amplía de 20 a 100 metros la anchura de la franja costera para los terrenos que en 1988 no tuviesen la consideración de urbanos. Sin embargo, el PPdeG llama la atención sobre el hecho de que la ley es implacable con las construcciones situadas en terrenos que a la entrada en vigor de la norma no tuviesen la consideración de urbanos o equiparables.
Por eso, Feijóo invocó al realismo político para reformar la normativa de forma que se tenga en cuenta la situación registral y de los servicios urbanísticos en la Galicia de 1988. Así, los populares insistieron en que, para determinar si un núcleo debe o no considerarse urbano, no se pueden tener en cuenta criterios actuales y, a cambio, ofrecen una serie de soluciones para superar esta carencia.
Entre otras, propone considerar urbano el suelo que estuviese clasificado como tal en los instrumentos de ordenación vigentes entonces; que, sin estar clasificado expresamente como urbano, contase con acceso rodado, abastecimiento de agua y suministro eléctrico y que estuviese comprendido en áreas consolidadas para la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie; que estuviese declarado como núcleo rural preexistente de carácter tradicional en la ordenación vigente; o que, sin estar declarado formalmente como tal, reúna todos los requisitos para estarlo.
Pido sumar y no restar fuerzas para conseguir entre todos solucionar este grave problema, proclamó para pedir a socialistas y nacionalistas que respalden ambas propuestas, tras enfatizar que este asunto afecta en mayor o menor medida a la práctica totalidad de los municipios costeros y sólo en la localidad pontevedresa de Moaña a 1.500 familias.
