El juicio contra Manuel Fernández Castiñeiras, su mujer y su hijo quedó visto para sentencia
El Ministerio Fiscal y la acusación particular, que ejerce la Iglesia, mantuvieron ayer en la última sesión de la vista oral en la que se juzgó el robo del Códice Calixtino las mismas peticiones de pena para el electricista, al que se acusa de sustraerlo, así como para su mujer y el hijo de ambos. El fiscal Antonio Roma reclama para Manuel Fernández Castiñeiras 15 años de cárcel, que la Iglesia mantiene en 31. Para la mujer del electricista, Remedios Nieto, y para el hijo de ambos, Jesús Fernández Nieto, el Ministerio Fiscal limita su petición de pena a un año y medio de prisión para cada uno por blanqueo de capitales y prevé una alternativa de seis meses por los delitos de receptación.
Antonio Roma señaló que da credibilidad a Remedios y a Jesús, incluso a que tenían miedo de Manolo, como se le conoce en su círculo íntimo, pero también dijo que ambos participaron en una compra inmobiliaria ejecutada sin que hubiese "ingreso aparente" que permitiese tal aventura. De Fernández Castiñeiras apuntó que es alguien "que disfruta contando dinero" y al que poco le importa que su esposa trabaje como modista durante horas o que su vástago tenga temor a pedirle dinero.
petición fiscal
Con tal exposición, el fiscal elevó a definitivas sus peticiones iniciales, puesto que consideró probado que Castiñeiras cometió dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos continuado; otro contra la intimidad, y uno más de blanqueo de capitales. Roma hizo especial hincapié en el robo del libro, "el delito más importante", para el cual el Ministerio Fiscal mantiene la pena "más grave que se le debe imputar", dado el valor "incalculable" de esta joya literaria para la sociedad.
El abogado del cabildo catedralicio, José Antonio Montero, interpretó que hubo un "abuso de confianza" por parte del electricista, que se hizo de manera ilegítima con varias llaves. Descartó en las conclusiones finales que el robo del Códice Calixtino se produjese por un "descuido" en el que se dejó la puerta abierta, puesto que tal acción se ideó con "ánimo de vengarse" del anterior deán de la Catedral de Santiago, José María Díaz.
Además, el letrado subrayó que la Catedral no debe ser enjuiciada por la falta de seguridad puesto que en esta causa es la gran "víctima", y en esa línea aseguró que Castiñeiras conocía que la Catedral no denunciaría las faltas de dinero debido a que entre sus valores predomina el "perdón", aunque diferenció entre el perdón moral y el jurídico. La acusación particular mantuvo también la petición de penas para la mujer y el hijo de Castiñeiras, ya que "no se puede entender que tuviesen ese desconocimiento". Así, manifestó Montero que ante las compras de inmuebles, en metálico, debían sospechar del origen del dinero, ya que el matrimonio mantenía vida de "casi jubilados".
También insistió en que dirimir esto será una "labor difícil para el tribunal", pero ha advertido de que "no podemos presumir a infantas, políticos y banqueros" algo distinto que a los demás.
Ambas acusaciones, la particular y la del Ministerio Público, restaron validez al posible síndrome obsesivo compulsivo de tipo acumulador que señalaba la prueba psicológica realizada al acusado del robo por un perito de parte.
argumentos de la defensa
Y la abogada que se ocupa de la defensa de la familia compuesta por Manuel, Remedios y Jesús, la letrada Carmen Ventoso, volvió a incidir en la nulidad de las actuaciones practicadas, cuestionando de nuevo la instrucción al asegurar que todas las actuaciones del proceso son "nulas" porque "derivan de la repercusión de la prueba de sonorización" de la casa familiar, que fue anulada, por lo que, en base a esta criterio, se anularía todo.
La letrada retomó todas las peticiones que hizo cuando se dilucidaron las cuestiones previas, reclamando la anulación de las diligencias practicadas en la instrucción. Sobre la vista oral reiteró que testigos de la Catedral, como el administrador Manuel Iglesias, o el jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico, Antonio Tenorio, incurrieron en "contradicciones" en sus respectivas declaraciones.
En cuanto al dinero incautado, la letrada sostuvo que provenía del trabajo de Fernández Castiñeiras, algo que considera que quedó "probado", ya que no existe "ningún otro informe pericial" que diga que no podían proceder estas mayúsculas sumas de dinero de los ingresos laborales de su cliente. Igualmente, Ventoso tildó de "surrealista" la acusación de blanqueo a la mujer e hijo, dado que "nunca la entendimos y no la vamos a entender ahora".
