Vecinos contrarios al realojo de varias familias de etnia gitana del poblado chabolista de O Vao destrozaron hoy el coche del alcalde pontevedrés de Poio, el nacionalista Luciano Sobral, quien ha tenido que abandonar el pleno municipal escoltado por la Guardia Civil.
Sobral dejo el ayuntamiento escoltado por las fuerzas de seguridad hora y media después de la conclusión de un pleno polémico por la presencia dentro y fuera del edificio de los vecinos del barrio pontevedrés de Monteporreiro y la parroquia de Caritel (Ponte Caldelas) que protestaban contra los realojos.
Los vecinos acudieron al pleno ordinario del municipio para exigir que, por escrito, se les garantizara que las familias del Vao no van a regresar al barrio de Monte Porreiro.
Por su parte, los vecinos de Caritel exigen que Vicepresidencia de la Xunta dialogue con ellos para trasladar a las dos familias que actualmente continúan residiendo en esta parroquia de Ponte Caldelas.
A la conclusión del pleno, los ánimos de los vecinos se fueron caldeando impidiendo, con su presencia, gritos y medidas de presión, la salida del alcalde del edificio y de los ediles del grupo de Gobierno local compuesto por BNG y PSOE.
Los incidentes fueron a mayores cuando varios desconocidos destrozaron el coche del regidor. El vehículo presentaba graves desperfectos, con las cuatro ruedas pinchadas y la carrocería deteriorada.
Sobre una puerta del automóvil se podía leer un insulto contra el regidor realizado con un objeto punzante.
Hora y media después de finalizado el pleno, el regidor decidió abandonar la casa consistorial escoltado por seis agentes de la Guardia Civil y varios miembros de la policía local.
En el trayecto hasta el coche patrulla de la Benemérita centenares de vecinos intentaron zarandearlo a la vez que proferian contra él diversos insultos y gritos.
La concentración de los vecinos se prolongó más allá de la media noche, a la espera de la salida del resto de los ediles del grupo de Gobierno local. Tras de sí dejaron diversos desperfectos en el entorno del edificio del Ayuntamiento, como jardineras rotas y parte del mobiliario urbano.
Los vecinos protestan porque este municipio pontevedrés negoció con la Xunta de Galicia (con la Consellería de Vivenda y con Vicepresidencia) la compra de tres viviendas en el barrio pontevedrés de Monte Porreiro y otra más en Caritel para realojar a cinco familias procedentes del poblado gitano de O Vao cuyas chabolas habían sido derribadas por orden judicial al carecer de licencia para su construcción.
