La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, volvió a imputar al alcalde de la capital lucense, el socialista José López Orozco, y a todos los concejales que formaban parte de la junta de gobierno del Ayuntamiento en 2009, a causa de la denuncia presentada por un policía local que fue expedientado.
Lo confirmó ayer el propio alcalde, quien expresó su total confianza en que se demostrará su 'inocencia' y la denuncia será archivada.
La denuncia fue presentada por un cabo de la Policía Local de Lugo que fue expedientado, por decisión de la junta de gobierno, a causa de una supuesta vulneración de secretos en el ejercicio de su función como agente de la autoridad, por hablar de problemas de seguridad en la sede del Cuerpo. A raíz de ese expediente, después de que la Fiscalía no hallase indicios de delito en la actuación del cabo, el gobierno local acordó una suspensión de empleo y sueldo para el citado agente por vía administrativa, que el propio afectado, miembro de un sindicato, recurrió judicialmente y ganó en primera instancia.
El gobierno local decidió no apelar esa decisión judicial, de forma que el expediente quedó anulado y el agente se reincorporó a su puesto. Sin embargo, cerrado ese proceso por la vía civil, el cabo presentó una denuncia por lo penal contra el alcalde y todos los miembros de la junta de gobierno que decidieron la apertura de ese expediente, motivo por el que la jueza De Lara, según informó el propio López Orozco, decidió imputarlos en un nuevo proceso.
La denuncia fue presentada por un cabo de la Policía Local de Lugo que fue expedientado, por decisión de la junta de gobierno, a causa de una supuesta vulneración de secretos en el ejercicio de su función como agente de la autoridad, por hablar de problemas de seguridad en la sede del Cuerpo. A raíz de ese expediente, después de que la Fiscalía no hallase indicios de delito en la actuación del cabo, el gobierno local acordó una suspensión de empleo y sueldo para el citado agente por vía administrativa, que el propio afectado, miembro de un sindicato, recurrió judicialmente y ganó en primera instancia.
El gobierno local decidió no apelar esa decisión judicial, de forma que el expediente quedó anulado y el agente se reincorporó a su puesto. Sin embargo, cerrado ese proceso por la vía civil, el cabo presentó una denuncia por lo penal contra el alcalde y todos los miembros de la junta de gobierno que decidieron la apertura de ese expediente, motivo por el que la jueza De Lara, según informó el propio López Orozco, decidió imputarlos en un nuevo proceso.
