La nueva Ley de Montes de Galicia se ha aprobado hoy con el apoyo de los votos del PPdeG y la negativa de la oposición, que calificó la norma de 'incendiaria' (PSOE) y privatizadora (BNG), mientras el grupo mayoritario destacó la aportación del sector forestal a su articulado.
Entre otros aspectos, el articulado de la ley impedirá la fragmentación de las parcelas con una extensión inferior a 15 hectáreas, y regula la posibilidad de modificar los usos del suelo o las distancias mínimas entre las plantaciones forestales y los núcleos de población.
Uno de los principales puntos de discusión en el debate de votación del dictamen sobre el proyecto de ley giró en torno a los incendios forestales, ya que tanto PSOE como BNG acusaron al grupo mayoritario de desactivar a través de la disposición última del articulado la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, aprobada en la legislatura anterior.
En este sentido, la diputada nacionalista Tareixa Paz señaló que, 'por la puerta de atrás' y con 'cobardía política', '(ustedes) se cargan la ley de prevención sin criterio técnico'.
Una ley de prevención que la Xunta 'vulnera cotidianamente', acusó Paz, que lamentó la 'objeción de conciencia activa a su cumplimiento' por parte de la Xunta.
La socialista Sonia Verdes calificó la nueva ley de 'incendiaria'.
'No ampararemos ninguna ley que ponga en riesgo a los vecinos', señaló Verdes, que acusó a los populares de dejar 'solos' a los habitantes del rural 'frente a los fuegos' en la misma semana en que 'privatizan la gestión de los incendios'.
Verdes apuntó que la nueva Ley de Montes deroga el 57% de la ley de incendios.
'Esta ley permite que al pie de mi casa, donde hay un grupo pequeño de viviendas que no está delimitado como núcleo rural, una empresa pueda plantar eucaliptos a menos de 50 metros', reclamó la socialista, que añadió que permitirá que 'en las Fragas do Eume, allí donde los vecinos estuvieron solos luchando contra las llamas, puedan plantar superficies de más de 50 hectáreas a menos de 50 metros de las viviendas'.
Por su parte, la diputada popular Emma Álvarez Chao calificó de histórica la primera ley de montes en treinta años, y resaltó que a lo largo de su tramitación se incorporaron al texto '23 artículos literales' y 'cien aportaciones de los grupos', así como alegaciones de 17 de las 20 organizaciones del Consello Forestal de Galicia, así como de otras organizaciones, que presentaron más de 300 propuestas.
Álvarez Chao destacó que el articulado regula las distancias de las plantaciones, una 'demanda de propietarios y empresas'; limita la posibilidad de segregar parcelas por debajo de 15 hectáreas, e 'intenta clarificar los distintos usos'.
También negó las acusaciones de la oposición sobre la posibilidad de convertir terreno agrícola en forestal, ya que ese proceso requerirá el abandono, las adscripción al banco de tierras durante dos años del suelo y la previa comunicación a la Consellería, que deberá emitir una autorización vinculante si se trata de terrenos rústicos de protección agropecuaria.
Frente a esta postura, Verdes recalcó que permitirá la injustificada 'forestación' de tierras agrarias. 'No es cierto que se blinden los prados de la forestación', ni siquiera en zonas de actuación agraria prioritaria, recalcaba, cuando Galicia 'es un país con hambre de tierra'.
Igualmente, Álvarez Chao destacó que la Ley de Montes solo permitirá repoblar con especies frondosas caducifolias, y que establece convenios con los ayuntamientos para la gestión de biomasa en terrenos de propietarios desconocidos, al tiempo que facilita un plan de devolución plurianual para facilitar el pago de la deuda a las administraciones por parte de propietarios que tienen contratos de gestión pública.
La nacionalista Tareixa Paz, que recalcó las 'cerca de doscientas enmiendas vivas' de su grupo que fueron incorporadas al texto, achacó a la nueva ley que fomenta el 'caos territorial' y la 'falta de ordenación' a través del 'fomento de los cambios de uso' de los suelos, cuando Galicia posee actualmente '1,4 millones de hectáreas' en situación de abandono o 'sin laboreo'.
Paz acusó al PP de no tener 'intención' de llegar a acuerdos, algo que ejemplificó en su negativa al establecimiento de una 'estrategia gallega de planificación forestal', con el 'único argumento de que había una estatal'.
También afeó a la Xunta que la nueva normativa 'tiene que tener coste cero para la administración', porque 'es el coste económico que este gobierno está dispuesto a hacer'.
Desde el punto de vista del BNG, la nueva ley establece limitaciones en cuanto a estructura de la propiedad, ya que consolida el modelo de las sociedades de fomento forestal, 'único instrumento que ustedes reconocen'.
Es un modelo que 'privatiza', añadió Paz, que acusó al PPdeG de 'poner a disposición del capital financiero nuestro monte'.
Para el PSOE, la ley impulsará un modelo 'productivista', 'forestalista y economicista'. 'Si ustedes quieren este modelo, serán los únicos responsables', continuó Verdes.
El PP, por su parte, lamentó el 'boicot' y 'poca altura de miras' de los grupos de la oposición frente a un texto que incorpora parte de sus demandas, ya que, en palabras de Álvarez Chao, 'niegan sus propias aportaciones, y las de sus brazos ejecutores'.
Uno de los principales puntos de discusión en el debate de votación del dictamen sobre el proyecto de ley giró en torno a los incendios forestales, ya que tanto PSOE como BNG acusaron al grupo mayoritario de desactivar a través de la disposición última del articulado la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, aprobada en la legislatura anterior.
En este sentido, la diputada nacionalista Tareixa Paz señaló que, 'por la puerta de atrás' y con 'cobardía política', '(ustedes) se cargan la ley de prevención sin criterio técnico'.
Una ley de prevención que la Xunta 'vulnera cotidianamente', acusó Paz, que lamentó la 'objeción de conciencia activa a su cumplimiento' por parte de la Xunta.
La socialista Sonia Verdes calificó la nueva ley de 'incendiaria'.
'No ampararemos ninguna ley que ponga en riesgo a los vecinos', señaló Verdes, que acusó a los populares de dejar 'solos' a los habitantes del rural 'frente a los fuegos' en la misma semana en que 'privatizan la gestión de los incendios'.
Verdes apuntó que la nueva Ley de Montes deroga el 57% de la ley de incendios.
'Esta ley permite que al pie de mi casa, donde hay un grupo pequeño de viviendas que no está delimitado como núcleo rural, una empresa pueda plantar eucaliptos a menos de 50 metros', reclamó la socialista, que añadió que permitirá que 'en las Fragas do Eume, allí donde los vecinos estuvieron solos luchando contra las llamas, puedan plantar superficies de más de 50 hectáreas a menos de 50 metros de las viviendas'.
Por su parte, la diputada popular Emma Álvarez Chao calificó de histórica la primera ley de montes en treinta años, y resaltó que a lo largo de su tramitación se incorporaron al texto '23 artículos literales' y 'cien aportaciones de los grupos', así como alegaciones de 17 de las 20 organizaciones del Consello Forestal de Galicia, así como de otras organizaciones, que presentaron más de 300 propuestas.
Álvarez Chao destacó que el articulado regula las distancias de las plantaciones, una 'demanda de propietarios y empresas'; limita la posibilidad de segregar parcelas por debajo de 15 hectáreas, e 'intenta clarificar los distintos usos'.
También negó las acusaciones de la oposición sobre la posibilidad de convertir terreno agrícola en forestal, ya que ese proceso requerirá el abandono, las adscripción al banco de tierras durante dos años del suelo y la previa comunicación a la Consellería, que deberá emitir una autorización vinculante si se trata de terrenos rústicos de protección agropecuaria.
Frente a esta postura, Verdes recalcó que permitirá la injustificada 'forestación' de tierras agrarias. 'No es cierto que se blinden los prados de la forestación', ni siquiera en zonas de actuación agraria prioritaria, recalcaba, cuando Galicia 'es un país con hambre de tierra'.
Igualmente, Álvarez Chao destacó que la Ley de Montes solo permitirá repoblar con especies frondosas caducifolias, y que establece convenios con los ayuntamientos para la gestión de biomasa en terrenos de propietarios desconocidos, al tiempo que facilita un plan de devolución plurianual para facilitar el pago de la deuda a las administraciones por parte de propietarios que tienen contratos de gestión pública.
La nacionalista Tareixa Paz, que recalcó las 'cerca de doscientas enmiendas vivas' de su grupo que fueron incorporadas al texto, achacó a la nueva ley que fomenta el 'caos territorial' y la 'falta de ordenación' a través del 'fomento de los cambios de uso' de los suelos, cuando Galicia posee actualmente '1,4 millones de hectáreas' en situación de abandono o 'sin laboreo'.
Paz acusó al PP de no tener 'intención' de llegar a acuerdos, algo que ejemplificó en su negativa al establecimiento de una 'estrategia gallega de planificación forestal', con el 'único argumento de que había una estatal'.
También afeó a la Xunta que la nueva normativa 'tiene que tener coste cero para la administración', porque 'es el coste económico que este gobierno está dispuesto a hacer'.
Desde el punto de vista del BNG, la nueva ley establece limitaciones en cuanto a estructura de la propiedad, ya que consolida el modelo de las sociedades de fomento forestal, 'único instrumento que ustedes reconocen'.
Es un modelo que 'privatiza', añadió Paz, que acusó al PPdeG de 'poner a disposición del capital financiero nuestro monte'.
Para el PSOE, la ley impulsará un modelo 'productivista', 'forestalista y economicista'. 'Si ustedes quieren este modelo, serán los únicos responsables', continuó Verdes.
El PP, por su parte, lamentó el 'boicot' y 'poca altura de miras' de los grupos de la oposición frente a un texto que incorpora parte de sus demandas, ya que, en palabras de Álvarez Chao, 'niegan sus propias aportaciones, y las de sus brazos ejecutores'.
