El Gobierno luso empezó a estudiar ayer dónde cortar el gasto social para que la troika libere otro tramo de su rescate, mientras seguía envuelto en la polémica por el dictamen del Tribunal Constitucional contra sus medidas de austeridad.
Portugal recibió en marzo el respaldo a la marcha de su programa de ajustes por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión y el Banco Central europeos, que forman el trío de organismos que concedieron y vigilan el cumplimiento del rescate financiero tramitado hace ahora dos años. Pero la decisión del Constitucional de anular varios de los recortes del presupuesto de 2013 obliga a volver a dar explicaciones a los organismos internacionales, que decidieron bloquear la concesión del próximo tramo de su ayuda, de 2.000 millones de euros.
El país recibió durante los dos primeros años de asistencia financiera -que expira en 2014- el 87% del rescate, pero todavía precisa fondos de la UE y el FMI para asegurar el regreso a los mercados de deuda a largo plazo de forma progresiva. La dificultad para el Gobierno conservador, reside ahora en decidir a qué áreas restará los 1.300 millones de euros que compensan las medidas anuladas por el Constitucional, una vez descartada la subida de impuestos.
MÁS MEDIDAS
El primer ministro, Pedro Passos Coelho, anticipó el domingo que sanidad, educación, Seguridad Social y empresas públicas sufrirán los ajustes y los ministerios afectados empezaron ayer a analizar cómo recortar presupuesto.
Pero en opinión de algunos expertos, como el economista Sandro Mendonça, profesor de la Escuela de Negocios Iscte de Lisboa, el problema para Portugal no es tanto el volumen de dinero implicado sino el escaso margen que hay para profundizar en la austeridad. 'En esos sectores ya se recortó bastante durante los dos últimos años y volver a disminuir el gasto puede entrar otra vez en colisión con el espíritu de la Constitución', señaló.
Los 1.300 millones de euros, confirmados ayer por miembros del Gobierno, que debe compensar Portugal, equivalen a un 0,8% del valor total de su economía y a una décima parte del déficit público con el que cerró 2012 (6,4 % del PIB).
En los medios abundan los comentarios que acusan al Gobierno de 'dramatizar' las consecuencias del fallo del Constitucional y sacar a relucir el riesgo de un segundo rescate financiero. Mucho más drástico fue Antonio José Seguro, líder del principal partido de la oposición, el Socialista (PS) que acusó al Gobierno de 'intentar engañar' al país con sus nuevos recortes e insistió en renegociar el rescate.
El Tribunal Constitucional 'no es el culpable' de los riesgos financieros con los que amenaza Coelho, subrayó Seguro, sino el Gobierno, que con sus recortes 'no ha respetado la Constitución por segunda vez consecutiva y violó el principio de igualdad'.
Sin embargo, la agencia de calificación de riesgo Fitch consideró ayer que la decisión del Constitucional sí supone 'un revés' para las metas fiscales de Portugal y 'genera gran preocupación'.
El país recibió durante los dos primeros años de asistencia financiera -que expira en 2014- el 87% del rescate, pero todavía precisa fondos de la UE y el FMI para asegurar el regreso a los mercados de deuda a largo plazo de forma progresiva. La dificultad para el Gobierno conservador, reside ahora en decidir a qué áreas restará los 1.300 millones de euros que compensan las medidas anuladas por el Constitucional, una vez descartada la subida de impuestos.
MÁS MEDIDAS
El primer ministro, Pedro Passos Coelho, anticipó el domingo que sanidad, educación, Seguridad Social y empresas públicas sufrirán los ajustes y los ministerios afectados empezaron ayer a analizar cómo recortar presupuesto.
Pero en opinión de algunos expertos, como el economista Sandro Mendonça, profesor de la Escuela de Negocios Iscte de Lisboa, el problema para Portugal no es tanto el volumen de dinero implicado sino el escaso margen que hay para profundizar en la austeridad. 'En esos sectores ya se recortó bastante durante los dos últimos años y volver a disminuir el gasto puede entrar otra vez en colisión con el espíritu de la Constitución', señaló.
Los 1.300 millones de euros, confirmados ayer por miembros del Gobierno, que debe compensar Portugal, equivalen a un 0,8% del valor total de su economía y a una décima parte del déficit público con el que cerró 2012 (6,4 % del PIB).
En los medios abundan los comentarios que acusan al Gobierno de 'dramatizar' las consecuencias del fallo del Constitucional y sacar a relucir el riesgo de un segundo rescate financiero. Mucho más drástico fue Antonio José Seguro, líder del principal partido de la oposición, el Socialista (PS) que acusó al Gobierno de 'intentar engañar' al país con sus nuevos recortes e insistió en renegociar el rescate.
El Tribunal Constitucional 'no es el culpable' de los riesgos financieros con los que amenaza Coelho, subrayó Seguro, sino el Gobierno, que con sus recortes 'no ha respetado la Constitución por segunda vez consecutiva y violó el principio de igualdad'.
Sin embargo, la agencia de calificación de riesgo Fitch consideró ayer que la decisión del Constitucional sí supone 'un revés' para las metas fiscales de Portugal y 'genera gran preocupación'.
