Aceptó la oferta sin pensárselo porque, según explicó, el sueldo ofrecido superaba los 2.000 euros al mes.
Miguel Navarro Barcia, acusado por la fiscal y el Banco Pastor de blanqueo de capitales, se considera una víctima más de las personas sin identificar que lo contrataron para que abriera una cuenta bancaria en la que le ingresarían dinero para posteriormente retirarlo y enviarlo a Ucrania a cambio de comisiones. Y así lo hizo, con dos partidas de cerca de 6.000 euros cada una que habían sido retiradas previamente de las cuentas de dos ourensanos -Banco Pastor y Barclays- sin su consentimiento (una estafa conocida como phishing).
Navarro Barcia explicó ayer en el juicio celebrado en la Audiencia de Ourense, en donde se enfrenta a una petición de pena de hasta seis años y medio, que estaba en el paro y halló la oferta de trabajo en un portal de internet en enero de 2010. Aceptó la oferta sin pensárselo porque, según explicó, el sueldo ofrecido superaba los 2.000 euros al mes. A preguntas de la fiscal, cuestionando cómo era posible que le pagasen esa cantidad por dejar que le ingresaran dinero en su cuenta, explicó que es un hombre "confiado" que creyó que era una prueba "para comprobar si yo era honrado a la hora de manejar dinero" para posteriormente realizar labores de comercial. "Pensé que el dinero era suyo y que querían poner una filial en España", añadió.
Asimismo, destacó el hecho de que denunció los hechos cuando supo que los bancos de donde partió el dinero estafado estaban mandando bloquear los ingresos en su cuenta.
La fiscal, sin embargo, cree que Navarro Barcia actuó a sabiendas de la ilicitud del origen del dinero. Según su versión, en este caso, como otros que llegaron a la Audiencia y acabaron en condena, cabe hablar de "ignorancia deliberada". "Prestó su colaboración para perpetrar un delito y miró hacia otro lado sin las mínimas medidas de precaución", añadió.
La acusación particular también entresacó el hecho de que el inculpado no cuestionó el origen de los fondos, el salario elevado, la ausencia de contrato, etcétera. A juicio del letrado, "se hace justificar que no conociera la ilicitud".
La defensa adujo, en su exposición final, que no cabía hablar de "ignorancia deliberada porque no había pistas de que el negocio propuesto fuese fraudulento". Y valoró que sería "excesivo una condena por un imprudencia simple cuando Miguel Navarro no se ha lucrado".
