El centro especial de empleo de Amencer Reciclado, que se encarga de la recogida selectiva de papel y vidrio en la ciudad a través de un convenio con el Concello, ha anunciado un expediente de regulación de empleo que afectaría a 20 de sus 37 empleados, según dio a conocer ayer el sindicato CIG, que señaló también que los empleados llevan sin cobrar las últimas cuatro nóminas. Esta firma, integrada en la Fundación Amencer-Aspanas, emplea a trabajadores con discapacidad física y psíquica.
En este sentido, la organización ha convocado una concentración mañana miércoles, a partir de las 11,00 horas, en la plaza Mayor de la ciudad, en la que participarán delegados sindicales junto a trabajadores y sus familias.
Por su parte, el administrador de la empresa, Juan Luis Díaz Pulido, señalaba que la situación que atraviesa Amencer Reciclado se debe a la existencia de una serie de facturas por servicios realizados entre los años 2009 y 2012 que no fueron reconocidas por el Concello. En concreto, la empresa presentó la reclamación de pagos y durante el año pasado logró el cobro de 150.000 euros que estaban pendientes y tiene reconocido el pago de otros 35.000, aún sin abonar, pero la institución municipal sigue sin reconocer el pago de otros 148.000 euros. Según explicaba Díaz Pulido, el problema radica en que los convenios se prorrogaron de forma tácita y ahora los servicios de intervención ponen problemas para la aprobación de las facturas.
El administrador reconocía que los retrasos en los pagos, unida ala reducción de subvenciones por contratos a personas con discapacidad, motivaron que la empresa tuviese que recurrir a un ERE de reducción de jornada y suspensión de contratos, que se aplica hasta el 31 de enero. La empresa reclama los pagos pendientes pero señala que, ante las circunstancias actuales, será necesaria la adopción de un ERE porque 'la plantilla es imposible de sostener'.
Por su parte, desde el Concello reconocían que existían una serie de facturas sin pagar que ya han sido abonadas antes de que finalizase el año pasado, y que está reconocido otro abono, de 35. 000 euros, pendiente porque tiene que tramitarse en pleno. No obstante, según explicaba la concejala de Limpieza, Susana Bayo, la firma reclama el pago de otras facturas que los servicios jurídicos no reconocen, si bien ayer aseguraba que desconocía los detalles al respecto, porque se corresponden con recibos anteriores a su llegada a la concejalía. En todo caso, señalaba su 'máximo respeto' a la reclamación de la empresa, porque 'hacen lo que consideran que deben hacer'. Añadía, igualmente, que se estaba negociando la renovación de convenio y que 'no hay problema para su continuación'.
Desde la CIG, señalaban que 'non entendemos o que está ocurrindo, menos nunha empresa como esta', que ya está aplicando un expediente de suspensión temporal de contratos. En concreto, explicaban que la firma ya había recibido el pago de cantidades pendientes por parte del Concello, pero que la empresa seguía reclamando pagos pendientes, pero que la institución municipal no reconocía tales facturas. 'Non sabemos quen ten a razón, pero sexa quen sexa a situación é moi grave e urximos a súa solución', señalaba Natividad Álvarez, portavoz del sindicato en este conflicto.
Por su parte, el administrador de la empresa, Juan Luis Díaz Pulido, señalaba que la situación que atraviesa Amencer Reciclado se debe a la existencia de una serie de facturas por servicios realizados entre los años 2009 y 2012 que no fueron reconocidas por el Concello. En concreto, la empresa presentó la reclamación de pagos y durante el año pasado logró el cobro de 150.000 euros que estaban pendientes y tiene reconocido el pago de otros 35.000, aún sin abonar, pero la institución municipal sigue sin reconocer el pago de otros 148.000 euros. Según explicaba Díaz Pulido, el problema radica en que los convenios se prorrogaron de forma tácita y ahora los servicios de intervención ponen problemas para la aprobación de las facturas.
El administrador reconocía que los retrasos en los pagos, unida ala reducción de subvenciones por contratos a personas con discapacidad, motivaron que la empresa tuviese que recurrir a un ERE de reducción de jornada y suspensión de contratos, que se aplica hasta el 31 de enero. La empresa reclama los pagos pendientes pero señala que, ante las circunstancias actuales, será necesaria la adopción de un ERE porque 'la plantilla es imposible de sostener'.
Por su parte, desde el Concello reconocían que existían una serie de facturas sin pagar que ya han sido abonadas antes de que finalizase el año pasado, y que está reconocido otro abono, de 35. 000 euros, pendiente porque tiene que tramitarse en pleno. No obstante, según explicaba la concejala de Limpieza, Susana Bayo, la firma reclama el pago de otras facturas que los servicios jurídicos no reconocen, si bien ayer aseguraba que desconocía los detalles al respecto, porque se corresponden con recibos anteriores a su llegada a la concejalía. En todo caso, señalaba su 'máximo respeto' a la reclamación de la empresa, porque 'hacen lo que consideran que deben hacer'. Añadía, igualmente, que se estaba negociando la renovación de convenio y que 'no hay problema para su continuación'.
Desde la CIG, señalaban que 'non entendemos o que está ocurrindo, menos nunha empresa como esta', que ya está aplicando un expediente de suspensión temporal de contratos. En concreto, explicaban que la firma ya había recibido el pago de cantidades pendientes por parte del Concello, pero que la empresa seguía reclamando pagos pendientes, pero que la institución municipal no reconocía tales facturas. 'Non sabemos quen ten a razón, pero sexa quen sexa a situación é moi grave e urximos a súa solución', señalaba Natividad Álvarez, portavoz del sindicato en este conflicto.
