Hay normativas que no se cumplen nunca. Y no sólo por el poco sentido cívico de algunos ciudadanos sino también por la desidia de las autoridades competentes. Este es el caso de la ordenanza municipal que regula la publicidad exterior, que prohíbe expresamente la fijación de cartelería o anuncios sobre fachadas y mobiliario público. A pesar de que esta norma fue aprobada en mayo de 1997, los anuncios de fiestas, conciertos, cursillos y todo tipo de actividades inundan las paredes de la ciudad, ofreciendo en muchos casos una imagen de suciedad y abandono.
Lo peor en este caso es que, además de mirar hacia otro lado en el cumplimiento de la normativa, las propias administraciones consienten que los eventos que organizan se publiciten a través de cartelería ilegal. Una irregularidad en la que caen no sólo las actividades organizadas por el Concello sino también las promovidas por la Xunta y la Diputación, además de todo tipo de entidades públicas y privadas. Por ello, no es extraño ver fachadas repletas de carteles de conciertos -sucedió con los del Corpus y también con el último apoyado desde la entidad municipal, el de Taxi-, y farolas elegidas como soporte publicitario.
MULTAS
La ordenanza municipal prevé multas entre 750 y 3.000 euros por incumplimientos, en función de la gravedad de la infracción, aunque los infractores se sienten respaldados por la habitual 'vista gorda' de los responsables municipales. Todo ello a pesar de que desde el Concello se anunció recientemente una campaña de sensibilización, tanto entre los ciudadanos como en las propias dependencias municipales, algo que, por el momento no se ha producido. Precisamente la entidad municipal está llevando a cabo una ordenación de las vallas publicitarias, instando a sus propietarios a legalizarlas o retirarlas en caso de que no sea posible su legalización y también estudia una nueva ordenanza publicitaria. Sin embargo, todo indica que, con respecto a la cartelería ilegal, la situación no varía. Es decir, continúa campando a sus anchas.
MULTAS
La ordenanza municipal prevé multas entre 750 y 3.000 euros por incumplimientos, en función de la gravedad de la infracción, aunque los infractores se sienten respaldados por la habitual 'vista gorda' de los responsables municipales. Todo ello a pesar de que desde el Concello se anunció recientemente una campaña de sensibilización, tanto entre los ciudadanos como en las propias dependencias municipales, algo que, por el momento no se ha producido. Precisamente la entidad municipal está llevando a cabo una ordenación de las vallas publicitarias, instando a sus propietarios a legalizarlas o retirarlas en caso de que no sea posible su legalización y también estudia una nueva ordenanza publicitaria. Sin embargo, todo indica que, con respecto a la cartelería ilegal, la situación no varía. Es decir, continúa campando a sus anchas.
