El colapso se intuye nada más sobrepasar el umbral de la puerta de la oficina del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense en la tercera planta del Pazo de Xustiza. Miles de expedientes se apilan en las estanterías de esa dependencia a la espera de juicio o planes de ejecución para aquellos rubricados con sentencia firme.
La titular del juzgado, Susana Pazos, quien lleva un año en la plaza, reconoce que el ritmo de trabajo es frenético. Tanto ella como su compañera del Penal 1, Caterina González, dan salida a una media de 20 señalamientos a la semana, sin incluir los llamados juicios rápidos. Esas vistas, a mayores, van acompañadas de indecibles horas destinadas a dilucidar la culpabilidad o absolución de los encausados . Evitar el descontrol no es sólo proeza de las juezas porque, tal como remarca Pazos, no se puede obviar 'el sobreesfuerzo humano que está realizando el personal de la oficina judicial'. Los secretarios, por ejemplo, dictaron en los 11 primeros meses del año, 1.645 decretos (resoluciones definitivas).
Actualmente, los dos órganos acumulan 1.135 asuntos pendientes, a los que hay sumar 1.570 ejecutorias (cumplimiento de sentencias por parte de los condenados). La situación de los señalamientos, según valoran las togadas, 'es crítica'. El Juzgado de lo Penal número 1 ha pasado de señalar de un máximo de seis meses vista a diez desde el registro del asunto y, si se mantiene el mismo ritmo de entrada -601 procedimientos abreviados hasta el día 4 de este mes-, es probable que los plenarios se celebren a un año vista o más desde que concluye la instrucción.
Pero más preocupante es aún la situación del Penal 2 pues todavía tiene pendientes de fijar en el calendario todos los asuntos ingresados en 2013, a excepción de las causas urgentes (con presos o violencia doméstica). Según confirma la titular de este juzgado, acaban de finalizar los señalamientos de pleitos que llevan pendientes desde 2012 (el último en julio de 2014). A partir de septiembre del próximo año, comenzarán a hacer lo propio con los asuntos ingresados en 2013.
La carga de trabajo es tal que no va pareja a la resolución de los pleitos: entran más de lo que salen pese a que el año en curso cerrará con más de medio millar de sentencias por juzgado (la media gallega fue de 374 en 2012).
Ni un juzgado ni el otro consiguen que un procesado salga con la sentencia bajo el brazo antes de tres años desde que se perpetró el delito. Eso sí, siempre que la causa no revista mayor complejidad.
La única solución posible es la creación de un tercer juzgado o un magistrado de refuerzo con funcionarios para ambas oficinas con el fin de intentar atajar el colapso.
Las dos juezas así se lo hacen constar al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CJPG) en una carta con fecha del cuatro de diciembre. En la misiva, a la que tuvo acceso este diario, las magistradas hablan del 'descontrol al que se irremediablemente se dirige la jurisdicción penal' con la actual carga de trabajo, que sobrepasa los módulos fijados por el CGPJ.
'CUELLO DE BOTELLA'
El propio decano de los jueces de Ourense, Antonio Piña, asegura que las medidas adoptadas hasta la fecha, reforzando la plantilla de ambos juzgados con un funcionario, no han sido suficientes, 'pues el gran cuello de botella se produce en aquellas decisiones que requieren intervención judicial'.
Partidos judiciales como Pontevedra, con un numero de asuntos inferior al de Ourense, -destaca Piña- dispone de cuatro juzgados. 'Esta desigualdad -valora- repercute en los ciudadanos y, por ende, en la calidad de la justicia'. En el periodo intermedio hasta la creación de este juzgado -no antes de 2015- ,'la solución adecuada sería reforzar los juzgados con un juez de adscripción territorial', según su opinión, que ayudase a las actuales titulares en el señalamiento de asuntos, permitiendo con ello reducir los periodos de espera así como la propia pendencia de estos juzgados. El Ministerio de Justicia tendrá la última palabra.
Actualmente, los dos órganos acumulan 1.135 asuntos pendientes, a los que hay sumar 1.570 ejecutorias (cumplimiento de sentencias por parte de los condenados). La situación de los señalamientos, según valoran las togadas, 'es crítica'. El Juzgado de lo Penal número 1 ha pasado de señalar de un máximo de seis meses vista a diez desde el registro del asunto y, si se mantiene el mismo ritmo de entrada -601 procedimientos abreviados hasta el día 4 de este mes-, es probable que los plenarios se celebren a un año vista o más desde que concluye la instrucción.
Pero más preocupante es aún la situación del Penal 2 pues todavía tiene pendientes de fijar en el calendario todos los asuntos ingresados en 2013, a excepción de las causas urgentes (con presos o violencia doméstica). Según confirma la titular de este juzgado, acaban de finalizar los señalamientos de pleitos que llevan pendientes desde 2012 (el último en julio de 2014). A partir de septiembre del próximo año, comenzarán a hacer lo propio con los asuntos ingresados en 2013.
La carga de trabajo es tal que no va pareja a la resolución de los pleitos: entran más de lo que salen pese a que el año en curso cerrará con más de medio millar de sentencias por juzgado (la media gallega fue de 374 en 2012).
Ni un juzgado ni el otro consiguen que un procesado salga con la sentencia bajo el brazo antes de tres años desde que se perpetró el delito. Eso sí, siempre que la causa no revista mayor complejidad.
La única solución posible es la creación de un tercer juzgado o un magistrado de refuerzo con funcionarios para ambas oficinas con el fin de intentar atajar el colapso.
Las dos juezas así se lo hacen constar al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CJPG) en una carta con fecha del cuatro de diciembre. En la misiva, a la que tuvo acceso este diario, las magistradas hablan del 'descontrol al que se irremediablemente se dirige la jurisdicción penal' con la actual carga de trabajo, que sobrepasa los módulos fijados por el CGPJ.
'CUELLO DE BOTELLA'
El propio decano de los jueces de Ourense, Antonio Piña, asegura que las medidas adoptadas hasta la fecha, reforzando la plantilla de ambos juzgados con un funcionario, no han sido suficientes, 'pues el gran cuello de botella se produce en aquellas decisiones que requieren intervención judicial'.
Partidos judiciales como Pontevedra, con un numero de asuntos inferior al de Ourense, -destaca Piña- dispone de cuatro juzgados. 'Esta desigualdad -valora- repercute en los ciudadanos y, por ende, en la calidad de la justicia'. En el periodo intermedio hasta la creación de este juzgado -no antes de 2015- ,'la solución adecuada sería reforzar los juzgados con un juez de adscripción territorial', según su opinión, que ayudase a las actuales titulares en el señalamiento de asuntos, permitiendo con ello reducir los periodos de espera así como la propia pendencia de estos juzgados. El Ministerio de Justicia tendrá la última palabra.
